Los gobiernos radicales de Alejandro Lerroux y Ricardo Samper (diciembre de 1933-octubre de 1934)
El resultado de las elecciones de noviembre de 1933, en las que votaron por primera vez las mujeres (6. 800. 000 censadas), fue la derrota de los republicanos de izquierda y de los socialistas y el triunfo de la derecha y del centroderecha, debido fundamentalmente a que los partidos de esa tendencia se presentaron unidos formando coaliciones, mientras que la izquierda se presentó dividida. La coalición de la derecha no republicana obtuvo en torno a los 200 diputados (de los cuales 115 eran de la CEDA), mientras que el centro-derecha y el centro obtuvieron unos 170 diputados (102 el Partido Republicano Radical), y la izquierda vio reducida su representación a apenas un centenar de parlamentarios (59 el PSOE). Se había producido un vuelco espectacular respecto de las Cortes Constituyentes. El reparto de votos fue el siguiente: de los 8.535.200 votos emitidos, 3.365.700 fueron para partidos de derechas, 2.051.500 para partidos de centro y 3.118.000 para los partidos de izquierda. El líder del Partido Radical Alejandro Lerroux recibió el encargo del presidente de la república Alcalá-Zamora de formar un gobierno “puramente republicano”, pero para conseguir la confianza de las Cortes necesitaba el apoyo parlamentario de la CEDA, que quedó fuera del gabinete (siguió sin hacer una declaración pública de adhesión a la República), y de otros partidos de centro-derecha (los agrarios y los liberal-demócratas que entraron en el gobierno con un ministro cada uno). «Respaldado por su triunfo electoral José María Gil Robles se dispuso a llevar a la práctica la táctica [de tres fases] enunciada dos años antes: prestar su apoyo a un gobierno presidido por Lerroux y dar luego un paso adelante exigiendo la entrada en el gobierno para recibir más tarde el encargo de presidirlo”. El apoyo de la CEDA al gobierno de Lerroux fue considerado por los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y por los carlistas como una “traición” por lo que iniciaron los contactos con la Italia fascista de Mussolini para que les proporcionara dinero, armas y apoyo logístico para derribar a la república y restaurar la monarquía. Por su parte, los republicanos de izquierda y los socialistas consideraron una «traición a la República» el pacto radical-cedista e intentaron que el presidente de la república convocara nuevas elecciones antes de que llegaran a constituirse las Cortes recién elegidas. Los socialistas del PSOE y UGT fueron aún más lejos y acordaron que desencadenarían una revolución si la CEDA entraba en el gobierno. La pretensión del gobierno de Lerroux era “rectificar” las reformas del primer bienio, no anularlas, con el objetivo de incorporar a la república a la derecha “accidentalista” (que no se proclamaba abiertamente monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la monarquía, ni tampoco republicana) representada por la CEDA y el Partido Agrario.
El 20 de abril de 1934 las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía (uno de los tres puntos del “programa mínimo” de la CEDA, y que también figuraba en el programa electoral del Partido Republicano Radical) que suponía la excarcelación de todos los implicados en el golpe de Estado de 1932 (la “Sanjurjada”). El problema que se planteó fue la oposición del presidente de la república Niceto Alcalá-Zamora a la ley y Lerroux al constatar que había perdido la confianza del presidente presentó la dimisión. La solución a la crisis fue encontrar un nuevo dirigente radical que presidiera el gobierno. Fue el valenciano Ricardo Samper. El primer problema al que tuvieron que hacer frente los gobiernos radicales fue la insurrección anarquista de diciembre de 1933 que como las dos anteriores del primer bienio también resultó un completo fracaso. El balance de los siete días de la insurrección fue de 75 muertos y 101 heridos, entre los insurrectos, y 11 guardias civiles y 3 guardias de asalto muertos y 45 y 18 heridos, respectivamente, entre las fuerzas de orden público. En cuanto a las reformas del primer bienio, la reforma militar de Azaña se mantuvo aunque los gobiernos radicales imprimieron a su gestión una orientación marcadamente contraria de la etapa de Azaña, intentando atraerse a los militares descontentos. Respecto de la «cuestión religiosa«, el gobierno de Lerroux aprobó un proyecto de ley por el que los clérigos que trabajaban en parroquias de menos de 3000 habitantes y que tenían más de 40 años en 1931, recibirían dos tercios de su sueldo de 1931. Pero cuando el gobierno lo llevó al parlamento en enero de 1934 la izquierda lo acusó de poner en práctica una política “antirrepublicana”. La segunda medida que tomó el gobierno de Lerroux fue prorrogar el plazo de cierre de los colegios religiosos, que en la enseñanza primaria estaba previsto para diciembre de 1933, hasta que se hubieran construido las escuelas públicas suficientes para acoger a todos los alumnos de las escuelas de la Iglesia católica. Sin embargo, los gobiernos radicales fracasaron en su intento de alcanzar un acuerdo con el Vaticano, porque este exigió la revisión de la Constitución de 1931. En cuanto a la «cuestión social» las reformas socio-laborales de Largo Caballero fueron parcialmente “rectificadas” bajo la presión de las organizaciones patronales. Sin embargo la “contrarreforma laboral” que demandaban los empresarios no se llevó a cabo porque los sindicatos aún conservaron una gran capacidad de movilización lo que se tradujo en una creciente oleada de huelgas a lo largo de 1934, que por primera vez desde la proclamación de la república eran convocadas por comités conjuntos de UGT y CNT. Respecto de la «cuestión agraria«, el ministro Cirilo del Río Rodríguez, respetó el ritmo previsto de aplicación de la Ley de Reforma Agraria por lo que en 1934 se asentaron más campesinos que durante todo el bienio anterior, expropiándose el cuádruple de propiedades, aunque la Ley de Amnistía aprobada en abril de 1934 le devolvió a la nobleza «grande de España» una parte de las tierras que le había confiscado el gobierno de Azaña por la implicación de algunos de sus miembros en la Sanjurjada. Pero el objetivo principal de su política era desmontar el «poder socialista» en el campo, para lo que anuló o modificó sustancialmente los decretos agrarios del Gobierno Provisional. Además, en febrero de 1934 no se prorrogó el Decreto de Intensificación de Cultivos por lo que unas 28.000 familias fueron desalojadas de las parcelas que cultivaban en fincas que mantenían tierras incultas. La derogación de facto del decreto de Términos Municipales y la reforma de los Jurados Mixtos agrarios (cuyos presidentes nombrados por el gobierno se inclinaron cada vez más a favor de los patronos) les permitió a los propietarios volver a gozar de una casi completa libertad de contratación de los jornaleros que necesitaran y poder tomar represalias contra sus organizaciones. Como consecuencia de todo ello los salarios agrícolas, que habían aumentado durante el primer bienio, volvieron a caer. Esta política de “descuaje del poder socialista” en el campo obedecía a la ofensiva de los propietarios rurales que habían interpretado la victoria de la derecha y del centro derecha en las elecciones de noviembre como un triunfo sobre los jornaleros y los arrendatarios. Algunos de ellos utilizaban la expresión «¡comed República!» cuando los jornaleros les pedían trabajo o cuando desalojaban a los arrendatarios.
La respuesta sindical fue la convocatoria por parte de la FNTT de una huelga general de jornaleros del campo para comienzos de junio, aun sin contar con la aprobación de la ejecutiva nacional de UGT (que estaba preparando una huelga general revolucionaria de ámbito nacional). El gobierno acabó apoyando la línea dura del ministro de la Gobernación Salazar Alonso que consideró la huelga un “movimiento revolucionario” y declaró de “interés nacional” la recogida de la cosecha, dando instrucciones para que se impidiera la actuación de las organizaciones campesinas. Así “la mayor huelga agraria de la historia” dio lugar a una represión sin precedentes en la República. Hubo más de 10.000 detenciones y unos 200 ayuntamientos de izquierda fueron destituidos y sustituidos por gestores de derechas nombrados por el gobierno. Los enfrentamientos entre huelguistas y las fuerzas de orden público (y con los esquiroles) causaron trece muertos y varias decenas de heridos. Como consecuencia de la desmedida actuación de Salazar Alonso el sindicalismo agrario fue prácticamente desmantelado. En cuanto a la «cuestión regional”, los gobiernos del Partido Republicano Radical neutralizaron el impulso estatutario propio del Estado integral definido en la Constitución de 1931 (que según la CEDA suponía un peligro de “desintegración de la patria”), lo que provocó graves tensiones allí donde los procesos de autonomía ya estaban en marcha, como en Cataluña y en el País Vasco. La tramitación del Estatuto de Autonomía del País Vasco fue paralizada y el 12 de junio los diputados del PNV se retiraron de las Cortes en señal de protesta. En el verano de 1934 surgió otro conflicto en torno al Concierto Económico vasco lo que provocó una rebelión institucional de los ayuntamientos que convocaron unas elecciones (sin la aprobación de las Cortes) con el fin de nombrar una Comisión que negociara la defensa del Concierto Económico y que el gobierno intentó impedir por todos los medios (detuvo y procesó a más de mil alcaldes y concejales y sustituyó a numerosos ayuntamientos por comisiones gestoras gubernamentales). El día 2 de septiembre los parlamentarios vascos celebraron una asamblea en Zumárraga en solidaridad con los municipios. El conflicto con la Generalidad de Cataluña fue a propósito de la promulgación el 14 de abril de 1934 de la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el parlamento catalán, que posibilitaba a los arrendatarios de viñedos (rabassaires) la compra de las parcelas tras cultivarlas durante quince años. Los propietarios protestaron y consiguieron con el apoyo de la Lliga Regionalista que el Gobierno llevara la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que la declaró inconstitucional. La respuesta de la Generalidad de Cataluña fue retirar de las Cortes Generales a los 18 diputados de la Esquerra Republicana de Cataluña, acompañados de los 12 del PNV, y proponer al Parlamento de Cataluña una ley idéntica que fue aprobada el 12 de junio, lo que constituía un grave desafió al gobierno y al Tribunal de Garantías Constitucionales. A partir de ese momento el gobierno Samper intentó negociar con el de la Generalidad a lo largo del verano para intentar llegar a un acuerdo, pero la CEDA lo acusó de falta de energía en la «cuestión rabassaire«[1] y acabó retirándole su apoyo, lo que abriría la crisis de octubre de 1934.
La Revolución de octubre de 1934
Después del anuncio de la CEDA de que retiraba el apoyo parlamentario al gobierno de Ricardo Samper y exigía la entrada en el mismo, dimitió el Gobierno y el presidente de la república Niceto Alcalá Zamora propuso a Alejandro Lerroux de nuevo como presidente de un gobierno que incluiría a tres ministros de la CEDA. En cuanto se hizo pública la composición del nuevo gobierno los socialistas cumplieron su amenaza de que desencadenarían la “revolución social” si la CEDA accedía al gobierno y convocaron la “huelga general revolucionaria” que comenzaría a las 0:00 horas del día 5 de octubre. “Nada sería igual después de octubre de 1934” La radicalización de los socialistas se debió a que desde su “expulsión” del gobierno en septiembre de 1933 y especialmente tras la derrota en las elecciones de noviembre de 1933, abandonaron la “vía parlamentaria” para alcanzar el socialismo y optaron por la vía insurreccional para la toma del poder. «Esa decisión se vio reforzada por el activismo de las juventudes socialistas y por los acontecimientos de febrero de 1934 en Austria, cuando el canciller socialcristiano [el equivalente de la CEDA española] Dollfuss aplastó una rebelión socialista bombardeando los barrios obreros de Viena, acontecimientos interpretados por los socialistas españoles como una advertencia de lo que podía esperarles en caso de que la CEDA llegara al gobierno« El sector socialista que decidió el cambio de estrategia fue el encabezado por Francisco Largo Caballero, que desde enero de 1934 acumulaba los cargos de presidente del PSOE con el de secretario general de la UGT, además de ser el líder más aclamado por las Juventudes Socialistas. La anunciada “huelga general revolucionaria” se inició el día 5 de octubre y fue seguida prácticamente en casi todas las ciudades (no así en el campo, que acababa de salir de su propia huelga), pero la insurrección armada quedó reducida, salvo en Asturias, a algunos tiroteos y ninguna población importante quedó en poder de los revolucionarlos. En el País Vasco, donde los nacionalistas no secundaron el alzamiento, la huelga se mantuvo en algunos puntos hasta el 12 de octubre y los enfrentamientos armados más duros se produjeron en la zona minera de Vizcaya. Murieron al menos 40 personas, en su mayoría huelguistas abatidos por los guardias. En Éibar y Mondragón las acciones violentas de los insurrectos causaron varias víctimas, entre ellas un destacado dirigente tradicionalista y diputado Marcelino Oreja
Sin conexión alguna con la huelga insurreccional socialista, el presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys proclamó «el Estado Catalán dentro de la República Federal Española» hacia las 8 de la tarde del sábado 6 de octubre, como una medida contra “las fuerzas monárquicas… que habían asaltado el poder”. A continuación Companys invitaba a la formación de un “Gobierno Provisional de la República” que tendría su sede en Barcelona. Pero la rebelión catalana, falta de toda planificación y del apoyo de la principal fuerza obrera de Cataluña, la CNT, fue rápidamente dominada el día 7 de octubre por la intervención del Ejército encabezado por el general Domingo Batet, cuya moderada actuación evitó que hubiera muchas más víctimas (murieron ocho soldados y treinta y ocho civiles) El Presidente y los Consejeros de la Generalidad fueron encarcelados y el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 fue suspendido (aunque la derecha monárquica exigía su derogación definitiva). En Asturias, a diferencia del resto de España, sí se produjo un auténtico conato de revolución social: el “Octubre Rojo”. Las razones de la “diferencia asturiana” hay que buscarlas en que allí la CNT sí se sumó a la Alianza Obrera propuesta por la organización obrera socialista (PSOE-UGT), hegemónica en Asturias (el Partido Comunista de España se incorporó muy tardíamente después de haber combatido la Alianza durante meses), y en que la insurrección fue preparada minuciosamente, con convocatorias de huelgas generales previas, y el aprovisionamiento de armas y de dinamita obtenidas mediante pequeños robos en las fábricas y en las minas, además del adiestramiento de grupos de milicias. Durante cerca de dos semanas las milicias obreras integradas por unos 20.000 obreros, en su mayoría mineros, se hicieron con el control de las cuencas del Nalón y del Caudal y a continuación se apoderaron de Gijón de Avilés y entraron en la capital Oviedo, aunque no pudieron ocuparla completamente (en el centro de la ciudad se produjeron violentos combates entre las fuerzas del orden y los revolucionarios). Un “comité revolucionario”, dirigido por el diputado socialista Ramón González Peña, coordinó los comités locales que surgieron en todos los pueblos y trató de mantener el “orden revolucionario”, aunque no pudo impedir la ola de violencia que se desató contra propietarios, personas de derechas y religiosos. De estos últimos fueron asesinados 34 (algo que no ocurría en España desde 1834-1835), además de ser incendiadas 58 iglesias y conventos, el palacio episcopal, el Seminario y la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, que fue dinamitada. Para dominar la «Comuna Asturiana» el gobierno tuvo que recurrir a las tropas coloniales (legionarios y regulares procedentes de África, al mando del coronel Yagüe), mientras que desde Galicia alcanzaba Oviedo una columna al mando el general Eduardo López Ochoa. Toda la operación estaba siendo dirigida desde Madrid por el general Franco, por encargo expreso del ministro de la guerra Diego Hidalgo. El día 18 de octubre los insurrectos se rendían. El balance de víctimas fue de unos 1.100 muertos y 2.000 heridos entre los insurrectos, y unos 300 muertos entre las fuerzas de seguridad y el ejército.
La derecha española (tanto la monárquica de Renovación Española, como la «accidentalista» de la CEDA) interpretaron la «Revolución de Octubre» como una obra de la “Anti-España”, de la “anti-patria”, en una visión “mítico-simbólica” en la que se identificaba el Bien con la Patria, España, que era definida según los valores y las ideas de la derecha. Esta idea de España se concretaba en la relación con el Ejército, como lo expresó el líder de Renovación Española José Calvo Sotelo en un discurso célebre en que dijo que el ejército era «la columna vertebral» de la patria. En cambio la acción represiva de las tropas que sofocaron la sublevación fue apenas mencionada por los partidos de derechas o por su prensa, como ABC o El Debate. Además la derecha antirrepublicana aprovechó la insurrección de las izquierdas para incitar a una «revolución auténtica y salvadora para España« Así pues, Octubre reafirmó en la derecha, y especialmente en los monárquicos, la convicción de que si el Estado había reaccionado esta vez a tiempo, no había sido por la eficacia de las instituciones políticas [democráticas republicanas], sino por la determinación de las Fuerzas Armadas de actuar rápida y contundentemente. El Ejército —columna vertebral de la patria, le llamó entonces José Calvo Sotelo— constituía así la última garantía, la reserva de las fuerzas tradicionales frente al cambio revolucionario, que el régimen parlamentario parecía incapaz de conjurar». La represión gubernamental de la «Revolución de Octubre» fue muy dura. Se hicieron unos treinta mil prisioneros en todo el país y, especialmente, las cuencas mineras asturianas fueron sometidas a una durísima represión militar, primero (hubo ejecuciones sumarias de presuntos insurrectos), y de la guardia civil, después, encabezada esta última por el comandante Lisardo Doval[2], que sería trasladado por orden del gobierno. Hubo torturas a los detenidos a causa de las cuales murieron varios de ellos. Asimismo fueron detenidos numerosos dirigentes de izquierdas, entre ellos el comité revolucionario socialista encabezado por Francisco Largo Caballero, y los tribunales militares dictaron veinte penas de muerte aunque solo se ejecutaron dos, gracias a que el presidente de la república Niceto Alcalá Zamora las conmutó por cadena perpetua, resistiendo la presión de la CEDA y de Renovación Española que reclamaban una represión mucho más dura. También fue detenido el expresidente del gobierno Manuel Azaña en Barcelona, a donde había ido para asistir al entierro de un amigo, acusado injustamente de haber participado en la insurrección catalana. Inicialmente fue internado en el barco “Ciudad de Cádiz”, anclado en el puerto de Barcelona y requisado por el gobierno como prisión, y después pasó a estar recluido en dos buques de la Armada republicana, donde recibió cada día cientos de cartas y de telegramas de solidaridad y apoyo. Incluso un grupo de intelectuales firmó una carta abierta al Gobierno denunciando la “persecución” de que estaba siendo objeto Azaña. Finalmente, el 24 de diciembre, el Tribunal Supremo desestimó por falta de pruebas la acusación contra Azaña y ordenó su inmediata puesta en libertad. La detención dudosamente legal de Azaña había durado noventa días.
Los gobiernos radical-cedistas (octubre de 1934-diciembre de 1935)
A pesar de que para la izquierda el fracaso de la “Revolución de Octubre”, de la que tanto socialistas como anarquistas salieron escindidos y muy debilitados, le hizo abandonar la “vía insurreccional”, “Octubre» hizo aumentar en la derecha su temor a que en un próximo intento la «revolución bolchevique» (como ellos la llamaban) acabara triunfando. Esto acentuó su presión sobre su socio de gobierno, el Partido Radical, para llevar adelante una política más decididamente «antirreformista» («contrarrevolucionaria» decían ellos), lo que no dejó de producir crecientes tensiones entre el centro-derecha republicano y la derecha católica «accidentalista» de la CEDA y el Partido Agrario (jaleada desde fuera por la derecha monárquica y por los fascistas). Y en última instancia “Octubre” convenció a la CEDA de que era necesario llegar a alcanzar la presidencia del gobierno para poder dar el «giro autoritario» que el régimen necesitaba. La derrota de la «Revolución de Octubre» había mostrado el camino: bastaba con provocar continuas crisis de gobierno para avanzar posiciones. La crisis más grave que provocó la CEDA se produjo a principios de abril de 1935, cuando los tres ministros de su partido se negaron a aprobar la conmutación de la pena de muerte de dos de los dirigentes socialistas de la «Revolución de Asturias» (los diputados Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez). Lerroux buscó una salida formando un gobierno que dejara fuera a la CEDA pero el gobierno que formó no consiguió los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar lo que le obligó finalmente a aceptar las exigencias de la derecha: la CEDA pasaría de tres a cinco ministros, uno de ellos el propio líder de la CEDA, José María Gil Robles, que exigió para sí mismo el Ministerio de la Guerra. Así en el nuevo gobierno de Lerroux formado el 6 de mayo de 1935 la mayoría ya no la tenían los republicanos de centro-derecha, sino la derecha no republicana (la CEDA y el Partido Agrario). Comenzó entonces de verdad la “rectificación” de la República, con los radicales, que habían roto todos los puentes posibles con los republicanos de izquierda y los socialistas, sometidos a la voluntad de la CEDA y a las exigencias revanchistas de los patronos y terratenientes. En relación a la «cuestión agraria«, se puso fin a la política reformista puesta en marcha desde octubre de 1934 hasta abril de 1935 por el cedista liberal Manuel Giménez Fernández[3] (cuyo proyecto más ambicioso había sido la Ley de Yunteros[4] que prorrogaba la ocupación de tierras por los campesinos extremeños, por lo que fue tildado de «bolchevique blanco» por las organizaciones de propietarios y por sus propios compañeros de partido), y el nuevo ministro de Agricultura Nicasio Velayos Velayos, miembro del Partido Agrario y gran terrateniente, inició inmediatamente una política claramente «contrarreformista«. Lo primero que hizo al ocupar el ministerio fue no renovar la Ley de Yunteros por lo que miles de familias se vieron expulsadas inmediatamente de las tierras que cultivaban, y a continuación el 3 de julio presentó la Ley para la Reforma de la Reforma Agraria, que fue aprobada el 1 de agosto de 1935, y que supuso la congelación definitiva de la reforma iniciada en el primer bienio. Asimismo, las organizaciones socialistas de jornaleros quedaron completamente desmanteladas, los jurados mixtos en el campo dejaron de funcionar y más de 2000 ayuntamientos socialistas y republicanos de izquierda fueron sustituidos por comisiones gestoras nombradas por el gobierno. Todo ello se tradujo en un notable deterioro de las condiciones de vida de los jornaleros, que tuvieron que aceptar salarios más bajos si querían tener trabajo. Respecto de la «cuestión social«, se puso en marcha una «contrarreforma socio-laboral«. Se suspendieron los Jurados Mixtos y se aprobó un decreto que declaraba ilegales las «huelgas abusivas» (las que no fueran estrictamente laborales o no contaran con autorización gubernativa). Miles de obreros fueron despedidos con el pretexto de haber participado en las huelgas de la “Revolución de Octubre” o simplemente por pertenecer a un sindicato. Las consecuencias de la “contrarreforma socio-laboral” fueron la congelación de los salarios, e incluso su disminución en determinados sectores, y el aumento de la jornada laboral en otros. Si a esto se le une el incremento del paro como consecuencia de la depresión económica se comprenderá la difícil situación que vivieron las clases trabajadoras en aquellos años. En cuanto a la «cuestión militar«, Gil Robles acentuó la política iniciada por el ministro Diego Hidalgo de reforzar el papel de los militares de dudosa lealtad hacia la República. Así los más significados ocuparon los puestos clave en la cúpula militar: el general Fanjul, ocupó la subsecretaría del Ministerio; el general Franco, fue el jefe del Estado Mayor Central; el general Emilio Mola ocupó la jefatura del Ejército de Marruecos; el general Goded, la dirección general de Aeronáutica. Todos estos generales serán los que encabezarán la sublevación de julio de 1936 que inició la guerra civil española. En cambio los militares más fieles a la república fueron cesados de sus puestos y los oficiales considerados «izquierdistas» sufrieron represalias profesionales. Uno de los acuerdos pactados entre los cuatro partidos que formaban el nuevo gobierno de Lerroux (CEDA, Partido Agrario, Partido Republicano Liberal Demócrata y Partido Republicano Radical) formado en mayo de 1935 fue presentar un proyecto de “revisión” de la Constitución (que era el punto más importante del “programa mínimo” de la CEDA con el que se presentó a las elecciones). A comienzos de julio de 1935 llegaron a un principio de acuerdo y Lerroux presentó en las Cortes un anteproyecto que proponía el cambio o la supresión de 41 artículos pero los debates se eternizaron porque el anteproyecto no satisfacía plenamente a ningún partido. Estas desavenencias sobre el alcance de la reforma de la Constitución y la cuestión de la devolución a la Generalidad de Cataluña de algunas de las competencias que habían sido suspendidas con motivo de la “Revolución de Octubre” abrieron una crisis en el gobierno. Lerroux fue sustituido en la presidencia del ejecutivo por un hombre de confianza del presidente de la república Alcalá Zamora, el financiero liberal Joaquín Chapaprieta[5], que mantuvo la alianza radical-cedista con Lerroux y Gil Robles en el gobierno, e incluyó un ministro de la Lliga Regionalista, para ampliar la base parlamentaria del mismo. Pero este gobierno, formado el 25 de septiembre, se vio afectado por el estallido del escándalo del estraperlo, que provocó la salida de Lerroux del gabinete el 29 de octubre y del resto de ministros radicales, y más tarde por el asunto Nombela que constituyó el golpe definitivo para el Partido Republicano Radical, del que no se recuperaría. El hundimiento de los radicales convenció a Gil Robles de que había llegado el momento de poner en marcha la tercera fase de su estratega para alcanzar el poder y retiró el apoyo al gobierno de Chapaprieta, con el pretexto de su desacuerdo con el proyecto de reforma fiscal. El 9 de diciembre de 1935, el día en que se cumplían cuatro años de la Constitución de 1931 (por lo que a partir de ese momento no era necesaria la mayoría de 2/3 de los diputados para modificar la Constitución sino que era suficiente con la mayoría absoluta), exigió para sí mismo la presidencia del Gobierno. Pero el presidente de la república Alcalá Zamora se negó a dar el poder a una fuerza “accidentalista” que no había proclamado su fidelidad a la república y encargó la formación de gobierno a un independiente de su confianza. Manuel Portela Valladares el 15 de diciembre formó un gabinete republicano de centro-derecha excluyendo a la CEDA, pero pronto se comprobó que esa opción no contaba con el suficiente respaldo en las Cortes y al final Alcalá Zamora disolvió el Parlamento el 7 de enero y convocó elecciones para el 16 de febrero de 1936, la primera vuelta, y 1 de marzo, la segunda.
Frente Popular (1936-1939) / La formación de la coalición de la izquierda republicana y socialista encabezada por Manuel Azaña
La propuesta de la vuelta a la alianza republicano-socialista del primer bienio surgió por iniciativa del líder de los republicanos de izquierda Manuel Azaña, que se había convertido tras su detención por la Revolución de Octubre en un “mártir político” y en un símbolo para la izquierda. Azaña recorrió el país dando tres mítines multitudinarios: el del campo de Mestalla (Valencia), el 26 de mayo; el de Baracaldo (Vizcaya), el 14 de julio, y el de Comillas (Madrid), el 20 de octubre, con el fin de conseguir una “inteligencia republicana” que devolviera al régimen sus valores democráticos. En abril de 1935, Azaña había alcanzado un pacto de «Conjunción Republicana» entre su propio partido (Izquierda Republicana), la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, que se había escindido en 1934 del Partido Republicano Radical de Lerroux, y el Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román. A mediados de noviembre de 1935 Azaña ofreció al PSOE la formación de una coalición electoral en base al acuerdo de conjunción de las fuerzas de la izquierda republicana. Mientras que el sector socialista encabezado por Indalecio Prieto defendía el acuerdo, el sector encabezado por Francisco Largo Caballero era reticente al mismo y para reforzar la parte “obrera” de la coalición impuso la inclusión del Partido Comunista de España (PCE) en el mismo, lo que motivó la salida de la «Conjunción Republicana» del partido de Sánchez Román. El PCE, por su parte, había variado su posición respecto de los socialistas (a los que hasta entonces había considerado como «enemigos» de la revolución) tras el VII Congreso de la III Internacional celebrado en Moscú en el verano de 1935, donde Stalin había lanzado la nueva consigna de formar «frentes antifascistas«. La firma del pacto de la coalición electoral entre los republicanos de izquierda y los socialistas tuvo lugar el 15 de enero de 1936. El PSOE cuando estampó su firma lo hizo también en nombre del PCE y de otras organizaciones obreras (el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y el POUM[6]) El programa de la coalición, que comenzó a ser llamada “Frente Popular”, a pesar de que ese término no aparecía en el documento firmado el 15 de enero y de que era un nombre que nunca aceptó Azaña era el de los republicanos de izquierda (y solo se mencionaban las aspiraciones de las fuerzas “obreras” con las que los republicanos de izquierda no estaban de acuerdo). El programa incluía, en primer lugar, la amnistía para los delitos «políticos y sociales» (el excarcelamiento de todos los detenidos por la “Revolución de Octubre”), la continuidad de la legislación reformista del primer bienio y la reanudación de los procesos de autonomía de las «regiones«. El gobierno estaría formado exclusivamente por republicanos de izquierda y lo socialistas le darían su apoyo desde el parlamento para cumplir el programa pactado. Así pues, la alianza de 1936 era circunstancial, limitada a las elecciones, y por tanto bien diferente a la de 1931.
Las elecciones de febrero de 1936
Frente a la coalición electoral de las izquierdas, las derechas no pudieron oponer como en 1933 un frente homogéneo, porque la CEDA, en su intento de obtener el poder y evitar el triunfo de la izquierda, se alió en unas circunscripciones con las fuerzas antirrepublicanas (monárquicos alfonsinos, carlistas) y en otras con el centro-derecha republicano (radicales, demócrata-liberales, republicanos progresistas), por lo que fue imposible presentar un programa común. Lo que pretendía formar Gil Robles era un «Frente Nacional Antirrevolucionario» o un “Frente de la Contrarrevolución”, basado más en consignas “anti” que en un programa concreto de gobierno (“Contra la revolución y sus cómplices”, fue uno de sus eslóganes; “¡Por Dios y por España!” fue otro; y planteó la campaña como una batalla entre la “España católica… y la revolución espantosa, bárbara, atroz”). A las elecciones también se presentó una tercera opción “centrista” encabezada por el presidente del gobierno Portela Valladares y auspiciada por quien le había nombrado, el presidente de la república Niceto Alcalá-Zamora, que pretendía consolidar un centro republicano que superara la bipolarización surgida de la Revolución de Octubre.
Las elecciones registraron la participación más alta de las tres elecciones generales que tuvieron lugar durante la Segunda República (el 72,9%), lo que se atribuyó al voto obrero que no siguió las habituales consignas abstencionistas de los anarquistas. Según el estudio realizado por el historiador Javier Tusell sobre las elecciones, que se sigue considerando todavía hoy como el mejor análisis de las mismas, el resultado fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas (47,1%) sobre las derechas (45.6%), mientras el centro se limitó al 5,3%, pero como el sistema electoral primaba a los ganadores esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del “Frente Popular”. En total el «Frente Popular” contaba con 263 diputados (incluidos los 37 del “Front d’Esquerres” de Cataluña) la derecha tenía 156 diputados (entre ellos solo un fascista, que era del Partido Nacionalista Español, ya que Falange Española no se quiso integrar en las coaliciones de la derecha porque le ofrecieron pocos puestos) y los partidos de centro-derecha (incluyendo en ellos a los nacionalistas de la Lliga Regionalista y del PNV, y al Partido del Centro que rápidamente había formado Portela Valladares con el apoyo de la Presidencia de la República) sumaban 54 diputados. “En el Frente Popular, los primeros puestos en las candidaturas los ocuparon casi siempre los republicanos del partido de Azaña y en la derecha fueron a parar a la CEDA, lo cual no confirma, frente a lo que se ha dicho en ocasiones, el triunfo de los extremos. Los candidatos comunistas siempre estuvieron en el último lugar de las listas del Frente Popular y los 17 diputados obtenidos, después de conseguir solo uno en 1933, fueron el fruto de haber logrado incorporarse a esa coalición y no el resultado de su fuerza real. La Falange sumó únicamente 46.466 votos, el 0,5 % del total”
El Gobierno del Frente Popular (febrero-julio de 1936)
Nada más conocerse la victoria en las elecciones del “Frente Popular” se produjo un primer intento de “golpe de fuerza” por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles el primero que intentó sin éxito que el presidente del gobierno en funciones Manuel Portela Valladares declarase el “estado de guerra” y anulara los comicios. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra (lo que según la Ley de Orden Público de 1933 suponía que el poder pasaba a las autoridades militares), pero fue desautorizado por el todavía jefe de gobierno [Portela Valladares] y por el ministro de la guerra el general Nicolás Molero. El resultado del intento de “golpe de fuerza” fue exactamente el contrario del previsto. El presidente del gobierno en funciones entregó antes de tiempo el poder a la coalición ganadora, sin esperar a que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones (prevista para el 1 de marzo). Así el miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del «Frente Popular«, formaba gobierno que conforme a lo pactado solo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana) Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos: el general Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Franco, a la de Canarias; el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles.
La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, algo que era clamorosamente exigido en las manifestaciones que siguieron al triunfo electoral, y que ya había conducido a la apertura de varias cárceles, de las que salieron no solo los presos «políticos» sino también los “sociales”. La amnistía puso en libertad a unos 30.000 presos «políticos y sociales«. Otra de las medidas urgentes era reponer en sus puestos a los alcaldes y concejales elegidos en 1931 y suspendidos durante el “bienio negro” por los gobiernos radical-cedistas que los sustituyeron por gestoras de derechas. Y el 28 de febrero el gobierno decretaba no solo la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales relacionados con los hechos de 1934, sino que, presionado por los sindicatos, ordenaba a las empresas que indemnizaran a estos trabajadores por los jornales no abonados. La salida de los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña de la cárcel, beneficiados por la amnistía, fue acompañada de inmediato por un Decreto de 1 de marzo que reanudaba las funciones del Parlament y reponía en su puesto a Lluís Companys como presidente de la Generalidad y a sus consejeros. También el gobierno Azaña decidió la restitución en sus funciones de los ayuntamientos vascos suspendidos en 1934. La “cuestión agraria” fue otro problema que el nuevo gobierno tuvo que abordar con urgencia a causa de la intensa movilización campesina que se estaba produciendo con el apoyo decidido de las autoridades locales repuestas y que amenazaba con provocar graves conflictos en el campo “A los pocos días de las elecciones, unos ochenta mil campesinos andaluces, manchegos y extremeños convocados por la FNTT [socialista], se lanzaron a ocupar las fincas de las que habían sido desalojados en el invierno de 1934-35 [por los gobiernos radical-cedistas]. Se producía así un hecho consumado, que obligó al Ministerio de Agricultura a adoptar medidas oportunas para volver a poner en vigor la legislación del primer bienio». El movimiento de ocupación de fincas más espectacular fue el que organizó la FNTT desde el 26 de marzo en la provincia de Badajoz en el que participaron unos 60.000 jornaleros que invadieron y comenzaron a roturar unas dos mil propiedades. El 19 de abril el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes[7], presentaba varios proyectos de ley, entre ellos uno que derogaba la Ley de Reforma de la Reforma Agraria de agosto de 1935, que se convirtió en ley el 11 de junio, por lo que volvía estar en vigor plenamente la Ley de Reforma Agraria de 1932. Gracias a varios decretos y a esta ley entre marzo y julio de 1936 se asentaron unos 115.000 campesinos, más que en los tres años anteriores. Sin embargo, continuó la alta conflictividad en el campo, debida sobre todo a la actitud de los propietarios y a la radicalización de las organizaciones campesinas, saldándose todo ello con incidentes violentos. El caso más grave se produjo en Yeste (Albacete) donde a finales de mayo de 1936 «la detención de unos campesinos que pretendían talar árboles en una finca particular condujo a un sangriento enfrentamiento entre la Guardia Civil y los jornaleros, en los que murieron un guardia y 17 campesinos«. El 3 de abril, una vez resuelta la exaltada discusión de las actas parlamentarias, la izquierda presentó una iniciativa para destituir al Presidente de la República, acusándolo de haber incumplido el artículo 81 de la Constitución. Cuatro días después, el 7 de abril, por 238 votos contra 5 (la derecha se abstuvo, tras haber apoyado la medida), Alcalá Zamora fue destituido por el parlamento. El 26 de abril, se celebraron las elecciones de compromisarios establecida por la Constitución y Manuel Azaña, el candidato de la izquierda, obtuvo 358 mandatos, y 63 la oposición, parte de la cual se había abstenido de presentarse a las elecciones. Así el 10 de mayo de 1936 era investido como nuevo presidente. Sin embargo, el proyecto de Azaña de nombrar al socialista Indalecio Prieto como su sustituto al frente del gobierno no cuajó por la oposición del ala «caballerista» del PSOE y de la UGT que se ratificó en el acuerdo de seguir fuera del gabinete, y el 13 de mayo ocupó la presidencia del gobierno uno de los colaboradores más fieles de Azaña, Santiago Casares Quiroga.
El nuevo gobierno Casares Quiroga continuó con la política reformista que ya había iniciado el gobierno Azaña que consistía fundamentalmente en volver a poner en vigor los decretos que habían sido derogados o modificados durante el segundo bienio («bienio negro» le llamaron las izquierdas) y a los que se añadieron algunos otros. Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente el gobierno fue la oleada de huelgas que se produjeron declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos CNT/UGT, en las que en muchas de ellas se hablaba de revolución, pero ni UGT ni CNT preparaban ningún movimiento insurreccional después de los fracasos de 1932, 1933 y 1934, y la única posibilidad de que se produjese alguno sería como respuesta a un intento de golpe militar. Otro de los problemas del gobierno de Casares Quiroga fue la división interna del PSOE, el partido más importante del Frente Popular que debía apoyar al gobierno, así como el decantamiento cada vez más acusado de la CEDA hacia posiciones antirrepublicanas. «De esta forma, el gobierno quedó desasistido por sus aliados naturales y hostigado desde la derecha por una envalentonada oposición monárquica que arrastraba ya con fuerza a los católicos y desde la izquierda por un sector del PSOE que, si había renunciado a la revolución esperaba con impaciencia la hora de sustituir al gobierno republicano por uno exclusivamente socialista«. En cuanto a los socialistas se acentuaron las diferencias entre los sectores «prietista» y «largocaballerista«, ya que Largo Caballero, que dominaba UGT y el grupo parlamentario del PSOE, continuó oponiéndose a la entrada en el gobierno de los socialistas y defendiendo el entendimiento entre las “organizaciones obreras” para esperar el momento en que el fracaso de los “burgueses republicanos» facilitara la conquista del poder por la clase obrera. Largo Caballero además contaba con el apoyo incondicional de las juventudes Socialistas que le llamaban el «Lenin español«.
Estas juventudes cada vez más radicalizadas acabaron fusionándose con las Juventudes Comunistas del PCE para formar en junio de 1936, las Juventudes Socialistas Unificadas, bajo la dirección del joven socialista Santiago Carrillo. En cuanto a la CEDA el sector encabezado por José María Gil Robles se decantó cada vez más por el boicot a las instituciones republicanas y por el apoyo a la vía defendida por la derecha monárquica del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo que propugnaba abiertamente la ruptura violenta del orden constitucional mediante un golpe de estado militar en cuya preparación ya estaban colaborando (por su parte los monárquicos carlistas aceleraron la formación de sus milicias requetés con vistas al alzamiento militar con cuyos dirigentes mantenían contactos). Otro de los problemas fue el aumento de la violencia política provocada por la «estrategia de la tensión» desplegada por el partido fascista Falange Española[8], que a principios de 1936 era una fuerza política marginal pero que tras el triunfo del Frente Popular recibió una avalancha de afiliaciones de jóvenes de derechas dispuestos a la acción violenta, que fue respondida por las organizaciones de izquierda. El primer atentado importante que cometieron fue el perpetrado el 12 de marzo contra el diputado socialista y “padre” de la Constitución de 1931 Luis Jiménez de Asúa, en el que éste resultó ileso pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió. La respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido, detener el 14 de marzo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera y a otros miembros de su “Junta Política”, y cerrar su periódico Arriba. Pero el paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas. Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los días 14 y 15 de abril. El día 14 tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del quinto aniversario de la república y junto a la tribuna principal, ocupada por el presidente de la república en funciones Diego Martínez Barrio[9] y por el presidente del gobierno Manuel Azaña, estalló un artefacto y se produjeron a continuación varios disparos que causaron la muerte a Anastasio de los Reyes[10], un alférez de la Guardia Civil que estaba allí de paisano, e hirieron a varios espectadores. Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. Al día siguiente se celebró el entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados Gil Robles y Calvo Sotelo, oficiales del ejército y falangistas armados. Desde diversos lugares se produjeron disparos contra la comitiva que fueron respondidos, produciéndose un saldo de seis muertos y de tres heridos. Uno de los muertos era el estudiante Ángel Sáenz de Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera. La muerte de Sáenz de Heredia fue atribuida por la derecha a los miembros de la sección de la Guardia de Asalto comandada por el teniente Castillo, instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas. También resultó herido un joven carlista estudiante de medicina llamado José Llaguno Acha. Entre abril y julio los atentados y las reyertas protagonizadas por falangistas causaron más de cincuenta víctimas entre las organizaciones de izquierda obrera, la mayoría de ellas en Madrid. Unos cuarenta miembros de Falange murieron en esos actos o en atentados de represalia de las organizaciones de izquierda. Éstas se dirigieron tanto contra empresarios y militantes de partidos de derechas, como el exministro y diputado del Partido Republicano Liberal Demócrata Alfredo Martínez, asesinado en Oviedo el 24 de marzo, como a sedes sociales y periódicos antirrepublicanos, como el diario madrileño La Nación. También fueron objeto de la violencia los edificios religiosos (un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados) aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a julio no hubo ningún miembro del clero.
Esta “estrategia de la tensión” protagonizada por los pistoleros falangistas que fue respondida por las organizaciones de izquierda, junto con el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares tanto entre la derecha (milicias falangistas, requetés carlistas) como entre la izquierda (milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas), y entre los nacionalistas vascos y catalanes (milicias de Esquerra Republicana de Cataluña y milicias del PNV), aunque no estaban armadas y su mayor actividad principal era desfilar, provocó la percepción entre parte de la opinión pública, especialmente la conservadora, de que el gobierno del Frente Popular no era capaz de mantener el orden público, lo que servía de justificación para el «golpe de fuerza» militar que se estaba preparando. A esta percepción también contribuyó la prensa católica y de extrema derecha que incitaba a la rebelión frente al “desorden” que atribuía al “Gobierno tiránico del Frente Popular”, “enemigo de Dios y de la Iglesia”, aprovechando que la confrontación entre clericalismo y anticlericalismo volvió al primer plano tras las elecciones de febrero con continuas disputas sobre asuntos simbólicos, como el tañido de campanas o las manifestaciones del culto fuera de las iglesias, como procesiones o entierros católicos. Asimismo en el parlamento los diputados de la derecha, singularmente José Calvo Sotelo y José María Gil Robles, acusaron al gobierno de haber perdido el control del orden público. Así en la sesión del 17 de junio de 1936, Gil-Robles denuncia los desórdenes habidos, según él, desde el 1 de febrero hasta el 15 de junio: «160 iglesias destruidas, 251 asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto. 269 muertos. 1287 heridos de diferente gravedad. 215 agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan. 69 centros particulares y políticos destruidos, 312 edificios asaltados. 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales. 10 periódicos totalmente destruidos, todos de derecha. 83 asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos. 146 bombas y artefactos explosivos. 38 recogidos sin explotar.»
La conspiración militar
La conspiración militar para desencadenar un “golpe de fuerza” (como lo llamaban los conjurados) que derribara al gobierno se puso en marcha nada más producirse el triunfo del «Frente Popular» en las elecciones de febrero de 1936, apoyándose inicialmente en las tramas golpistas que se habían rehecho tras el fracaso de La Sanjurjada. Al día siguiente de formarse el gobierno de Azaña el periódico de la Comunión Tradicionalista El Pensamiento Alavés ya afirmaba “que no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada” y esa lucha partiría de “una nueva Covadonga que frente a la revolución sirviera de refugio a los que huyeran de aquella y emprendiera la Reconquista de España”. El 8 de marzo tuvo lugar en Madrid, en casa de un amigo de Gil Robles, una reunión de varios generales (Emilio Mola, Luis Orgaz Yoldi, Villegas, Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Ángel Rodríguez del Barrio[11], Miguel García de la Herrán[12], Manuel González Carrasco[13], Andrés Saliquet y Miguel Ponte[14], junto con el coronel José Enrique Varela[15] y el teniente coronel Valentín Galarza[16], como hombre de la UME), en la que acordaron organizar un “alzamiento militar” que derribara al gobierno del Frente Popular recién constituido y “restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”. También se acordó que el gobierno lo desempeñaría una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, que en esos momentos se encontraba en el exilio en Portugal. No se llegó a acordar el carácter político del “movimiento militar”, pero para su organización recurrirían a la estructura clandestina de la UME integrada por oficiales conservadores y antiazañistas y llegaron a fijar la fecha del golpe, para el 20 de abril, pero las sospechas del gobierno y la detención de Orgaz y Varela, confinados en Canarias y en Cádiz, respectivamente, les obligaron a posponer la fecha. Además el gobierno había decidido ya «dispersar» a los generales sospechosos y había destinado a Goded a Baleares, a Franco a Canarias y a Mola a Pamplona. Desde finales de abril, fue el general Mola quien tomó la dirección de la trama golpista (desplazándose así el centro de la conspiración de Madrid a Pamplona), adoptando el nombre clave de “El Director”. Este continuó con el proyecto de constituir una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, y comenzó a redactar y difundir una serie de circulares o “Instrucciones reservadas” en las que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el golpe de Estado. La primera de las cinco “instrucciones reservadas” la dictó el 25 de mayo y en ella ya apareció la idea de que el golpe tendría que ir acompañado de una violenta represión. Mola logró que se unieran a la conspiración generales republicanos como Gonzalo Queipo de Llano[17] (jefe de los carabineros) y Miguel Cabanellas[18]. Con este último, que era el jefe de la V División orgánica, mantuvo una entrevista en Zaragoza el 7 de junio en la que acordaron las medidas para dominar la oposición que “opondría la gran masa sindicalista” y la organización de las “columnas que habían de oponerse a que los catalanes pudieran invadir el territorio aragonés” Mola consiguió comprometer en el golpe a numerosas guarniciones, gracias también a la trama clandestina de la UME dirigida por el coronel Valentín Galarza (cuyo nombre clave era “El Técnico”), pero Mola no contaba con todas ellas, y especialmente tenía dudas sobre el triunfo del golpe en el lugar fundamental, Madrid, y también sobre Cataluña, Andalucía y Valencia. Así pues, el problema de los militares implicados era que, a diferencia del golpe de estado de 1923, ahora no contaban con la totalidad del Ejército (ni de la Guardia Civil ni las otras fuerzas de seguridad) para respaldarlo. «Las divisiones que se habían manifestado en el seno del propio ejército desde la Dictadura… durante la República habían alcanzado un singular grado de virulencia con la creación de uniones militares enfrentadas por la cuestión del régimen político [la UME, Unión Militar Española, monárquica; y la republicana Unión Militar Republicana Antifascista, UMRA, con una influencia mucho más reducida]» Tampoco podían contar como en 1923 con la connivencia del jefe del Estado (el rey Alfonso XIII entonces, y el presidente de la república Manuel Azaña ahora). Una tercera diferencia respecto de 1923 era que la actitud de las organizaciones obreras y campesinas no sería de pasividad ante el golpe militar, como en 1923, sino que como habían anunciado desencadenarían una revolución. Por estas razones se fue retrasando una y otra vez la fecha del golpe militar, y por eso, además, el general Mola, «el Director«, buscó el apoyo de las milicias de los partidos antirrepublicanos (requetés y falangistas) y el respaldo financiero de los partidos de la derecha. Pero la participación de estas fuerzas paramilitares civiles fue aparcada por el momento porque el principal dirigente carlista Manuel Fal Conde[19] quería proporcionar un protagonismo al «tradicionalismo» en el golpe, llegando a contactar directamente con el general Sanjurjo, algo que los militares no estaban dispuestos a consentir, y porque el líder de Falange José Antonio Primo de Rivera, preso en Alicante, que en principio se manifestó dispuesto a colaborar, exigió su parcela de poder, lo que tampoco fue admitido por los generales conjurados. Al gobierno de Casares Quiroga le llegaron por diversas fuentes noticias de lo que se estaba tramando pero no actuó con contundencia contra los conspiradores porque, según el historiador Julio Aróstegui, «Azaña y muchos elementos de su partido, y el propio Casares Quiroga, jefe del gobierno, no creyeron que después de haber neutralizado con facilidad el golpe de Sanjurjo en 1932 en el ejército hubiera capacidad para preparar una acción seria, estimando además que tenían controlados a los posibles cabecillas y que en el caso de que esa rebelión se produjese sería fácil abortarla». El 12 de mayo de 1936 el acalde Juan Quintero Guerra del ayuntamiento de Candelaria (Tenerife), insta a esta corporación municipal que se tome acuerdo de solicitar del Gobierno de la República el urgente e inmediato relevo del comandante militar Francisco Franco, así como reiterar al gobernador civil de la provincia la adhesión de la Corporación por su actitud enérgica y resuelta en defensa del poder civil. A principios de julio de 1936 la preparación del golpe militar estaba casi terminada, aunque el general Mola reconocía que «el entusiasmo por la causa no ha llegado todavía al grado de exaltación necesario» y acusaba a los carlistas de seguir poniendo dificultades al continuar pidiendo «concesiones inadmisibles«. El plan del general Emilio Mola, «el Director», era un levantamiento coordinado de todas las guarniciones comprometidas, que implantarían el estado de guerra en sus demarcaciones, comenzando por el Ejército de África, que entre los días 5 y 12 de julio realizó unas maniobras en el Llano Amarillo donde se terminaron de perfilar los detalles de la sublevación en el Protectorado de Marruecos. Como se preveía que en Madrid era difícil que el golpe triunfase por sí solo (la sublevación en la capital estaría al mando del general Fanjul), estaba previsto que desde el norte una columna dirigida por el propio Mola se dirigiera hacia Madrid para apoyar el levantamiento de la guarnición de la capital. Y por si todo eso fallaba también estaba planeado que el general Franco (que el 23 de junio había dirigido una carta al presidente del gobierno Casares Quiroga en la decía que las sospechas del gobierno de que se estaba fraguando un golpe militar no eran ciertas -cuando él mismo era uno de los generales implicados-, alegando que «faltan a la verdad quienes le presentan al Ejército como desafecto a la República; le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones»), después de sublevar las islas Canarias se dirigiría desde allí al Protectorado de Marruecos a bordo del avión Dragon Rapide[20], fletado en Londres el 6 de julio por el corresponsal del diario ABC Luis Bolín[21] gracias al dinero aportado por Juan March, para ponerse al frente de las tropas coloniales, cruzar el estrecho de Gibraltar y avanzara sobre Madrid, desde el sur y desde el oeste. Una vez controlada la capital, se depondría al presidente de la república y al Gobierno, se disolverían las Cortes, se suspendería la Constitución de 1931, se detendrían y se juzgaría a todos los dirigentes y militantes significados de los partidos y organizaciones de la izquierda así como a los militares que no hubieran querido sumarse a la sublevación y, finalmente, se constituiría un Directorio militar bajo la jefatura del general Sanjurjo (que volaría desde Lisboa hasta España). Pero lo que sucedería a continuación nunca estuvo claro pues nada se había acordado sobre la forma de estado, o república o monarquía (por ejemplo, no se decidió nada sobre qué bandera se utilizaría, si la bicolor de la monarquía, en lugar de la tricolor de la República, ya que se pensaba en una acción rápida y contundente). El objetivo era instaurar una dictadura militar siguiendo el modelo de la Dictadura de Primo de Rivera, al frente de la cual se situaría el exiliado general Sanjurjo. Así pues, lo que iban a poner en marcha los militares conjurados no era un pronunciamiento al estilo decimonónico (pues en estos casos no se discutía en general el régimen o el sistema político, sino que intentaban solo forzar determinadas «situaciones» partidistas), sino que iba mucho más lejos. El problema estribaba en que los militares y las fuerzas políticas que les apoyaban (fascistas, monárquicos alfonsinos, carlistas, católicos de la CEDA) defendían proyectos políticos distintos, aunque todos coincidían en que la «situación futura” no sería democrática, y tampoco liberal, porque el significado social de fondo de la conspiración era inequívoco: la «contrarrevolución«. En la tarde del domingo 12 de julio era asesinado en una calle céntrica de Madrid por pistoleros de extrema derecha (al parecer de la Comunión Tradicionalista) el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo Sáez de Tejada, un militar instructor de las milicias socialistas. Como represalia, sus compañeros policías, dirigidos por un capitán de la Guardia Civil, Fernando Cortés, secuestraron en su propio domicilio y asesinaron en la madrugada del día siguiente a José Calvo Sotelo, el líder de los monárquicos «alfonsinos» (que no tuvo nada que ver con el asesinato del teniente Castillo), y abandonaron el cadáver en el depósito del cementerio de la Almudena. En el entierro de Calvo Sotelo el dirigente monárquico Antonio Goicoechea juró solemnemente “consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España”. Por su parte el líder de la CEDA, José María Gil Robles en las Cortes les dijo a los diputados de la izquierda que “la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros” y acusó al gobierno de tener la “responsabilidad moral” del crimen por “patrocinar la violencia”. El asesinato de Calvo Sotelo aceleró el compromiso con la sublevación de los carlistas y también de la CEDA, y acabó de convencer a los militares que tenían dudas. Además, Mola decidió aprovechar la conmoción que había causado en el país el doble crimen, y el día 14 adelantó la fecha de la sublevación que quedó fijada para los días 17 y 18 de julio de 1936.
[1] La Unió de Rabassaires i Altres Cultivadors del Camp de Catalunya fue un sindicato de viticultores no propietarios surgido en Cataluña (España) en 1922. Tras los hechos del seis de octubre de 1934, la Proclamación del Estado Catalán, que provocaron el encarcelamiento de la mayor parte de sus dirigentes, tomó un carácter cooperativo y mutualista. Dos de sus dirigentes, Pau Padrón y Josep Calvet, serían diputados en el Front d’Esquerres (el equivalente catalán del Frente Popular) ante las elecciones de febrero de 1936, aunque incidiendo en el acercamiento a la Unió Socialista de Catalunya. Tras el estallido de la Guerra Civil, estuvo presente en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, en el gobierno de la Generalidad y en todos los órganos de poder en Cataluña. Se opuso a la colectivización propugnada por la CNT, siguiendo la línea política marcada por ERC y el PSUC. Asumió el control de la Unión de Sindicatos Agrícolas de Cataluña, y, en enero de 1937, se fusionó, junto con las otras entidades agrarias catalanas, para formar la Federación de Sindicatos Agrícolas, única de Cataluña. Desapareció tras la ocupación de Cataluña y el triunfo franquista en la Guerra Civil.
[2] Lisardo Doval Bravo (La Coruña, 1888 – Madrid, 15 de octubre de 1975) fue un militar español y oficial de la Guardia Civil en la que llegó a alcanzar el grado de general. Fue muy conocido por ser uno de los principales responsables de la represión de la Revolución de Asturias de 1934, en la que empleó métodos brutales que fueron denunciados al gobierno de Alejandro Lerroux. Cuando estalló la Guerra Civil española de 1936-1939 se unió al bando de los sublevados y en mayo de 1937 fue nombrado por el general Franco Jefe de Seguridad del Cuartel General del Generalísmo establecido en Salamanca.
[3] Manuel Giménez Fernández (Sevilla, 6 de mayo de 1896 – id., 27 de febrero de 1968) fue un académico y político español, miembro de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) durante la II República, llegó a ser Ministro de Agricultura.
[4] La gran invasión de fincas del 25 de marzo de 1936 fueron unos sucesos ocurridos dicho día en la región española de Extremadura, durante los cuales alrededor de 80.000 yunteros realizaron una serie de ocupaciones pacíficas de fincas, en un total de 250.000 hectáreas de tierra. Distintos partidos de izquierdas, movimientos sociales y colectivos proponen el 25 de marzo como Día de Extremadura, en homenaje a este suceso.
[5] Joaquín Chapaprieta y Torregrosa (Torrevieja, 26 de octubre de 1871-Madrid, 29 de abril 1951) fue un abogado y político español, varias veces ministro y presidente del Consejo de Ministros durante la Segunda República.
[6] El Partido Obrero de Unificación Marxista fue un partido marxista español fundado en 1935. Autodefinido como marxista revolucionario en oposición al estalinismo, fue cercano en cierto modo al comunismo de izquierda. A grandes rasgos, entonces, se trataría de un partido de la izquierda comunista no marxista-leninista Su organización juvenil fue la Juventud Comunista Ibérica (JCI).
[7] Mariano Ruiz-Funes García (Murcia, 24 de febrero de 1889 – México, D.F., 1953) fue un penalista y político español, profesor de la Universidad de Murcia hasta la guerra civil, diputado de los partidos políticos Acción Republicana e Izquierda Republicana durante la II República, y profesor en el exilio en la UNAM.
[8] Falange Española (FE) fue un partido político español, fundado el 29 de octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera, primogénito del fallecido dictador Miguel Primo de Rivera. El 15 de febrero de 1934 FE se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), fundadas por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, entre otros. El nuevo partido se denominó Falange Española de las JONS (FE de las JONS). Tras el éxito del fascismo italiano con la Marcha sobre Roma de Benito Mussolini en 1922, fracasan los diversos intentos de crear en España una organización fascista al estilo de la italiana. En esos años, con gobiernos autoritarios, la derecha y los sectores financieros y empresariales más reaccionarios sintieron la necesidad de un partido fascista que había demostrado ser un buen freno en Europa al desarrollo de movimientos de masas de izquierdas. Instaurada la II República, iniciado el proyecto democratizador, cristalizan los primeros intentos en Falange Española, promovida por estos sectores reaccionarios. El triunfo de Hitler y la poca implantación del principal partido fascista de España, las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) de Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, hacen que, en 1933, la extrema derecha española, representada por empresarios industriales y financieros, emprenda la búsqueda de un líder carismático para el fascismo español, encontrándolo en José Antonio Primo de Rivera, hijo del anterior dictador, que ya mantenía posiciones conservadoras y autoritarias. Falange Española se dio a conocer en un mitin celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid el 29 de octubre de 1933. En el periodo de la II República desempeñó un importante papel en el desarrollo de los acontecimientos que condujeron a la Guerra Civil. Nace apoyada por las fuerzas reaccionarias y partidos de la derecha que la utilizan como fuerza de choque. No consigue un apoyo popular significativo, pero sus frecuentes razias y enfrentamientos con los grupos más radicales de la izquierda, principalmente con las organizaciones juveniles, sus actos violentos y asesinatos contribuyeron a crear un clima de inseguridad y violencia propicio para las intentonas militares.
[9] Diego Martínez Barrio (Sevilla, 25 de noviembre de 1883-París, 1 de enero de 1962) fue un político español que alcanzó los cargos de presidente de las Cortes, presidente del Consejo de Ministros, presidente interino de la Segunda República Española y presidente de la Segunda República Española en el exilio.
[10] Los incidentes durante el entierro de Anastasio de los Reyes fueron unos enfrentamientos que tuvieron lugar en Madrid el 16 de abril de 1936 mientras un numeroso grupo acompañaba por las calles de la capital de la Segunda República el féretro del guardia civil Anastasio de los Reyes, que había sido asesinado dos días antes por pistoleros de izquierdas durante el desfile militar celebrado para conmemorar el quinto aniversario del advenimiento de la república. La comitiva fúnebre fue atacada con pistolas y ametralladoras en diversas ocasiones por las calles de la ciudad, provocando diversos tumultos y tiroteos. Finalmente la comitiva fue disuelta con el uso de armas de fuego en la plaza Manuel Becerra mediante la intervención de la Guardia de Asalto bajo las órdenes del teniente José del Castillo Sáenz de Tejada. Durante los incidentes fueron asesinadas cinco personas de la comitiva y se contaron treinta y dos heridos. Estos incidentes fueron clave en la serie de acontecimientos que llevaron al inicio de la Guerra civil española, motivando el asesinato del teniente Castillo, que a su vez motivó el asesinato de José Calvo Sotelo.
[11] Ángel Rodríguez del Barrio (28 de agosto de 1876-7 de noviembre de 1936) fue un militar español. Cuando en abril de 1931 se produjo la proclamación de la Segunda República era gobernador militar de Tenerife. El 18 de abril sustituyó al cesado teniente general José Rodríguez Casademunt en el cargo de Capitán General de Canarias, que tras su nombramiento cambia la denominación pasando a ser «Comandante General de Canarias». A pesar de haber estado implicado en la conspiración militar, el gobierno republicano no lo detuvo o lo puso bajo arresto. En agosto el general Juan García Gómez-Caminero le sustituyó como vocal de la Sala Militar del Tribunal Supremo. El 7 de noviembre de 1936 falleció a consecuencia del cáncer de estómago
[12] Miguel García de la Herrán y Martínez (San Fernando 28 de enero de 1880 – 20 de julio de 1936) fue un militar e ingeniero español. Tras el Golpe de Estado de julio de 1936 estaba a cargo del Unidades del Cantón de Carabanchel con el cargo de General de Brigada, siendo uno de los generales en la sublevación en Madrid. Al mando de un millar de hombres intentó conectar mediante un convoy de refuerzo con el Cuartel de la Montaña cuando en un encontronazo con milicianos fue muerto por herida de bala.
[13] Manuel González Carrasco (24 de diciembre de 1877 – 10 de octubre de 1958) fue un militar español que combatió en la Guerra del Rif. Tuvo un papel relevante en varias de las conspiraciones militares que se desarrollaron contra el gobierno de la Segunda República, especialmente durante el Golpe de Estado de julio de 1936
[14] Luis Miguel Limia Ponte y Manso de Zúñiga, octavo marqués de Bóveda de Limia, (1882 – 1952) fue un militar español que participó en el golpe de Estado en España de julio de 1936. Fue vocal de la Junta de Defensa Nacional que ostentó la jefatura del Estado del bando nacional entre el 24 de julio y el 1 de octubre de 1936, con el grado de Teniente General
[15] José Enrique Varela Iglesias (San Fernando, 17 de abril de 1891-Tánger, 24 de marzo de 1951) fue un militar español, conocido por su papel durante la Guerra Civil Española y del Régimen del General Franco. Veterano de las campañas de África, llegaría a ser condecorado dos veces con la Cruz Laureada de San Fernando —siendo uno de los pocos militares españoles en tener tal distinción—. Implicado en las conspiraciones contra la Segunda República, tras el estallido de la Guerra civil se unió a las fuerzas sublevadas y llegaría a mandar varias unidades militares, jugando un papel relevante durante la contienda. Tras la instauración del Régimen del Generalísimo Franco. Varela, que alcanzó el generalato, fue nombrado ministro del Ejército. Mantuvo este puesto hasta la llamada crisis de agosto de 1942, que supuso su salida del gobierno, si bien posteriormente Franco le nombraría alto comisario de España en Marruecos, cargo que desempeñaría hasta su fallecimiento en 1951. Se le otorgaría de manera póstuma el título nobiliario de marqués de Varela de San Fernando.
[16] Valentín Galarza Moranteb (El Puerto de Santa María, 22 de abril de 1882 – Madrid, 9 de junio de 1952) fue un militar español, conocido por su papel en lo prolegómenos de la Guerra Civil Española y durante los primeros años de la Dictadura franquista. Conocido por sus posturas monárquicas y antifalangistas, durante algún tiempo fue Ministro de la gobernación, así como miembro del Consejo Nacional del Movimiento y procurador en las Cortes franquistas.
[17] Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, marqués de Queipo de Llano (Tordesillas, 5 de febrero de 1875 – Sevilla, 9 de marzo de 1951) fue un militar español, teniente general del arma de Caballería, conocido por su participación en la guerra civil española. Educado en un seminario, combatió en la guerra hispano-estadounidense y en la guerra del Rif, ascendiendo a general de brigada en 1923. Aunque apoyó en un principio al dictador Miguel Primo de Rivera, sus críticas hacia su política provocaron su postergamiento y traslado a la reserva en 1928. Conspiró para derribar la monarquía alfonsina y dirigió la Cuartelada de Cuatro Vientos (1930), lo que le obligó a exiliarse en Portugal. Proclamada la República, fue nombrado capitán general de Madrid e inspector general del Ejército, contribuyendo de forma fundamental al éxito de las reformas militares de Manuel Azaña. Con posterioridad fue nombrado jefe del cuarto militar del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, del que llegaría a ser consuegro, hasta que renunció en 1933 a raíz de las críticas recibidas, dado su cargo, por una serie de injerencias en la vida política. Cada vez más descontento con el rumbo que iba tomando la política republicana, y en especial tras la destitución de Alcalá Zamora, fue junto con Mola y Sanjurjo uno de los cabecillas principales del golpe militar contra el gobierno del Frente Popular, cuyo fracaso parcial originó la guerra civil española. Con un número reducido de hombres, dirigió el golpe militar en Sevilla, uno de los baluartes frentepopulistas, e inició una fuerte represión que ocasionó solamente en Sevilla en el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y enero de 1937 la muerte de 3.028 personas. Se destacó por su uso de la radiodifusión como medio de guerra psicológica, con sus famosas charlas a través de Unión Radio Sevilla. Nombrado jefe del Ejército del Sur, asumió el gobierno militar y civil, y a lo largo de la guerra actuó con casi total independencia, lo que llevó a ser conocido como el «virrey de Andalucía». Ascendido a teniente general y condecorado con la Laureada de San Fernando tras su triunfo en la Guerra Civil, fue sin embargo cada vez más postergado por Franco, al que se refería con el pintoresco apodo de «Paca la Culona».
[18] Miguel Cabanellas Ferrer (Cartagena, 1 de enero de 1872-Málaga, 14 de mayo de 1938) fue un general del Ejército español y uno de los cabecillas del golpe de Estado de 1936 que desembocó en la guerra civil española
[19] Manuel Fal Conde (Higuera de la Sierra, 10 de agosto de 1894-Sevilla, 20 de mayo de 1975) fue un abogado y político español de ideología carlista, jefe delegado de la Comunión Tradicionalista entre 1935 y 1955. Ostentó los títulos de duque de Quintillo, grande de España y caballero de la Orden de la Legitimidad Proscrita.
[20] El de Havilland D.H.89 Dragon Rapide fue un avión de pasajeros de corto alcance de los años 30 desarrollado y producido por la compañía británica de Havilland. Diseñado como sucesor del D.H.84 Dragon, incluía las alas aflautadas y los cobertores de tren de aterrizaje aerodinámicos del aparato de 4 motores D.H.86 Express.
[21] Luis Antonio Bolín Bidwell (Málaga, 1894-ibídem, 3 de septiembre de 1969) fue un abogado y periodista español, jefe del Sindicato Nacional de Hostelería y Similares, procurador en Cortes durante las cuatro primeras legislaturas del período franquista (de 1942 a 1952). De 1952 a 1963 fue consejero de información de la embajada de España en Washington. Durante la II República Española fue agregado de prensa en la embajada de España en Londres, corresponsal de ABC y miembro de la secretaría de la Sociedad de Naciones. En febrero de 1936, Bolín jugó un papel importante en el alquiler del Dragon Rapide que trasladó el 18 de julio de 1936 al general Francisco Franco desde las islas Canarias a Tetuán vía Casablanca, y como recompensa, es nombrado capitán honorífico de la Legión. Lo contrató por encargo de Juan Ignacio Luca de Tena, director de ABC, junto con Juan de la Cierva.
David Odalric de Caixal i Mata: Historiador Militar, experto en Geoestrategia Internacional y Terrorismo yihadista. Asesor en materia de Seguridad y Defensa en HERTA SECURITY. Director del Área de Terrorismo y Defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG). Director del Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista (OCATRY) de INISEG.