El Directorio civil (1925-1930) / El nacimiento del Directorio civil
Como ha señalado la historiadora Ángeles Barrio, «la popularidad que le había dado a Primo de Rivera el éxito de la campaña de África le permitía dar un paso adelante en la continuidad del régimen, devolver el ejército a los cuarteles y emprender una fase civil del Directorio. De hecho, el 13 de diciembre de 1925 Primo de Rivera constituía su primer gobierno de tipo civil, en el que sin embargo los puestos clave –Presidencia, ocupada por él mismo, Vicepresidencia y Gobernación, por Severiano Martínez Anido, y guerra por Juan O’Donnell, duque de Tetuán- se reservaban a militares. En el mismo acto de presentación del gobierno, para salir del paso de las especulaciones, cada vez más insistentes en diversos sectores, sobre la necesidad de una salida constitucional, Primo de Rivera hizo pública su intención de mantener en suspenso la Constitución y de no convocar elecciones» Con el Directorio civil Primo de Rivera restableció el Consejo de Ministros con las carteras tradicionales y con una composición mitad civiles y mitad militares. Los civiles pertenecían a la Unión Patriótica, y entre ellos destacaban las «las estrellas ascendentes del autoritarismo corporativo: José Calvo Sotelo [un antiguo «maurista» que en los dos años anteriores había ocupado la Dirección General de Administración Local] en Hacienda, Eduardo Aunós en Trabajo y el conde de Guadalhorce en Fomento». Otro ministro destacado era el conservador José Yanguas Messía. Según Genoveva García Queipo de Llano, con el nombramiento del Directorio civil Primo de Rivera, «afirmaba su voluntad de permanecer en el poder y no marcaba ningún camino preciso para salir del régimen dictatorial».
La fracasada institucionalización del régimen
El primer paso hacia la institucionalización del régimen fue la fundación en abril de 1924 del «partido único» Unión Patriótica y el segundo la formación del «Directorio civil» en diciembre de 1925. Los pasos siguientes fueron el establecimiento de la Organización Corporativa Nacional y la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva encargada de elaborar un proyecto de nueva Constitución.
Primo de Rivera había prometido a los sectores obreros una actitud de «paternal intervención» para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, que se concretó en la creación en noviembre de 1926 de la Organización Corporativa Nacional (OCN), una institución que regularía las relaciones entre trabajadores y empresarios bajo la «supervisión» del Estado, y cuyo impulsor fue el ministro de Trabajo Eduardo Aunós, antiguo miembro de la Liga Regionalista y defensor del catolicismo social. La idea de la OCN estaba inspirada en la doctrina social de la Iglesia aunque también estaba influida por el modelo corporativo fascista, dado el papel «tutelar» que se concedía al Estado. Según Ángeles Barrio, el objetivo último de la OCN era garantizar la paz social mediante una política de intervención en el mundo del trabajo —lo que denomina como «corporativismo social»—
La OCN constaba de un primer escalón formado por comités paritarios; un segundo escalón constituido por las comisiones mixtas provinciales y, finalmente, un tercero, formado por los consejos de la corporación de cada oficio, que constituían el órgano superior. La representación de patronos y obreros era igual en cada paso –cinco por cada lado y la labor presidencial era ejercida por un representante del gobierno. Primo de Rivera ofreció la representación de la clase obrera en la OCN al sindicato socialista, la Unión General de Trabajadores, lo que creó un importante elemento de división interna entre las socialistas, ya que la UGT aceptó el ofrecimiento. «El plan que Primo de Rivera proponía a la UGT era ventajoso para el desarrollo y ensanchamiento de sus bases sindicales y para su representatividad en el ámbito de las relaciones laborales, que venía disputándosela con la CNT desde los primeros años del siglo», afirma Ángeles Barrio, pero como alega esta misma historiadora la colaboración de la UGT con la Dictadura produjo una honda fractura en el socialismo español, ya que algunos líderes como Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos se opusieron a ella por considerarla injustificada y oportunista. El 13 de septiembre de 1926, tercer aniversario del golpe de Estado que le llevó al poder, Primo de Rivera realizó un plebiscito informal para demostrar que contaba con el respaldo popular y presionar así al rey para que aceptara su propuesta de convocar una Asamblea Consultiva, no elegida. Durante un año Alfonso XIII se resistió, pero en septiembre de 1927, firmó la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva que debería «preparar y presentar escalonadamente al gobierno en un plazo de tres años y con carácter de anteproyecto, una legislación general y completa que a su hora ha de someterse a un sincero contraste de opinión pública y, que en la parte que proceda, a la real sanción». Esta Asamblea se reunió en febrero de 1928 y la mayoría de sus cerca de 400 miembros fueron nombrados directamente o indirectamente por el gobierno, y sólo unos sesenta habían sido antes diputados, senadores o ministros. En el Real Decreto-ley de 12 de septiembre de 1927 que la fundó, se decía que «no ha de ser un Parlamento, no legislará, no compartirá soberanías», sino un «órgano de información, controversia y asesoramiento de carácter general que colaborará con el Gobierno». Era «una asamblea corporativa, dependiente por completo del poder ejecutivo», «con miembros elegidos por los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las uniones patrióticas, los órganos del Estado y representantes destacados de la Administración, el ejército, la justicia o la Iglesia junto a otros representantes del trabajo, el comercio, la cultura, las artes y demás actividades por el gobierno, y pretendía ser la expresión de un modelo tripartito de representación –Administración, Sociedad y Partido- que tenía sus raíces en el corporativismo clásico y en el corporativismo fascista italiano». Un fuerte revés para el proyecto de Primo de Rivera fue la negativa de los socialistas a participar en la Asamblea Nacional Consultiva, en principio motivada porque los puestos les habían sido asignados sin elección, pero cuando Primo de Rivera más tarde aceptó que fueran elegidos por el sindicato UGT, los socialistas mantuvieron su negativa. El socialista que más fuertemente se opuso a la participación fue Indalecio Prieto, mientras que Francisco Largo Caballero o Julián Besteiro siguieron defendiendo la colaboración con el régimen —Besteiro argumentó que por qué no habrían de ir los socialistas a la Asamblea si habían participado en las Cortes Generales que, a su juicio, eran tan ilegítimas como aquélla—. Por otro lado, las Universidades, cada vez más enfrentadas con el régimen, tampoco enviaron representantes. La sección primera de la Asamblea, presidida por José Yanguas Messía, con José María Pemán de secretario, y Antonio Goicoechea, Víctor Pradera y César Silió, entre sus vocales, presentó en el verano de 1928 una propuesta de Carta otorgada, como la calificó el reputado jurista Mariano Gómez, aunque fue presentada como anteproyecto de «Constitución de la Monarquía Española», a pesar de que rompía completamente con la historia del constitucionalismo español. El anteproyecto de Constitución –llamado Estatuto Fundamental de la Monarquía, y que fue redactado por José María Pemán[1], Gabriel Maura Gamazo y Juan de la Cierva[2] tenía un carácter fuertemente autoritario ya que limitaba el ejercicio de los derechos, no establecía la división de poderes y sólo la mitad de la Cámara (única) era elegida por sufragio universal, mientras que la otra mitad era designada por las «corporaciones» y por el rey. El anteproyecto no satisfizo a nadie, ni siquiera a Primo de Rivera, debido al excesivo peso que se concedía a la Corona. Así un año después de su presentación el anteproyecto se hallaba completamente estancado, por lo que el debate político se centró ya en la apertura de un verdadero «período constituyente». Como ha señalado Genoveva García Queipo de Llano, «lo que acabó por arruinar a la Dictadura como fórmula política fue su propia incapacidad para encontrar una fórmula institucional diferente a la del pasado».
La política exterior
El éxito en la pacificación de Marruecos tras el desembarco de Alhucemas impulsó una política exterior más «agresiva». Primo de Rivera exigió que Tánger, ciudad marroquí que contaba con una importante comunidad española o de origen español, se integrara en el Protectorado español de Marruecos. En esto fue apoyado por Mussolini, lo que levantó las suspicacias de Francia y de Gran Bretaña, garantes del estatuto internacional de Tánger. Al mismo tiempo exigió también que España tuviera un puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones, amenazando con una retirada de la organización si no lo obtenía. Pero Primo de Rivera no alcanzó ninguno de los dos objetivos. En cuanto a Tánger obtuvo algunas concesiones administrativas y militares, pero la ciudad mantuvo su status internacional, y en cuanto a la Sociedad de Naciones Primo de Rivera tuvo que conformarse con que una de las reuniones de la misma se celebrara en Madrid. Estos fracasos llevaron a Primo de Rivera a reorientar su política exterior hacia Portugal y hacia Hispanoamérica, un término que empezó a difundirse entonces.
Así la Dictadura patrocinó el viaje del Plus Ultra[3], un hidroavión pilotado por el comandante Ramón Franco[4] que salió de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926 y llegó a Buenos Aires dos días después, tras haber hecho escala en las islas Canarias y en las de Cabo Verde. Un objetivo similar -estrechar los lazos entre la «madre patria» y las repúblicas americanas- tuvo la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.
La política económica
La Dictadura centró su propaganda en los logros económicos, pero lo cierto es que en el notable crecimiento económico que se produjo en esos años tuvo mucho que ver la favorable coyuntura internacional —los «Felices Años Veinte»—. Su política económica se basó en una mayor intervención del Estado, a través de organismos como el Consejo de Economía Nacional creado en 1924 (sin cuyo permiso no podía, por ejemplo, instalarse ninguna industria nueva), y en el proteccionismo de la «producción nacional». Dos logros importantes de la misma fueron la creación en junio de 1927 de CAMPSA, la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, y de la Compañía Telefónica Nacional de España, con capital mayoritario de la ITT norteamericana. Pero donde más se hizo patente la política económica intervencionista de la Dictadura fue en las obras públicas, desde las obras hidráulicas —para cuyo aprovechamiento integral (energético, de riegos y de transporte) se crearon las Confederaciones Hidrográficas— a las carreteras (en 1926 se fundó el Circuito Nacional de Firmes Especiales que realizó unos 7.000 kilómetros de carreteras) y los ferrocarriles. También se llevó la electricidad al mundo rural. En realidad, según Ángeles Barrio, «nacionalismo económico a ultranza, intervencionismo y miedo a la competencia eran máximas ya tradicionales de la política económica en España, y Primo de Rivera sólo hizo que se desarrollaran y que alcanzaran en los años de la dictadura su máxima expresión». Para financiar el considerable aumento del gasto público que supuso la política económica intervencionista de la dictadura, no se puso en marcha ningún tipo de reforma fiscal que incrementara los ingresos, por lo que se tuvo que recurrir a la emisión de Deuda, lo que produjo un fuerte endeudamiento exterior e interior, poniendo en riesgo la estabilidad de la peseta
La caída de la Dictadura
La historiadora Genoveva García Queipo de Llano sitúa el inicio de la decadencia de la Dictadura a mediados de 1928, momento en que confluyeron varios factores: el agravamiento de la diabetes que padecía Primo de Rivera, y que poco después de dejar el poder le llevaría a la muerte; el fracaso de la Dictadura para instaurar un régimen nuevo; y el papel creciente de la oposición, a la que se sumó un sector del Ejército que organizó varias conspiraciones armadas contra el régimen. Ángeles Barroso la sitúa un poco antes, a finales de 1927, cuando con la constitución de la Asamblea Nacional Consultiva quedó claro que Primo de Rivera, a pesar que desde el principio había presentado su régimen como «temporal», no tenía ninguna intención de volver a la situación anterior a septiembre de 1923. Los sectores sociales y políticos que inicialmente habían prestado su apoyo a la Dictadura fueron retirándoselo: los nacionalismos periféricos cuando la Dictadura incumplió lo prometido sobre la «descentralización» y acabó disolviendo la Mancomunitat de Cataluña; las organizaciones empresariales descontentas con la «injerencias» de la UGT en sus empresas —«la UGT reforzó sus organizaciones y comenzó a extenderlas a la agricultura, lo que subvertía las tradicionales relaciones entre jornaleros y patronos en el campo. En las ciudades, donde lo que dominaba era el pequeño y mediano patrono, el auge del poder sindical se traducía en obligaciones respecto a horarios, jerarquías de oficios, definición de tareas y de salarios a los que no estaban acostumbrados»—; los sectores intelectuales y universitarios que abandonaron su «benévola expectativa», desengañados con su «regeneracionismo» conservador; diversos grupos sociales y políticos liberales que veían cómo la Dictadura pretendía perpetuarse en el poder, incumpliendo su promesa de ser un «régimen temporal»; etc. La progresiva pérdida de apoyos sociales de la Dictadura, hizo que el rey comenzara «a considerar que tal vez la Corona corría algún riesgo si seguía atada a la figura del dictador».
El conflicto de la Dictadura con los intelectuales tuvo un primer episodio en 1924 cuando Primo de Rivera expedientó a varios catedráticos –Luis Jiménez de Asúa, Fernando de los Ríos- por haberse solidarizado con Miguel Unamuno, que había sido destituido de sus cargos en la Universidad de Salamanca y desterrado a Fuerteventura, por las críticas que había hecho al régimen dictatorial. El conflicto se acentuó cuando muchos intelectuales apoyaron las protestas de los estudiantes universitarios, que fueron respondidas por la Dictadura expulsando y desterrando a varios de ellos, incluido el líder del movimiento Antonio María Sbert[5]. Estas movilizaciones estudiantiles fueron protagonizadas por la Federación Universitaria Escolar (FUE), fundada en 1929
En el Ejército el principal conflicto surgió con el Cuerpo de Artillería, a causa de su completo desacuerdo con la escala abierta de ascensos —es decir, ascensos no sólo por antigüedad sino también por méritos— propuesta por la Dictadura. La respuesta de Primo de Rivera fue, primero, suspender a todos los oficiales del arma en septiembre de 1926 y, después, disolverla. Alfonso XIII intentó mediar en el conflicto proponiendo una especie de pacto entre caballeros, pero Primo de Rivera se opuso radicalmente al pacto, amenazando con dimitir y recordándole al rey que el Ejército estaba bajo su mando. La disolución del arma suscitó la solidaridad de otros militares con los artilleros, a pesar de que inicialmente habían apoyado la escala abierta de ascensos. La aceptación final del rey de la disolución del arma fue interpretada por los artilleros como una connivencia entre Alfonso XIII y Primo de Rivera. «Desde entonces, un sector importante del ejército adoptó una postura republicana». Además, «el conflicto con los artilleros no dejó de tener repercusiones en los sucesivo, y la más importante de ellas fue que acentuó el progresivo distanciamiento del rey». Hubo dos intentos de golpe de estado para desbancar a Primo de Rivera del poder y retornar al sistema constitucional. El primero fue conocido como la Sanjuanada porque estaba previsto para el 24 de junio de 1926. En la conspiración participaron los generales liberales Weyler y Aguilera, y destacados miembros de la «vieja política» como Melquiades Álvarez. El segundo intento de golpe tuvo lugar en enero de 1929 en Valencia y su principal protagonista fue el político conservador José Sánchez Guerra[6]. En este último intento también tuvieron un papel destacado los artilleros. Entre los dos intentos se produjo el llamado complot de Prats de Molló[7], una fracasada invasión de España desde la Cataluña francesa dirigida por Francesc Macià y su partido Estat Catalá, y en la que colaboraron grupos anarcosindicalistas catalanes de la CNT. Los intentos de golpes de estado eran una novedad que había legitimado la propia Dictadura -era lícito recurrir a la fuerza militar (al viejo pronunciamiento) para derribar un gobierno y cambiar un régimen– y «en este sentido, la Dictadura fue como un retorno a la política del siglo XIX», afirma Santos Juliá- Al tiempo que la Dictadura fue perdiendo apoyos, crecieron los grupos de oposición. Entre los miembros de los partidos del turno, de la vieja política, que se enfrentaron a la Dictadura destacó el conservador José Sánchez Guerra, quien, tal como había prometido, cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente se exilió de España, y más tarde participó en el intento de golpe de estado de enero de 1929. Pero los partidos del turno como tales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, prácticamente habían desaparecido como consecuencia de su desalojo del poder y de la política de la Dictadura de «descuaje del caciquismo». Algunos de sus miembros se integraron en la Unión Patriótica y otros, como Sánchez Guerra o Manuel de Burgos y Mazo[8], del partido conservador, o Santiago Alba, del liberal, se unieron al Bloque Constitucional fundado por el reformista Melquiades Álvarez[9], que defendía la abdicación de Alfonso XIII y la convocatoria de Cortes Constituyentes. Otros se pasarían abiertamente al campo republicano, como Niceto Alcalá-Zamora[10] y Miguel Maura Gamazo, que fundaron la Derecha Liberal Republicana
Por su parte, los republicanos se vieron reforzados por el nuevo Grupo de Acción Republicana de Manuel Azaña[11] —un antiguo miembro del Partido Reformista de Melquiades Álvarez—, y alcanzaron la unidad de acción con la «Alianza Republicana», fundada en febrero de 1926, en el aniversario de la Primera República Española Formaban parte de la Alianza los viejos Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux –del que en diciembre de 1929 se desgajó el Partido Republicano Radical-Socialista, de Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz[12]— y Partido Republicano Democrático Federal, junto con las nuevas formaciones de Acción Republicana de Azaña y el Partit Republicà Català[13], fundado por Marcelino Domingo y Lluís Companys[14]. Como ha señalado Ángeles Barrio, «la importancia de la Alianza estribaba en que representaba una renovación del republicanismo capaz de lograr, como se demostró a raíz de la proclamación de la Segunda República Española, lo que hasta entonces no le había sido posible: atraer al proyecto político de la República a unas bases sociales principalmente urbanas, de clases medias y medias bajas, así como a amplios sectores de los trabajadores». Ante la progresiva pérdida de apoyos sociales y políticos y ante el crecimiento de los sectores que se oponían a la Dictadura, a lo que se añadió un factor personal —se estaba agravando la diabetes que padecía—, Primo de Rivera pretendió reforzar su posición ante la Corona y buscó el apoyo directo del Ejército —el otro pilar en el que se sustentaba su poder—. Pero la respuesta de los capitanes generales fue demasiado tibia —les había enviado una carta solicitando su apoyo para continuar— por lo que presentó su dimisión al rey en enero de 1930, que le fue aceptada en el acto. «Alfonso XIII, que era desde hacía seis años un rey sin Constitución, nombró al general Dámaso Berenguer [entonces jefe de la casa militar del rey] presidente del gobierno con el propósito de retornar a la normalidad constitucional». Tras su dimisión, Primo de Rivera salió de España y poco después fallecía en un modesto hotel de París.
“Dictablanda” del General Berenguer
El encargo que le hizo el rey al general Berenguer de retornar a la «normalidad constitucional» no era posible si lo que se pretendía era volver simplemente a la situación previa al golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923, es decir, sin tener en cuenta la vinculación que había existido entre la Corona y la Dictadura. Pero ese fue el error que cometieron el rey y su gobierno porque desde 1923 Alfonso XIII era un rey sin Constitución, y su poder durante ese tiempo no había estado legitimado por ella, sino por el golpe de Estado que el rey aceptó. La Monarquía se había vinculado a la Dictadura y ahora pretendía sobrevivir cuando la Dictadura había caído. El general Berenguer tuvo muchos problemas para conformar su gobierno porque los partidos dinásticos, el Partido Liberal-Fusionista y el Partido Conservador, después de seis años de Dictadura habían dejado de existir, ya que nunca fueron verdaderos partidos políticos sino redes clientelares cuyo único fin era ocupar el poder cada cierto tiempo, gracias al fraude electoral institucionalizado del sistema caciquil. A título individual la mayoría de los políticos de los partidos del turno se negaron a colaborar por lo que Berenguer sólo pudo contar con el sector más reaccionario del conservadurismo que encabezaba Gabino Bugallal[15]. Así pues, la Monarquía no tuvo a su disposición ninguna organización política capaz de conducir el proceso de transición. La política que llevó adelante el gobierno Berenguer tampoco ayudó a «salvar» a la Monarquía. La lentitud con que se fueron aprobando las medidas liberalizadoras, hizo dudar de que el objetivo del gobierno fuera realmente restablecer la «normalidad constitucional». Por eso en la prensa se comenzó a calificar al nuevo poder como “dictablanda” Entonces algunos políticos de los partidos dinásticos se definieron como «monárquicos sin rey» (como Angel Ossorio y Gallardo) y otros se pasaron al campo republicano (Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, y Niceto Alcalá Zamora, que fundaron el nuevo partido de la Derecha Liberal Republicana) A lo largo de 1930 se fueron acumulando todos los síntomas que anunciaban que no sería posible la vuelta a la situación anterior a 1923, porque la Monarquía estaba aislada. Los sectores sociales que siempre la habían apoyado, como los patronos y los empresarios, comenzaron a abandonarla porque desconfiaban de su capacidad para salir de «aquel embrollo». Tampoco dispuso la Monarquía del apoyo de la clase media —la influencia de la Iglesia en este sector estaba reduciéndose sustituida por las ideas democráticas y socialistas—, y los intelectuales y los estudiantes universitarios mostraron claramente su rechazo al rey
Uno de los pocos apoyos con que contaba la Monarquía era la Iglesia católica —que le guardaba reconocimiento por haber restaurado su tradicional posición en la sociedad—, pero ésta se hallaba a la defensiva frente a la marea de republicanismo y democracia que estaba viviendo el país. El otro apoyo era el Ejército, que acababa de pasar por una experiencia de poder que había abierto brechas en su seno y en un sector del mismo se estaba resquebrajando la fidelidad al rey. Los cambios sociales y de valores que se habían producido en los últimos treinta años no eran nada favorables al restablecimiento del sistema de poder de la Restauración. Esto, unido a la identificación que se produjo entre Dictadura y Monarquía, explica el súbito auge del republicanismo en las ciudades. Así, en ese rápido proceso de politización, las clases populares y las clases medias urbanas llegaron a la conclusión —como la Dictadura acababa de demostrar—que Monarquía era igual a despotismo y democracia era igual a República. En 1930 «la hostilidad frente a la Monarquía se extendió como un huracán imparable por mítines y manifestaciones por todas España»; «la gente comenzó a echarse alegremente a la calle, con cualquier pretexto, a la menor ocasión, para vitorear a la República». A la causa republicana también se sumaron los intelectuales que formaron la Agrupación al Servicio de la República (encabezada por José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala) El día 17 de agosto de 1930 tuvo lugar el llamado Pacto de San Sebastián en la reunión promovida por la Alianza Republicana en la que al parecer (ya que no se levantó acta escrita de la misma) se acordó la estrategia para poner fin a la Monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española. A la reunión asistieron según consta en la «Nota oficiosa» hecha pública al día siguiente, por la Alianza Republicana, Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical, y Manuel Azaña, del Grupo de Acción Republicana; por el Partido Radical-Socialista, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz[16] y Ángel Galarza[17]; por la Derecha Liberal Republicana, Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura; por Acción Catalana, Manuel Carrasco Formiguera[18]; por Acción Republicana de Cataluña, Matías Mallol Bosch; por Estat Català, Jaume Aiguader[19]; y por la Federación Republicana Gallega, Santiago Casares Quiroga. A título personal también asistieron Indalecio Prieto, Felipe Sánchez Román, y Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo. Gregorio Marañón no pudo asistir, pero envió una «entusiástica carta de adhesión».
En octubre de 1930 se sumaron al Pacto, en Madrid, las dos organizaciones socialistas, el PSOE y la UGT, con el propósito de organizar una huelga general que fuera acompañada de una insurrección militar que metiera a «la Monarquía en los archivos de la Historia», tal como se decía en el manifiesto hecho público a mediados de diciembre de 1930. Para dirigir la acción se formó un comité revolucionario integrado por Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Santiago Casares Quiroga y Luis Nicolau d’Olwer, por los republicanos, e Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero, por los socialistas. La CNT, por su parte, continuaba su proceso de reorganización (aunque al levantarse su prohibición sólo se le dejó reconstituirse a nivel provincial), y de acuerdo con su ideario libertario y «antipolítico» no participó en absoluto en la conjunción republicano-socialista, por lo que continuaría actuando en la práctica como un «partido antisistema” de izquierda revolucionaria. El comité revolucionario republicano-socialista, presidido por Alcalá Zamora, que celebraba sus reuniones en el Ateneo de Madrid, preparó la insurrección militar que sería arropada en la calle por una huelga general. Este recurso a la violencia y a las armas para alcanzar el poder y cambiar un régimen político lo había legitimado el propio golpe de estado que trajo la Dictadura. Sin embargo, la huelga general no llegó a declararse y el pronunciamiento militar fracasó fundamentalmente porque los capitanes Fermín Galán[20] y Ángel García Hernández[21] sublevaron la guarnición de Jaca el 12 de diciembre, tres días antes de la fecha prevista. Estos hechos se conocen como Sublevación de Jaca y los dos capitanes insurrectos fueron sometidos a un consejo de guerra sumarísimo y fusilado. Este hecho movilizó extraordinariamente a la opinión pública en memoria de estos dos «mártires» de la futura República.
El gobierno del almirante Aznar y la caída de la Monarquía
A pesar del fracaso de la acción en favor de la República dirigida por el comité revolucionario, cuyos miembros, unos fueron detenidos y otros huyeron fuera del país o se escondieron, el general Berenguer se sintió obligado a restablecer la vigencia del artículo 13 de la Constitución de 1876 (que reconocía las libertades públicas de expresión, reunión y asociación) y convocar por fin las elecciones generales para el 1 de marzo de 1931 con el objetivo de llegar a constituir un Parlamento que, enlazando con las Cortes anteriores a la última etapa [la Dictadura de Primo de Rivera] restableciera en su plenitud el funcionamiento de las fuerzas cosoberanas [el rey y las Cortes] que son eje de la Constitución de la Monarquía Española. No se trataba, pues, ni de Cortes Constituyentes, ni de unas Cortes que pudieran acometer la reforma de la Constitución, por lo que la convocatoria no encontró ningún apoyo, ni siquiera entre los monárquicos de los partidos del turno. El 13 de febrero de 1931 el rey Alfonso XIII ponía fin a la «dictablanda» del general Berenguer y nombraba nuevo presidente al almirante Juan Bautista Aznar[22], tras intentar sin éxito que aceptara el cargo el liberal Santiago Alba y el conservador «constitucionalista» Rafael Sánchez Guerra (quien se entrevistó con los miembros del «comité revolucionario» que estaban en la cárcel para pedirles que participaran en su gabinete, a lo que éstos se negaron: «Nosotros con la Monarquía nada tenemos que hacer ni que decir», le respondió Miguel Maura). Aznar formó un gobierno de “concentración monárquica” en el que entraron viejos líderes de los partidos liberal y conservador, como el conde de Romanones, Manuel García Prieto, Gabriel Maura Gamazo, hijo de Antonio Maura, y Gabino Bugallal El gobierno propuso un nuevo calendario electoral: se celebrarían primero elecciones municipales el 12 de abril, y después elecciones a Cortes que tendrían el carácter de Constituyentes, por lo que podrían proceder a la revisión de las facultades de los Poderes del Estado y la precisa delimitación del área de cada uno (es decir, reducir las prerrogativas de la Corona) y a una adecuada solución al problema de Cataluña. El 20 de marzo, en plena campaña electoral, se celebró el consejo de guerra contra el «comité revolucionario» que había dirigido el movimiento cívico-militar que había fracasado tras la sublevación de Jaca. El juicio se convirtió en una gran manifestación de afirmación republicana y los acusados recuperaron la libertad. Todo el mundo entendió las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 como un plebiscito sobre la Monarquía, por lo que cuando se supo que las candidaturas republicano-socialistas habían ganado en 41 de las 50 capitales de provincia (era la primera vez en la historia de España que un gobierno era derrotado en unas elecciones, aunque en las zonas rurales habían ganado los monárquicos porque el viejo caciquismo seguía funcionando), el comité revolucionario hizo público un comunicado afirmando que el resultado de las elecciones había sido «desfavorable a la Monarquía [y] favorable a la República» y anunció su propósito de actuar con energía y presteza a fin de dar inmediata efectividad a [los] afanes [de esa España, mayoritaria, anhelante y juvenil] implantando la República. El martes 14 de abril se proclamó la República desde los balcones de los ayuntamientos ocupados por los nuevos concejales y el rey Alfonso XIII se vio obligado a abandonar el país. Ese mismo día el comité revolucionario se convirtió en el Primer Gobierno Provisional de la Segunda República Española
[1] José María Pemán y Pemartín (Cádiz, 8 de mayo de 1897 – ibídem, 19 de julio de 1981) fue un escritor español, que cultivó todos los géneros literarios, destacando como periodista, dramaturgo y poeta, además de notable orador. Adscrito ideológicamente al monarquismo tradicional, fue uno de los principales apologistas de la Dictadura de Primo de Rivera y un ídolo intelectual de las derechas durante los años de la Segunda República. Entre otros reconocimientos, recibió el de Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro
[2] Juan de la Cierva y Codorníu (Murcia, 21 de septiembre de 1895-Croydon, 9 de diciembre de 1936) fue un inventor y científico aeronáutico español, ingeniero de caminos, canales y puertos y aviador. Inventó el autogiro, aparato precursor del actual helicóptero.
[3] Plus Ultra fue el hidroavión de la Aeronáutica Militar española que realizó por primera vez un vuelo entre España y América, despegando el 22 de enero de 1926 frente a La Rábida en Palos de la Frontera (Huelva) con destino Buenos Aires, adonde llegó el 10 de febrero de ese mismo año. El raid del Plus Ultra siguió aproximadamente la ruta tomada en 1922 por los aviadores portugueses Sacadura Cabral y Gago Coutinho, en la primera travesía aérea del Atlántico sur (de Lisboa a Río de Janeiro), para la que necesitaron tres hidroaviones sucesivos, debido a las averías mecánicas. Los cuatro tripulantes del hidroavión fueron el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, todos ellos españoles
[4] Ramón Franco Bahamonde (Ferrol, 2 de febrero de 1896-mar Mediterráneo, 28 de octubre de 1938) fue un militar, aviador y político español. Hermano más joven del general Francisco Franco, pasó a la historia por la hazaña del vuelo del Plus Ultra, hecho que lo convirtió en un héroe de su época.
[5] Durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera fue líder de los movimientos estudiantiles de oposición al dictador, razón por la cual en 1925 fue expulsado de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid y desterrado en Cuenca. En 1928 fue presidente de la Federación Universitaria Escolar de Madrid (FUE), y en 1929 del Comité Pro Unión Federal de Estudiantes Hispanos. En marzo del 1929 fue detenido y expulsado de la Universidad, lo que provocó graves disturbios y su confinamiento en Mallorca. Al proclamarse la Segunda República fue liberado. Fue uno de los miembros fundadores de Esquerra Republicana de Catalunya, formación con la que fue elegido diputado en las elecciones generales españolas de 1931 e intervino en la discusión del estatuto proyectado para las Islas Baleares. Después fue nombrado vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales y director del Instituto de Acción Universitaria y Escolar. En junio de 1936 firmó la respuesta a los catalanes que los intelectuales mallorquines dirigieron al pueblo de Mallorca para recuperar la cultura catalana, y en noviembre de 1936 firmó el manifiesto de los intelectuales catalanes a favor de la República. Fue uno de los promotores de la expedición de Bayo el 19 de agosto de 1936 en Mallorca, y fue Consejero de Cultura (diciembre de 1936 – abril de 1937) y de Gobernación y Asistencia Social (junio de 1937) de la Generalidad de Cataluña. Al acabar la guerra civil se exilió en Francia y creó la Fundación Ramon Llull, pero la invasión nazi lo obligó a trasladarse en México, donde fue uno de los impulsor la Revista de Catalunya y representó a la Generalidad de Cataluña en el exilio.
[6] José Sánchez Guerra y Martínez (Córdoba, 28 de junio de 1859 – Madrid, 26 de enero de 1935) fue un abogado, periodista y político español, varias veces ministro y presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII. Miembro en sus primeros tiempos del Partido Liberal, con posterioridad se pasó a las filas del Partido Conservador, donde sería una figura destacada. Llegaría a ejercer como ministro de Gobernación, de Fomento y de la Guerra, y también como presidente del Consejo de Ministros. Diputado a Cortes, llegaría a asumir presidencia del Congreso de los Diputados
[7] El complot de Prats de Molló, más conocido en la historiografía catalana como los hechos de Prats de Molló, fets de Prats de Molló (por el topónimo en catalán de localidad del Rosellón francés Prats-de-Mollo-la-Preste), fue un intento de invasión militar de Cataluña efectuado desde Francia para conseguir su independencia planeado por Francesc Macià y la dirección del partido Estat Català, descubierta y abortada en 1926. El plan consistía en la penetración de dos columnas (una desde Saint-Laurent-de-Cerdans; la otra, desde el Coll d’Ares), que tenían que ocupar Olot y proclamar la República Catalana.
[8] Manuel de Burgos y Mazo (Moguer, 12 de enero de 1862 – ibídem, 22 de marzo de 1946) fue un político, escritor y abogado español, ministro de Gracia y Justicia y ministro de Gobernación durante el reinado de Alfonso XIII
[9] Melquíades Álvarez González-Posada (Gijón, 17 de mayo de 1864-Madrid, 22 de agosto de 1936) fue un político y jurista español que llegó a desempeñar el cargo de presidente del Congreso de los Diputados durante la Restauración borbónica. En sus inicios se adscribió al republicanismo de Nicolás Salmerón, para fundar en 1912 el Partido Reformista, en el que militaron miembros de la intelectualidad española del momento, como Benito Pérez Galdós, Manuel Azaña, José Ortega y Gasset y Manuel García Morente. El 22 de agosto de 1936 se encontraba confinado en la Cárcel Modelo tras el inicio de la Guerra Civil; tras ser tomada la cárcel por una turba de milicianos de izquierdas y haberse producido una liberación de presos comunes en una secuencia iniciada por un incendio en el recinto, fue asesinado en la noche del 22 al 23 al efectuarse una ejecución sumaria en el sótano de la prisión.
[10] Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Priego de Córdoba, 6 de julio de 1877-Buenos Aires, 18 de febrero de 1949) fue un político y jurista español que ocupó varios ministerios durante el reinado de Alfonso XIII, la presidencia del gobierno provisional de la II República y, finalmente, el cargo de presidente de la República Española entre 1931 y 1936.
[11] Manuel Azaña Díaz (Alcalá de Henares, 10 de enero de 1880-Montauban, 3 de noviembre de 1940) fue un político, escritor y periodista español presidente del Consejo de Ministros (1931-1933) y presidente de la Segunda República (1936-1939). Destaca su labor en torno a las reformas que implementó durante su gobierno, el llamado bienio social-azañista, y por su papel como jefe del bando republicano durante la guerra civil española
[12] Álvaro de Albornoz Liminiana (Luarca, 13 de junio de 1879 – Ciudad de México, 22 de octubre de 1954) fue un político, abogado, escritor español y Jefe del Gobierno republicano en el exilio
[13] El Partit Republicà Català fue un partido político español, de ámbito circunscrito a Cataluña, fundado en 1917, de carácter republicano y catalanista. Tuvo una notable presencia en la política catalana entre 1917 y 1931 cuando, liderado por Lluís Companys, se fusionó con otras organizaciones para fundar Esquerra Republicana de Catalunya
[14] Lluís Companys i Jover (Tarrós, 21 de junio de 1882-Barcelona, 15 de octubre de 1940) fue un político y abogado español, de ideología catalanista y republicana, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, ministro de Marina de España en 1933 y presidente de la Generalidad de Cataluña desde 1934 hasta 1940. Exiliado tras la Guerra Civil, fue capturado en Francia por la Gestapo, a petición de la policía franquista y trasladado a España, donde fue torturado, sometido a un consejo de guerra y finalmente fusilado en el castillo de Montjuic.
[15] Gabino Bugallal Araújo, II Conde de Bugallal (Ponteareas, España, 19 de febrero de 1861 – París, Francia, 30 de junio de 1932), jurisconsulto y político español
[16] Álvaro de Albornoz Liminiana (Luarca, 13 de junio de 1879 – Ciudad de México, 22 de octubre de 1954) fue un político, abogado, escritor español y Jefe del Gobierno republicano en el exilio
[17] Ángel Galarza Gago (Madrid, 4 de noviembre de 1891-París, 26 de julio de 1966) fue un jurista y político español, miembro sucesivamente del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) –a cuya fundación contribuyó en 1929–, del Partido Republicano Radical Socialista Independiente (PRRSI) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ocupó los cargos de fiscal general de la República, director general de Seguridad y ministro de la Gobernación durante la Segunda República Española y la posterior guerra civil
[18] Manuel Carrasco Formiguera (Barcelona, 3 de abril de 1890-Burgos, 9 de abril de 1938) fue un abogado y político español de ideología democristiana del nacionalismo catalán del primer tercio del siglo XX, murió fusilado en el transcurso de la guerra civil.
[19] Jaime Aguadé Miró, también Jaime Ayguadé Miró, Jaime Aiguadé Miró, Jaime Aiguader Miró o Jaume Aiguader i Miró (Reus, Tarragona, 1882-México D. F., 1943), fue un médico, político y escritor republicano español que militó en el nacionalismo catalán. Estuvo casado con la pintora Carme Cortès i Lladó.
[20] Fermín Galán Rodríguez (San Fernando, 4 de octubre de 1899-Huesca, 14 de diciembre de 1930) fue un militar español, ejecutado en las postrimerías del régimen de la Restauración tras la fallida sublevación de Jaca. Fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando por su papel con la Legión Española en la Guerra del Rif.
[21] Miguel Ángel García Hernández (Vitoria; 1900-Huesca; 14 de diciembre de 1930) fue un militar español que encabezó el intento insurreccional republicano conocido como sublevación de Jaca, junto con Fermín Galán Rodríguez.
[22] Juan Bautista Aznar-Cabañas según unas fuentes y Juan Bautista Aznar-Cabanas según otras (natural de La Coruña según unas fuentes o de Cádiz según otras;1860 y fallecido en Madrid; 1933) fue un almirante y político español. Fue el último presidente del Consejo de Ministros de la monarquía de Alfonso XIII, previo a la instauración de la Segunda República.
David Odalric de Caixal i Mata: Historiador Militar, experto en Geoestrategia Internacional y Terrorismo yihadista. Asesor en materia de Seguridad y Defensa en HERTA SECURITY. Director del Área de Terrorismo y Defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG). Director del Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista (OCATRY) de INISEG. Director de OSI Foundation (Occidental Studies Institute)