Un aspecto central que se encuentra en la base de cualquier estrategia o modelo de Seguridad Nacional es la definición de qué se entiende por seguridad y que se entiende por defensa. El alcance y orientación que se otorgue a estos dos términos determinan aspectos tan relevantes como, por ejemplo, el grado de implicación internacional que un país confiere a sus relaciones con otros en el ámbito de la Seguridad y la Defensa. Igualmente, es relevante para perfilar tanto el compromiso interno como el externo en términos, no sólo estratégicos y políticos, sino económicos, dando así una idea clara del nivel de ambición del país en esta materia. Si bien es cierto que desde hace varias décadas el término de seguridad ha ampliado su campo de referencia, yendo desde los aspectos internos a los internacionales, no es menos cierto que dentro de lo que se considera seguridad hoy en día las posibilidades de definición son igualmente amplias. Más aún, las fronteras que pudieran existir entre el ámbito de lo interno y lo externo a un país son cada vez más difusas, por lo que pierde sentido distinguir entre Seguridad Nacional –entendida como el concepto clásico de inexistencia de amenaza a la integridad y soberanía de un país−, y la seguridad internacional, entendida a su vez como la ausencia de riesgos y amenazas que puedan poner en peligro la paz entre Estados, o la estabilidad del sistema de relaciones internacionales. Ambas se encuentran entrelazadas.
Desde esta perspectiva, son muchos los autores que han desarrollado un concepto de seguridad que engloba tanto los aspectos militares como aquellos otros vinculados a la diplomacia, los recursos económicos, la cooperación internacional, la gestión de catástrofes, o las consecuencias de la globalización. De este modo, la seguridad de un país no es independiente de la de otros países o regiones. Este es uno de los mayores efectos de la globalización, que ha llevado a unas relaciones de interdependencia y necesidad mutuas entre actores y países. Incluso, yendo más lejos aún, parte de la seguridad de los países depende de las grandes empresas multinacionales y de los grandes agentes que operan en mercados financieros globales, en el sentido que éstas y sus actuaciones son capaces de alterar políticas de Estado, afectar equilibrios territoriales y a intervenir en aspectos hasta ahora no contemplados, como decidir sobre precios de bienes de primera necesidad que pueden desequilibrar a países y regiones enteras. Es decir, entran en escena agentes que tradicionalmente no se habían encontrado vinculados a las cuestiones de seguridad. Por otra parte, en los últimos años hemos asistido a un cambio del concepto de defensa entendido desde una concepción territorial de la misma, cuyo objetivo último es la integridad territorial frente a una agresión, sustituido por el de seguridad, una construcción teórica más amplia, supuestamente más dinámica y, evidentemente, mucho menos relacionada con el ejercicio del poder militar. Todo ello ha supuesto una gran innovación conceptual de los modelos defensivos, que han pasado a definirse actualmente como de Seguridad Nacional. En este sentido, la diversidad de riesgos surgidos, particularmente desde la caída del muro de Berlín, hace que la seguridad se deba contemplar actualmente desde una perspectiva multifocal, esto es, asumiendo que los focos de riesgo y posibles amenazas a los que ha de dar respuesta son múltiples y variados; es, en definitiva, una realidad poliédrica. Desde los conflictos entre Estados, hasta el terrorismo internacional en sus diversas posibilidades, los ataques informáticos, los factores energéticos, económicos, medioambientales, migratorios, políticos, religiosos, sociales, etc. Elaborar un modelo de Seguridad Nacional que englobe o considere todos los aspectos mencionados resulta extremadamente complejo. Si bien es cierto que, desde una perspectiva pragmática, se podría definir ésta como aquella situación en la cual es posible salvaguardar la soberanía e integridad del territorio nacional y sus habitantes permitiendo el desarrollo de su libertad, de su actividad personal, económica y social que, a su vez, limita sustancialmente o evita, los efectos de riesgos internos y externos. Además, supone participar en la generación y el sostenimiento de un sistema internacional cooperativo de esfuerzos encaminados al mantenimiento y la construcción de la paz, el desarrollo humano de las sociedades, la democracia y la libertad. Dichos esfuerzos deben desplegarse en los diversos ámbitos posibles y recurriendo a los instrumentos y capacidades de los que disponen la Sociedad y el Estado. Desde una perspectiva de Estado, como la que aquí se plantea, las dimensiones de la seguridad a las que hacer frente son amplias, lo cual induce a realizar una organización que clarifique tanto los niveles de análisis, como quiénes son los actores principales que juegan un papel importante en el terreno de la seguridad y cuál puede ser el alcance de las relaciones que se establecen entre esos actores. En el ámbito de las relaciones internacionales, la posición de poder que ocupe un Estado, tanto en términos bilaterales, como en el conjunto de las naciones, afectará significativamente al logro de sus objetivos, ya que su poder de negociación y su capacidad coactiva varía sustancialmente. Adicionalmente, la negociación es cada vez más necesaria debido a que las decisiones sobre seguridad adoptadas por un país son relevantes para los otros. Esta afirmación es tanto más cierta cuanto mayor es el poder – económico, militar y político− del país adoptante de la decisión. Este hecho subraya la necesidad de participar de manera activa e intensa en los foros y actividades internacionales de Seguridad y Defensa
Igualmente, en el terreno interno, la multiplicidad de actores que intervienen en la generación de seguridad impone la necesidad de una elevada coordinación de todos ellos a fin de que el conjunto del sistema sea eficiente, eficaz y garantice respuestas ágiles a las amenazas posibles. Desde esta visión amplia, lo que se muestra es un solapamiento entre los conceptos de seguridad y defensa, ya que el concepto de seguridad engloba al de defensa. Por otra parte, la defensa estrictamente militar es un instrumento más de los que dispone el Estado, si bien, de utilización cada vez más amplia a través de la “internacionalización” de la misma, de manera que la participación en misiones internacionales bajo el paraguas de organizaciones internacionales –Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Unión Europea, etc.−, hace de la defensa militar un instrumento del Estado a disposición de su política exterior. En definitiva, un aspecto clave es la evolución desde la Defensa Nacional hacia la Seguridad Nacional que debe, por tanto, entenderse como aquella situación en la cual una nación se considera suficientemente protegida frente a cualquier riesgo o amenaza y con un nivel de riesgos tolerable. De esta manera, la Seguridad y la Defensa, basadas en unos principios amparados en una amplia base legal, deben considerarse como política de Estado. Esto es, una política que ha de garantizar la continuidad de sus líneas de actuación y, que ha de estar respaldada por el mayor consenso político posible. La formulación de estos principios debe ser recogida en una ley que regule el marco de la acción exterior del Estado. Se trata de lograr una ordenación legal básica en el ámbito de la acción exterior, de manera semejante a la que se ha venido realizando de forma progresiva desde nuestra transición en otras políticas de Estado. Su elaboración se considera un aspecto irrenunciable para forjar una verdadera política exterior de Estado, que otorgue a la “acción única del Estado” un papel central en su comportamiento exterior
La Estrategia de Seguridad Nacional adopta una visión integral de la seguridad, entendida esta como servicio público objeto de una acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a sus socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos acordados. Son componentes fundamentales de la Seguridad Nacional la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Acción Exterior, apoyados por los Servicios de Inteligencia e Información del Estado. Sin embargo, en muchos de los ámbitos de especial interés recogidos en la Estrategia, como son la ciberseguridad o la seguridad energética, no solo se requiere la actuación de los componentes fundamentales, sino del conjunto de las administraciones y de la sociedad en general. De forma destacada, la Estrategia de 2013 y la Ley de Seguridad Nacional 36/2015, de 28 de septiembre, diseñaban una estructura institucional en torno a un nuevo Sistema de Seguridad Nacional, con el Presidente del Gobierno en su centro, asistido por un Consejo de Seguridad Nacional. Este Sistema responde a la necesidad de hacer frente de forma coordinada, rápida e integral, a las distintas amenazas y desafíos a la seguridad. Bajo sus directrices, estos años se han aprobado documentos estratégicos de segundo nivel en áreas clave como la ciberseguridad, la seguridad marítima y la seguridad energética. A partir de una concepción amplia de la seguridad y de un diagnóstico del escenario internacional, la Estrategia de 2013 contribuyó a la articulación práctica de la Seguridad Nacional como política de Estado.
Una política, por tanto, con continuidad en el tiempo, y capaz de superar las agendas particulares de cada Gobierno e implicar al conjunto del sector público. En este sentido, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, es fruto de un esfuerzo positivo de integración de voluntades y compromisos. Como resultado de este trabajo colectivo, España es hoy uno de los países europeos más avanzados en la materia. Y, con estas bases, el fomento de una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la implicación activa de la sociedad española en su preservación y garantía debe formar parte de esta política de Estado. Toda estrategia precisa ser revisada y adaptada cada cierto tiempo, especialmente a la vista de nuevos acontecimientos o desarrollos que lo justifiquen. La citada Ley prevé la revisión de la Estrategia cada cinco años o “cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico”. La Estrategia de 2013 subrayaba que el dinamismo del entorno y la propia realidad nacional exigirían un esfuerzo de adaptación constante y una revisión periódica. Efectivamente, las circunstancias han cambiado desde 2013, tanto a nivel del orden internacional como en Europa y España, en ocasiones de forma notable, contribuyendo a un aumento de la incertidumbre. Algunas de las amenazas identificadas entonces, como el terrorismo o las ciberamenazas, se han hecho aún más prominentes. Así lo ponen de manifiesto los atentados terroristas en Europa, que también afectaron a España en agosto de 2017, por primera vez desde 2004. Por otra parte, las ciberamenazas han incrementado en número e impacto, como fue el caso del ciberataque de mayo de 2017 WannaCry, de escala global y afección directa a empresas, servicios e intereses nacionales. Este incremento se ha de relacionar con la prevalencia de las conocidas como acciones híbridas. Se trata de acciones combinadas que pueden incluir, junto al uso de métodos militares tradicionales, ciberataques, operaciones de manipulación de la información, o elementos de presión económica, que se han manifestado especialmente en procesos electorales. La finalidad última que se persigue es la desestabilización, el fomento de movimientos subversivos y la polarización de la opinión pública.
En este contexto, tendencias como la revolución tecnológica, que forman parte de un proceso más amplio de transformación y globalización, se han acelerado. Han adquirido un carácter central para la seguridad, especialmente en un mundo más interconectado, más interdependiente pero a su vez más fragmentado. La situación en España también ha cambiado significativamente desde la aprobación de la Estrategia de 2013, entonces en un contexto de aguda crisis económica con un elevado coste social. Una crisis que también ha tenido un impacto significativo en capacidades y recursos, y en buena medida con consecuencias en los movimientos independentistas. A ella se ha recurrido como argumento para apoyar acciones irresponsables. Hoy España emerge de la crisis con crecimiento económico, y con voluntad renovada de contribuir al liderazgo en Europa y a la paz y seguridad internacionales, particularmente en el nuevo panorama que se está gestando en el mundo. En consecuencia, con el fin de poder desempeñar de la forma más eficaz posible este servicio público, se hace preciso dotar a España de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Una Estrategia que analiza el nuevo entorno de seguridad y los desafíos y amenazas que presenta, profundizando en algunos de los conceptos y líneas de acción ya definidas en 2013. Un documento, también, que actualiza los fines a alcanzar y reordena en consecuencia la acción y los recursos del Estado. Y un documento que es fruto de una valoración colectiva y en cuya elaboración se ha buscado una mayor participación de la sociedad. Así, se ha contado con aportaciones tanto de representantes de la Administración como de expertos de la de la sociedad civil, todo ello coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. De esta manera, España estará mejor preparada como país abierto y responsable frente a las grandes tendencias y cambios de la era actual que están transformando el escenario de seguridad.
Fuentes y Bibliografía:
https://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional-2017
file:///C:/Users/David/Downloads/Dialnet-HaciaUnaEstrategiaDeSeguridadNacionalParaEspana-562835%20(3).pdf
http://www.infodefensa.com/es/2013/05/31/libro-la-estrategia-de-seguridad-nacional.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2016/MABM_ESN.pdf
David Odalric de Caixal i Mata: Historiador Militar, experto en Geoestrategia Internacional y Terrorismo Yihadista. Director del Área de Seguridad y Defensa de INISEG (Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Nacional). Director del Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista (OCATRY). Asesor en Seguridad y Defensa en HERTA SECURITY. Director de OSI INTELLIGENCE (Occidental Studies Institute-USA) Membership research projects in support of Veterans of the Armed Forces of the United Kindom. Membership in support of the AUSA (Association of the United States Army) Miembro asesor de la Sección de Derecho Militar y Seguridad del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid). Membership in support of the Friends of the Israel Defense Forces. Miembro del Consejo Asesor del LIKUD-SERBIA (Israel)