Periodo Constitucional del Reinado de Alfonso XIII (1902-1923) / Los primeros años (1902-1907): fraccionamiento de los partidos del turno e intervencionismo del Rey
Cuando Alfonso XIII, con dieciséis años, accedió al trono en mayo de 1902 el gobierno estaba presidido por Práxedes Mateo Sagasta, anciano líder del Partido Liberal, uno de los dos partidos del turno junto con el Partido Conservador. Estuvo en el poder hasta diciembre de ese año —Sagasta moriría un mes después de dejar el cargo, a los 77 años de edad— y le sucedió al frente del gobierno otro político veterano, Francisco Silvela, 60 años, líder del Partido Conservador desde que fue asesinado en 1897 Antonio Cánovas del Castillo. Como era habitual en el régimen político de la Restauración cuando se producía el relevo entre los dos partidos del turno, el presidente obtuvo del rey el decreto de disolución de las Cortes y convocó elecciones que se celebraron en abril de 1903 para dotarse de una amplia mayoría en las Cortes. Silvela prometió que serían unas elecciones sinceras, aunque sin poner en riesgo la mayoría conservadora, lo que permitió que los partidos republicanos coaligados obtuvieran un resonante triunfo en varias capitales, como Madrid, Barcelona y Valencia. Este relativo éxito republicano agudizó las tensiones en el seno del Partido Conservador, por lo que «Silvela, un hombre cansado, no aguantó la presión y tras la primera de las crisis llamadas orientales (tradicionalmente se creía que era por la mención al lugar donde, en cualquier caso, se producían todos los cambios de gobierno en la época, el Palacio Real, pero que en realidad tiene un sentido más profundo, pues alude al modo «a la oriental» en que se llevan a cabo las crisis que se originan en el capricho regio, al estilo de los déspotas orientales, en la clásica distinción de Montesquieu entre monarquía y despotismo), dimitió la presidencia del gobierno y la jefatura del partido conservador».
La desaparición de los líderes históricos desató la lucha entre las diversas facciones que integraban tanto el partido liberal como el conservador para hacerse con el liderazgo. En el Partido Conservador se enfrentaron la facción encabezada por Raimundo Fernández Villaverde[1], quien había sucedido a Silvela al frente del gobierno, y la encabezada por Antonio Maura, que en diciembre de 1903 le sustituyó. La división en el seno del Partido Liberal fue aún mayor, pues había hasta cinco aspirantes para suceder a Sagasta, Eugenio Montero Ríos, José López Domínguez, Francisco Romero Robledo, Segismundo Moret[2] y José Canalejas. El resultado fue un debilitamiento de los partidos, aunque el turno no se alteró El Partido Conservador gobernó entre 1903 y 1905 y el Partido Liberal entre 1905 y 1907, pero fueron años de una gran inestabilidad. Durante el período conservador hubo «cinco crisis totales [de gobierno] con el paso por el gobierno de cuatro diferentes presidentes y nada menos que 66 ministros». Durante el año y medio que estuvieron en el poder los liberales hubo cinco gobiernos. En estos años se produjo un creciente intervencionismo del nuevo rey en la vida política provocando fricciones entre la Corona y los gobiernos, lo que suscitó las críticas de cierto sector de la prensa. A mediados de 1903 El Heraldo de Madrid publicó: «Diríase que hay el propósito de demostrar que en España no existe más poder que el de la voluntad regia, que hoy se inclina a la izquierda y mañana a la derecha, no según los resultados de los debates parlamentarios… sino según los consejos que se dan y los vientos que corren en esferas que no son las estrictamente constitucionales y parlamentarias». Así cuando en diciembre de 1903 el conservador Antonio Maura llegó al gobierno, los republicanos hablaron de que se había producido una nueva crisis «oriental», añadiendo que había tenido toques «femeninos», en alusión a la pretendida intervención de la reina madre, la antigua regente María Cristina de Habsburgo-Lorena. El primer caso importante de intervencionismo en la vida política de Alfonso XIII tuvo lugar en diciembre de 1904, cuando se negó a refrendar la propuesta de nombramiento del jefe de Estado Mayor del Ejército, viéndose obligado el presidente del gobierno Antonio Maura a dimitir a continuación.
El intervencionismo de la Corona se hizo aún más patente con motivo de los hechos del ¡Cu-Cut!. El 25 de noviembre de 1905 un grupo de oficiales asaltó en Barcelona la redacción del semanario satírico catalanista «¡Cu-Cut!” por la publicación de una viñeta en la que se ironizaba sobre las derrotas del ejército español. También fue asaltada la redacción de otra publicación catalanista, el diario La Veu de Catalunya. El gobierno liberal de Eugenio Montero Ríos intentó imponer su autoridad sobre los militares y acordó no ceder a la presión de los capitanes generales que mostraron su apoyo a los oficiales insurrectos, pero el monarca finalmente no respaldó al gobierno y apoyó la actitud del Ejército, lo que obligó a Montero Ríos a presentar la dimisión. El nuevo gobierno presidido por el otro líder liberal Segismundo Moret, que recibió el encargo del rey de impedir que se reprodujeran los ataques «al Ejército y a los símbolos de la Patria», se dispuso a satisfacer a los militares —nombró ministro de la guerra al general Agustín Luque, uno de los capitanes generales que más había aplaudido el asalto al ¡Cu-Cut!— y rápidamente hizo aprobar por las Cortes la Ley para la Represión de los Delitos contra la Patria y el Ejército —conocida como «Ley de jurisdicciones»—, por la que a partir de ese momento las competencias para juzgarlos pasaron a la jurisdicción militar. Según el historiador Santos Juliá, «el gobierno cedió ante el ejército gracias al peso que la Corona echaba en el platillo militar, con un resultado de largo alcance: las Cortes aprobaron la Ley, con la que creaban una esfera de poder militar autónomo y sentaban el precedente de ceder ante la insubordinación militar. La militarización del orden público había dado con esa Ley un paso de gigante». Según el historiador Borja de Riquer, «al tolerar la insubordinación de los militares de Barcelona, el monarca había dejado el sistema político expuesto a nuevas presiones y chantajes, con lo que se debilitaba notablemente la supremacía del poder civil frente al militarismo».
En respuesta a la impunidad en que habían quedado los responsables de los hechos del ¡Cu-Cut! y a la Ley de Jurisdicciones se formó en Cataluña en mayo de 1906 una coalición de partidos denominada Solidaridad Catalana, presidida por el anciano republicano Nicolás Salmerón[3], en la que se integraron los republicanos —excepto el partido de Alejandro Lerroux—, los catalanistas —la Liga Regionalista[4], la Unión Catalanista y el Centro Nacionalista Republicano, un grupo escindido de la Lliga unos meses antes—, y hasta los carlistas catalanes. Sus éxitos de convocatoria fueron espectaculares con manifestaciones masivas como la celebrada en Barcelona el 20 de mayo de 1906 que congregó a 200.000 personas. En las elecciones generales de 1907 obtuvo un triunfo arrollador ya que consiguió 41 diputados de los 44 que le correspondían a Cataluña. Tras su victoria en las elecciones, como ha destacado Borja de Riquer, «ya nada sería igual en la vida política catalana, y los gobiernos de Madrid, y la propia corona, deberían asumir el hecho de que la cuestión catalana se había convertido en uno de los problemas más preocupantes de la vida política española».
El «gobierno largo» de Antonio Maura (1907-1909)
La aprobación de la Ley de Jurisdicciones[5] abrió una crisis en el seno del Partido Liberal que se zanjó con la dimisión de Segismundo Moret al frente del gobierno en julio de 1906. Le siguieron otros tres presidentes de gobiernos liberales, pero las disensiones entre las facciones del partido continuaron por lo que el rey llamó en enero de 1907 al líder del Partido Conservador, Antonio Maura, para que formara gobierno. Siguiendo los usos propios del régimen político de la Restauración, Antonio Maura obtuvo de Alfonso XIII el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de nuevas elecciones para dotarse de una mayoría amplia en el parlamento. Por otro lado, la gran novedad de las elecciones fue el triunfo arrollador en Cataluña de la coalición Solidaridad Catalana, que obtuvo 41 diputados de los 44 que le correspondían.
Entre 1907 y 1909, Maura puso en marcha la llamada «revolución desde arriba» del régimen de la Restauración —es decir la reforma del régimen político desde las instituciones y por iniciativa del propio gobierno— cuyo propósito esencial era conseguir el apoyo popular a la Monarquía de Alfonso XIII poniendo fin al sistema caciquil. Según Javier Moreno Luzón, Maura tenía «el convencimiento de que, en un país rural y esencialmente católico como España, esta apertura, controlada si hacía falta con el refuerzo de los mecanismos represivos, redundaría en beneficio de la corona, de la Iglesia y del orden social establecido, es decir, de los intereses conservadores».
La primera pieza de su «revolución desde arriba» fue la nueva ley electoral aprobada en agosto de 1907 en la que los ayuntamientos dejaban de controlar el proceso electoral, ahora en manos de la Junta Central de Censo, y en la que se tipificó el delito electoral que pasó a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Por otro lado, se introdujo el voto obligatorio para incentivar la participación en las elecciones y en el artículo 29 se estableció que no se celebrarían en aquellos distritos electorales en los que se presentara un único candidato, que quedaría proclamado automáticamente. Con todas estas medidas se pretendía acabar con el fraude electoral. Sin embargo, el declarado propósito de Maura de que la nueva ley electoral permitiera la realización de elecciones «sinceras» no se cumplió desde el momento en que no renunció a los distritos uninominales, la base del encasillado de los diputados que aseguraba el triunfo al partido que estuviera en el gobierno. Además el fraude se vio agravado por la aplicación del artículo 29 ya que, como ha destacado Manuel Suárez Cortina, «en algunas elecciones llegó a haber un tercio del Parlamento proclamado por este procedimiento. Así ocurrió en las elecciones de 1910 y en las siguientes; mientras se mantuvo en vigor el sistema parlamentario, más de un centenar de diputados lo fueron por el artículo 29».
Más importante aún en la «revolución desde arriba» de Maura fue el proyecto de reforma de la administración local para otorgar a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, «que malvivían con recursos escasos y prestaban por tanto servicios deficientes», una autonomía financiera y administrativa real. Pero para la elección de los ayuntamientos Maura proponía un sistema corporativo lo que suscitó por la oposición de los liberales, radicalmente contrarios al voto corporativo, que recurrieron al obstruccionismo parlamentario durante su tramitación, e impidieron que el proyecto de ley fuera aprobado. Al mismo tiempo el gobierno de Maura desarrolló una política nacionalista española que extendió al terreno económico con la protección y el fomento de la industria nacional y también se ocupó de la cuestión social poniendo en marcha una serie de iniciativas legislativas relativas al descanso dominical, al trabajo de mujeres y de niños, a la emigración, a las huelgas, a la conciliación y al arbitraje en las relaciones laborales en la industria, etc. y que culminaron con la creación del Instituto Nacional de Previsión. La política de orden público la desarrolló el autoritario ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel[6]. Su proyecto estrella fue la ley de represión del terrorismo que permitía al gobierno cerrar periódicos y centros anarquistas y desterrar a sus responsables sin mandamiento judicial. La ley fue atacada por los republicanos y los socialistas al considerarla una amenaza a las libertades. A la oposición a la ley también se sumaron los liberales, dando nacimiento al «Bloque de Izquierdas» que fue impulsado por el trust de los tres principales diarios liberales de Madrid (El Liberal, El Imparcial, El Heraldo de Madrid) y que se concretó en la celebración de un gran mitin «contra Maura y su obra» en el teatro de la Princesa de Madrid el 28 de mayo de 1908, tres semanas después de que la ley fuera aprobada en primera instancia por el Senado.
Pero lo que finalmente hizo caer al gobierno de Maura fue la Semana Trágica de Barcelona y la represión que le siguió. El 9 de julio de 1909 los trabajadores que construían un ferrocarril minero en los alrededores de Melilla fueron atacados por cabilas rifeñas rebeldes —cuatro obreros españoles murieron—, por lo que el gobierno decidió enviar refuerzos desde la península, 44.000 hombres, muchos de ellos reservistas, casados y con hijos. Esto desencadenó una ola de protestas en contra de la guerra de Marruecos que culminó, a raíz del embarque de tropas en Barcelona, con los sucesos de la Semana Trágica El lunes 26 de julio estallaba la huelga general en Barcelona que pronto se extendió a otras ciudades catalanas y que en la capital catalana derivó en un motín anticlerical, producto, según Javier Moreno Luzón, «de años de propaganda revolucionaria, en los cuales se había expandido una cultura popular que achacaba los males del país a la influencia de la Iglesia, tenida por hipócrita y siniestra».
En una semana de disturbios hubo 104 civiles y 8 guardias y militares muertos —los heridos fueron varios centenares— y se quemaron 63 edificios religiosos —de ellos 21 iglesias y 30 conventos—. La represión posterior fue de gran dureza: 1700 personas fueron encarceladas y hubo condenas a muerte de las que se ejecutaron 5 —59 fueron condenadas a cadena perpetua y 175 sufrieron destierro— La figura más conocida entre los detenidos fue el pedagogo y activista anarquista Francisco Ferrer Guardia cuya ejecución el 13 de octubre levantó oleadas de indignación en toda Europa.
La protesta internacional, que apenas había tenido seguimiento en España, fue aprovechada por el Partido Liberal para promover una campaña junto con los republicanos en contra del gobierno al grito de Maura, no. EL 20 de septiembre se incorporaba a este «Bloque de Izquierdas» antimaurista el PSOE, abandonando así por primera vez en su historia el aislacionismo y el rechazo de los «partidos burgueses» El 18 de octubre de 1909, sólo cinco días después de la ejecución de Ferrer, comenzó un acalorado debate en el Congreso de Diputados que duró varios días en el que el ministro de la Gobernación Juan de la Cierva llegó a acusar a Moret de que su política cuando estuvo al frente del gobierno había conducido al atentado contra el rey. El escándalo en las Cortes se hizo todavía mayor cuando Maura respaldó a Cierva dándole la mano. Al día siguiente el diario liberal El Imparcial declaró que la situación era «gravísima» porque los liberales habían sido acusados de «contactos siniestros con los anarquistas». El Diario Universal, propiedad del liberal conde de Romanones, afirmó que el gobierno no podía durar «ni un día más». El 22 de octubre Maura acudió a Palacio para plantear la continuidad de su gobierno al rey, pero cuando le presentó la dimisión de forma protocolaria el rey la aceptó. Gabriel Maura Gamazo contó muchos años después la conmoción que provocó en su padre su destitución como presidente del gobierno. El rey nombró en su lugar a Moret. La sustitución de Maura por Moret constituyó un hecho insólito en la historia de la Restauración. El partido del turno que estaba en la oposición, en este caso el liberal, había hecho caer al partido que se encontraba en el poder, el conservador, recurriendo a una campaña en la calle y buscando el apoyo de los partidos «antidinásticos» —republicanos y socialista—. Por eso Maura respondió a su destitución dando por liquidado el pacto en que se había basado el régimen político de la Restauración. Así pues, la crisis de la Semana Trágica «desembocó en una quiebra de la solidaridad básica que ligaba a los protagonistas del turno bajo la constitución de 1876», afirma Javier Moreno Luzón
Los liberales en el poder (1909-1913): las reformas de Canalejas
El gobierno del liberal Segismundo Moret, que había sucedido al gobierno largo de Antonio Maura, duró pocos meses. Su aproximación a los republicanos abrió una crisis en el partido liberal que fue aprovechada por el rey para intervenir y nombrar en febrero de 1910 a José Canalejas como nuevo presidente del gobierno.
El proyecto político de Canalejas[7], calificado de «regeneración democrática», «se asentaba sobre una nacionalización completa de la monarquía, en línea con las experiencias inglesa o italiana» y su programa de gobierno era el propio del intervencionismo liberal que «concebía al estado como el principal agente modernizador del país». Así abordó todos los problemas del momento, entre los que la «cuestión religiosa» constituyó una de sus prioridades. El objetivo final de Canalejas, según Javier Tusell, era lograr una separación «amistosa» de la Iglesia y del Estado «a la que [Canalejas] quería llegar a través de negociaciones llevadas lo más discretamente posible». El problema fue que el Vaticano, «que por aquellos años estaba obsesionado con la condena del modernismo», no estaba dispuesto a modificar la posición de privilegio que tenía la Iglesia Católica en España.
Canalejas se propuso reducir el peso de las órdenes religiosas mediante una ley que las tratara como asociaciones, excepto a las dos reconocidas en el Concordato de 1851. Mientras las Cortes la debatían se aprobó en diciembre de 1910 una disposición transitoria y temporal conocida como Ley del Candado según la cual no se podrían establecer nuevas órdenes religiosas en España durante los dos años siguientes. Pero la ley quedó prácticamente sin efecto al aprobarse una enmienda según la cual si pasados dos años no se había aprobado la ley de asociaciones se levantaría la restricción. Y eso fue lo que acabó sucediendo pues esa nunca vio la luz y el número de religiosos siguió creciendo. A pesar de todo Canalejas, devoto católico, fue considerado el enemigo de la religión católica, en un momento en que se vivía bajo la conmoción producida por la revolución portuguesa de 1910 que había acabado con la Monarquía y proclamado la Primera República Portuguesa
Mayor éxito tuvo el gobierno en las reformas emprendidas para abordar la cuestión social. Canalejas estaba convencido de que la forma de resolver los conflictos laborales era el arbitraje y la negociación entre patronos y obreros, por lo que favoreció el papel mediador del Instituto de Reformas Sociales creado en 1903, bajo el gobierno del conservador Francisco Silvela. Asimismo promulgó medidas encaminadas a mejorar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, aunque no logró que se aprobara la ley de contratos colectivos de trabajo que era su proyecto estrella en este terreno, ya que se encontró con una oposición encarnizada a la misma. Durante el gobierno de Canalejas se produjo un gran incremento de las huelgas, motivado por el fortalecimiento y la expansión de las organizaciones obreras. El abandono del aislamiento por parte de los socialistas con la formación en noviembre de 1909 de la conjunción republicano-socialista que llevó al Congreso de los Diputados a su secretario general Pablo Iglesias estimuló la rápida expansión del PSOE y sobre todo del sindicato UGT, mientras que la corriente obrera mayoritaria anarcosindicalista se consolidó con el nacimiento en 1910 de la Confederación Nacional del Trabajo. La respuesta del gobierno fue alternar el arbitraje con la represión, como ocurrió con la huelga general revolucionaria de 1911 que motivó la disolución de la CNT y el procesamiento de los dirigentes de UGT Canalejas también se ocupó de dos de las más antiguas reivindicaciones de las clases populares que motivaban periódicas protestas y motines: la abolición de los impuestos indirectos conocidos como los consumos que gravaban los productos básicos, aumentando así su precio; y las desigualdades a la hora de hacer el servicio militar. Los «consumos», a los que el propio Canalejas consideraba «una expoliación del proletariado», fueron suprimidos aunque el presidente tuvo que emplearse a fondo con los diputados de su propio partido que se oponían al proyecto, amenazándoles con que «quien no vote [esta ley] está frente a mí y está fuera del partido liberal, sometido a mi jefatura por su voluntad». A pesar de todo treinta diputados votaron en contra. En cuanto a la segunda reivindicación popular, en 1912 se estableció el servicio militar obligatorio, aunque sólo en tiempo de guerra, lo que suponía poner fin a la «redención en metálico» que permitía a las familias acomodadas que sus hijos no hicieran el servicio militar pagando una determinada cantidad de dinero. Pero para tiempo de paz se optó por una solución intermedia ya que al parecer no se podía prescindir de las redenciones en metálico para financiar al ejército. Así nacieron los llamados «soldados de cuota», reclutas que sólo hacían un servicio militar de cinco meses si pagaban 2000 pesetas y de diez meses si pagaban 1500 —esta última cantidad era la que ganaba un jornalero en un año—. Como una especie de compensación, la ley estableció también que los hijos únicos de las familias pobres quedaron exentos del servicio militar. Canalejas también abordó la cuestión catalana y se propuso satisfacer las demandas de la catalanista Liga Regionalista mediante la creación de una nueva instancia regional que integrara a las cuatro diputaciones catalanas bajo el nombre de Mancomunidad de Cataluña y que estaría encabezada por uno de los líderes de la Liga Enric Prat de la Riba[8], entonces presidente de la Diputación de Barcelona Para conseguir el respaldo de la mayoría de los diputados liberales Canalejas tuvo que pronunciar uno de sus mejores discursos parlamentarios, y aun así 19 de sus diputados, entre ellos Segismundo Moret, votaron en contra. El proyecto fue aprobado el 5 de junio de 1912 por el Congreso de Diputados, pero cuando murió Canalejas aún no había sido ratificado por el Senado, por lo que no entró en vigor hasta diciembre de 1913, y la Mancomunidad de Cataluña no se constituiría hasta marzo de 1914. Canalejas tuvo éxito al abordar el problema de Marruecos, al conseguir en mayo de 1911 asegurar el control de la «zona de influencia» española con la toma de Arcila, Larache y Alcazarquivir, en respuesta a la toma de Fez por los franceses, lo que le permitió negociar con Francia, contando con la mediación de Gran Bretaña, el establecimiento definitivo del protectorado español de Marruecos. A principios de noviembre de 1912 se había llegado al acuerdo definitivo con Francia sobre Marruecos, pero la firma del tratado prevista para finales de mes, no la pudo realizar Canalejas porque fue asesinado el día 12 por un anarquista en la Puerta del Sol de Madrid. La desaparición de Canalejas tuvo una gran importancia en la vida política española pues dejó sin liderazgo a uno de los partidos del turno, el liberal, que durante el resto del reinado de Alfonso XIII no fue capaz de reconstruir, resultando dividido en facciones, lo que contribuyó a la crisis del régimen político de la Restauración.
La vuelta de los conservadores al poder (1913-1915): «idóneos» frente a «mauristas»
La división del partido liberal fue la causa de la caída del gobierno del conde de Romanones[9] ya que fue una facción de su propio partido, la liberal-democrática encabezada por Manuel García Prieto[10], la que la provocó al votar junto con los conservadores en una moción de confianza presentada por el gobierno en el Senado. El rey nombró entonces presidente del gobierno a Eduardo Dato, pero su partido, el Conservador, estaba tan fracturado como el liberal, a causa de que su líder Antonio Maura había roto con el sistema del turno. Maura consideraba que tras el asesinato de Canalejas el rey no tendría que haber nombrado a otro liberal al frente del gobierno sino que debería haber dado paso a un gobierno conservador. El 1 de enero de 1913 Maura había hecho pública una carta en la que anunciaba su dimisión como jefe del Partido Conservador y aconsejaba la formación de otro partido «idóneo» para turnarse con los liberales. Las críticas de Maura se radicalizaron cuando se abrieron las Cortes en mayo de 1913. Atacó a los liberales y calificó su llegada al poder como un «asalto». Una parte de su partido aglutinada en torno a Eduardo Dato[11] cuestionó la postura de Maura, lo que acabó fracturando al partido entre «mauristas» e «idóneos» (los defensores de mantener el turno con los liberales). El maurismo en realidad se constituyó como un nuevo movimiento político católico y nacionalista, diferenciado de los partidos del turno. La paradoja fue que no estuvo dirigido por el propio Maura, que se situó por ello en una posición «extremadamente ambigua». Dato logró mantenerse en el poder durante los dos años siguientes pero «a costa de no tener abierto el Parlamento más que siete meses, un recurso al que los gobiernos echarán mano cada vez con más frecuencia», afirma Santos Juliá.
Según Suárez Cortina, desde 1913-1914 «el sistema parlamentario entró en una nueva fase de crisis derivada de la propia crisis de los partidos del turno» convertidos en «un conjunto de facciones que dificultaban la rotación política. El turno, tal y como había funcionado ininterrumpidamente desde 1885, se había acabado». Por otro lado, como han señalado Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, la división de los partidos del turno multiplicó «la posibilidad o incluso la probabilidad de la intervención del Rey», convertido «en una especie de árbitro» entre las facciones. Y también gracias a ello «el monarca ratificó su papel, ya muy relevante, de cara al ejército».
En este contexto de crisis de los partidos dinásticos, apareció el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, que estaba integrado por republicanos que habían abandonado la conjunción republicano-socialista porque estaban dispuestos a aceptar la Monarquía si ésta se transformaba en una Monarquía democrática, postulándose así como el partido de izquierda del sistema, tras el rechazo de Maura al turno. Álvarez apeló a los republicanos que creían que siendo «la República superior, infinitamente superior, teóricamente, a la Monarquía, consideraban las formas de gobierno accidentales, circunstanciales, transitorias, históricas» La generación de intelectuales más jóvenes se sumaron al proyecto reformista y en octubre de 1913 pusieron en marcha la Liga de Educación Política cuyo manifiesto fue firmado por José Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Gabriel Gancedo, Fernando de los Ríos, el marqués de Palomares del Duero, Leopoldo Palacios, Manuel García Morente, Constancio Bernaldo de Quirós y Agustín Viñales. Ortega y Gasset en marzo de 1914 pronunció una conferencia bajo el título de Vieja y nueva política en la que expuso que el sistema del turno estaba agotado y que había que sustituirlo por otro nuevo. Como ha señalado Santos Juliá, «la tesis central de la generación de intelectuales que andaba en la treintena por aquellos años» era que «la obra de renovación… era posible sin cambio de régimen» partiendo de la hipótesis de que «la corona, aun siendo parte de la vieja política, aprovecharía la crisis del turno y abriría la puerta a esa nueva política que empujaba desde fuera»
La crisis de la Restauración (1914-1923) / El inicio de la crisis y el impacto en España de la Gran Guerra
Según el historiador Manuel Suárez Cortina, «los efectos sociales y políticos de la guerra representaron un factor decisivo en la crisis definitiva del sistema parlamentario tal como venía funcionando desde 1875. La escasez de alimentos, el dislocamiento económico, la miseria social, la precariedad y la inflación estimularon el despertar político y la militancia ideológica de las masas. Bajo estas condiciones, la modalidad clientelar y caciquil de la política española se descompuso. Tras la guerra ya no fue posible restaurar el viejo orden». La historiadora Ángeles Barrio, por su parte, afirma que la guerra «no fue sin embargo la causa inmediata del hundimiento del bipartidismo» porque «el sistema de partidos estaba ya en descomposición cuando estalló la contienda». Cuando se inició la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 el gobierno conservador de Eduardo Dato decidió mantener a España neutral, porque en su opinión, compartida por la mayoría de la clase dirigente, carecía de motivos y de recursos para entrar en el conflicto. El rey Alfonso XIII también estuvo de acuerdo y muy pocos se opusieron a la neutralidad. La neutralidad tuvo importantes consecuencias económicas y sociales ya que impulsó enormemente el proceso de «modernización» que se había iniciado tímidamente en 1900, debido al aumento considerable de la producción industrial española a la que de repente se le abrían nuevos mercados —los de los países beligerantes, y los de los países que éstos ya no podían abastecer—Sin embargo la inflación se disparó mientras que los salarios crecían a un ritmo menor y se produjeron carestías de los productos de primera necesidad, como el pan, lo que provocó motines de subsistencias en las ciudades y el aumento de los conflictos laborales protagonizados por los dos grandes sindicatos, CNT y UGT, que reclamaban aumentos salariales que frenaran la disminución de los salarios reales
La vuelta de los liberales al poder y el aumento de la conflictividad social (1915-1917)
Siguiendo los usos del turno, en diciembre de 1915 el liberal conde de Romanones sustituyó al conservador Eduardo Dato al frente del gobierno. En seguida se procuró una mayoría amplia en las Cortes en las elecciones del año siguiente gracias al acuerdo que alcanzó con el líder conservador en el reparto de escaños del encasillado. El nuevo gobierno tuvo que hacer frente a la creciente conflictividad social protagonizada por la CNT y la UGT. En mayo de 1916 la UGT acordó en su XII Congreso pactar con CNT para desarrollar acciones conjuntas. Una resolución similar acordó la CNT en su congreso celebrado en Valencia en mayo. El resultado fue la convocatoria de una huelga general en toda España para el 18 de diciembre en protesta por el aumento de los precios y los desabastecimientos. La huelga fue un éxito por lo que las dos organizaciones decidieron en marzo del año siguiente preparar otra, esta vez «indefinida» y, por tanto, «revolucionaria», cuyo fin sería «una transformación completa de la estructura económica del país y de la estructura política también» En abril de 1917, un mes después de la caída del zarismo, el gobierno del liberal Romanones, reconocido aliadófilo, cayó debido a su postura beligerante respecto del hundimiento de barcos mercantes españoles por submarinos alemanes. A Romanones le sustituyó el también liberal Manuel García Prieto, considerado más próximo a los Imperios Centrales que su antecesor. Pero su gobierno sólo duró tres meses a causa de la grave crisis a la que tuvo que hacer frente provocada por el órdago que lanzaron las recién creadas Juntas de Defensa
La crisis de 1917
El desencadenante inicial de la crisis de 1917, «la peor crisis que había experimentado desde sus orígenes el régimen constitucional de la Restauración» según Moreno Luzón, fue el problema planteado por el movimiento de las «Juntas de Defensa»[12], nacidas en 1916. Eran éstas unas organizaciones corporativas de los militares con destino en la península que reclamaban el aumento de sus salarios —la inflación también estaba afectando a la oficialidad— y que también protestaban por los rápidos ascensos por méritos de guerra que obtenían sus compañeros destinados en Marruecos, y que gracias a ellos podían aumentar sus ingresos. Las juntas exigían su reconocimiento legal a lo que se oponía el gobierno de Romanones. El gobierno que le sucedió presidido por el liberal Manuel García Prieto fue más lejos y ordenó la disolución de las juntas, pero el rey se puso del lado de las juntas «aunque para ello tuviera que desautorizar a su ministro de Defensa y cambiar el gobierno liberal por uno conservador, en un último intento de normalizar la situación». Cayó el gobierno de García Prieto y «se formó uno conservador, bajo la presidencia de Dato, que se apresuró a claudicar mediante la aprobación del reglamento juntero». Así pues, lo ocurrido en 1905-1906 con los hechos del ¡Cu-Cut! y la posterior aprobación de la Ley de Jurisdicciones volvió a repetirse en 1917: los militares apelaron al rey y éste se puso de nuevo de su parte; obligó al gobierno a dimitir, sustituyéndolo por otro presidido por el conservador Eduardo Dato, el cual suspendió las garantías constitucionales, censuró la prensa y aceptó el reglamento de las «Juntas de Defensa». Además cerró las Cortes a los pocos días. En este contexto de crisis política, el líder catalanista Francesc Cambó tomó la iniciativa y el 5 de julio reunió en el Ayuntamiento de Barcelona a todos los diputados y senadores catalanes —aunque los 13 diputados monárquicos abandonaron enseguida la reunión— que reafirmaron la voluntad de Cataluña de constituirse en una región autónoma, derecho que podría extenderse a otras regiones, y exigieron la reapertura de las Cortes que tendrían función de constituyentes. Si el gobierno Dato no aceptaba ninguna de las peticiones harían un llamamiento a todos los diputados y senadores a que acudieran a una Asamblea de Parlamentarios a celebrar el 19 de julio en Barcelona. El gobierno de Dato intentó desprestigiar la convocatoria presentando la reunión como un movimiento «separatista»» y «revolucionario», campaña que fue apoyada por la prensa conservadora. Finalmente a Barcelona no acudió Maura, como esperaba Cambó, y sólo asistieron los diputados de la Liga Catalanista, los republicanos, los reformistas de Melquíades Álvarez y el socialista Pablo Iglesias, que aprobaron la formación de un gobierno «que encarne y represente la voluntad soberana del país» y que presidiría las elecciones a Cortes Constituyentes. La Asamblea fue disuelta por orden del gobernador civil de Barcelona y todos los participantes fueron detenidos por la policía, aunque en cuanto salieron del Palacio del Parque de la Ciudadela donde se habían reunido fueron puestos en libertad. Mientras tanto las organizaciones obreras seguían con los preparativos de la huelga general que habían anunciado en marzo. Pero los socialistas decidieron convocarla por su cuenta, en apoyo de los ferroviarios de Valencia en huelga, con el objetivo de derrocar a la Monarquía, formar un gobierno provisional y convocar Cortes Constituyentes. Por este motivo la CNT, fiel a su «apoliticismo», se mantuvo al margen
La huelga resultó un rotundo fracaso. Sólo tuvo cierto seguimiento en Madrid, Barcelona, Valencia y los centros industriales del norte (Vizcaya, Guipúzcoa, Santander, Asturias), y no tuvo ningún impacto en el campo, lo que según Suárez Cortina, «habría de ser decisivo para que las autoridades pudieran sofocar de un modo eficaz la revuelta». Además los sindicatos católicos condenaron el movimiento y jóvenes monárquicos se ofrecieron como voluntarios para que los servicios públicos siguieran funcionando. Para Santos Julia, la clave del fracaso estuvo en que las «Juntas de Defensa», de las que los socialistas pensaban que mantenían con ellas «esenciales coincidencias», se pusieron de parte del orden establecido, y no sólo no encabezaron ninguna revolución sino que se emplearon a fondo en la represión –«tampoco los soldados formaron sóviets con los obreros, al modo ruso, sino que en general obedecieron a sus jefes», señala Moreno Luzón—. El balance final de la represión de la huelga fueron 71 muertos, 200 heridos y más de 2.000 detenidos, entre ellos los miembros de comité de huelga (Julián Besteiro[13] y Andrés Saborit, por el PSOE; y Francisco Largo Caballero[14] y Daniel Anguiano por la UGT). Como ha destacado Javier Moreno Luzón, «la crisis de 1917 desinfló cualquier aventura ulterior. Los catalanistas, los reformistas y hasta los radicales dieron marcha atrás y, en diferentes grados, ofrecieron sus servicios a la corona. La conjunción republicano-socialista se volatilizó, igual que el acuerdo obrero. El socialismo entró en una etapa de disensiones internas y el anarconsindicalismo agudizó su odio por la política. Así pues, el régimen constitucional de la Restauración, dado por muerto en tantas ocasiones, hizo gala de una sorprendente solidez, que le proporcionó oxígeno para seis años más».
La «salida» de la crisis de 1917: los «gobiernos de concentración» y la vuelta al turno (1917-1918)
El 30 de octubre se reunió la Asamblea de Parlamentarios en el Ateneo de Madrid presidida por Cambó que presionó para que se pusiera fin al turno. Ese mismo día fue llamado a Palacio para entrevistarse con el rey que le propuso la formación de un gobierno de amplia representación que garantizara la celebración de elecciones limpias. Tras la entrevista Cambó volvió al Ateneo de Madrid y les comunicó a los parlamentarios el acuerdo de Alfonso XIII con las propuestas de la Asamblea y que además estaba dispuesto a nombrar ministros a las dos personas que designaran.
El 1 de noviembre de 1917, por primera vez en la historia de la Restauración, se formó un «gobierno de concentración» de conservadores, de liberales y de la Lliga presidido por el liberal Manuel García Prieto, aunque quedaron fuera las facciones del conservador Dato y del liberal Santiago Alba. El gobierno convocó las elecciones de febrero de 1918 que se pretendieron «limpias» pero las redes caciquiles siguieron funcionando dando como resultado la confirmación de la división de los partidos dinásticos. El Congreso de los Diputados quedó formado por 95 diputados conservadores, 70 liberales «garcíaprietistas» y 54 del resto de facciones liberales, 20 de la Lliga, 7 del PNV —que conseguían por primera vez representación— y 6 socialistas —que en las Cortes anteriores sólo tenía 1 diputado—. Dada su fragmentación estas Cortes resultaron ingobernables porque ningún grupo disponía de una mayoría clara. Al valorar el resultado de las elecciones Cambó comentó que era «un desastre», «nuestra deshonra» y la demostración de que con los partidos del turno era imposible «crear un poder parlamentario fuerte y prestigioso que fuera base y fundamento de todos los restantes poderes constitucionales». El «gobierno de concentración» duró muy pocos meses. Una huelga de funcionarios, que estimulados por el ejemplo de los militares formaron sus propias juntas, fue la que acabó con él. Entonces el rey encargó al conde de Romanones que reuniera a todos los jefes de facción liberales y conservadores para que buscaran una salida. En la noche del 20 de marzo de 1918 se reunieron en el Palacio de Oriente y allí Alfonso XIII les amenazó con abdicar si no aceptaban la formación de un «gobierno de concentración» donde estuvieran todos ellos presidido por Antonio Maura. Así fue como nació el llamado «Gobierno Nacional» que incluyó a todos los jefes de los facciones dinásticas —Romanones, Alba, García Prieto, entre los liberales; Dato, Cierva, junto con el propio Maura, entre los conservadores—, además del líder del catalanismo, Francesc Cambó. El nuevo gobierno concedió la amnistía a los líderes socialistas encarcelados, que pudieron así ocupar sus escaños en las Cortes, y aprobó una Ley de Bases sobre la inamovilidad de los funcionarios y criterios de promoción de los mismos basados en la antigüedad que acabó con la figura del cesante. Sin embargo, el gobierno encalló cuando intentó aprobar los presupuestos del Estado, que estaban siendo prorrogados desde 1914, por lo que Maura presentó la dimisión al rey en noviembre de 1918. Tras el fracaso de los dos «gobiernos de concentración» se volvió al «turno» entre conservadores y liberales —en realidad al turno entre facciones— pero en los dos años y medio siguientes tampoco se alcanzó la estabilidad política, ya que se llegaron a suceder hasta siete gobiernos.
[1] Raimundo Fernández Villaverde y García del Rivero (Madrid, 20 de enero de 1848 – Madrid, 15 de julio de 1905) fue un político español, presidente del Consejo de ministros durante el reinado de Alfonso XIII y ministro de Gobernación, de Gracia y Justicia, de Hacienda, y de Ultramar en diferentes gobiernos formados durante el reinado de Alfonso XII, la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y el reinado de Alfonso XIII.
[2] Segismundo Moret y Prendergast (Cádiz, 2 de junio de 1838 – Madrid, 28 de enero de 1913) fue un hacendista, literato y político español. Durante el reinado de Amadeo I fue ministro de Ultramar y ministro de Hacienda; durante el reinado de Alfonso XII, ministro de Gobernación; durante la regencia de María Cristina de Habsburgo, ministro de Estado, ministro de Fomento, nuevamente ministro de Gobernación y ministro de Ultramar; y finalmente, durante el reinado de Alfonso XIII, ministro de Gobernación, presidente del Consejo de Ministros y presidente del Congreso de los Diputados.
[3] Nicolás Salmerón Alonso (Alhama la Seca, 10 de abril de 1838 – Pau, 20 de septiembre de 1908), fue un político, abogado y filósofo español, presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República durante mes y medio en 1873. Renunció al cargo alegando problemas de conciencia ante la firma de unas condenas a muerte. Fue catedrático de Historia Universal en la Universidad de Oviedo y de Metafísica en la Universidad de Madrid, así como estudioso de las teorías de Krause —krausismo— que inspiraron a la Institución Libre de Enseñanza
[4] La Liga Regionalista fue un partido político de ámbito catalán que tuvo una relativa importancia durante el período de la Restauración. El partido, que tuvo una ideología conservadora y catalanista, estuvo encarnado durante buena parte de su historia por el político Francesc Cambó
[5] La Ley de Jurisdicciones fue una ley española que estuvo en vigor entre 1906 y 1931. Fue impulsada por presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret, y por el ministro de la Gobernación, el conde de Romanones, con claro apoyo de Alfonso XIII, como reacción ante los hechos del ¡Cu-Cut! La Ley de Jurisdicciones ponía bajo jurisdicción militar las ofensas orales o escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del ejército. Varios de los artículos suponían un importante recorte a las libertades públicas, en particular a la libertad de expresión. En Cataluña, los catalanistas la interpretaron como un ataque a su región. Esta polémica ley, que había hecho caer el gobierno de Eugenio Montero Ríos (el cual, ante el asalto de un grupo de militares a la imprenta del diario catalanista ¡Cu-Cut! intentó sancionarles), provocó la agrupación de la mayor parte de los partidos catalanes alrededor de la coalición Solidaridad Catalana. Poco después, la oposición acabó abandonando el Congreso de los Diputados el 13 de marzo de 1906, en protesta por el descrédito que suponía la subordinación del gobierno progresista. Desde la intelectualidad, Miguel de Unamuno hizo una conferencia en contra de la ley, en el Teatro de la Zarzuela el 23 de febrero.
[6] Juan de la Cierva y Peñafiel (Mula, 11 de marzo de 1864-Madrid, 11 de enero de 1938) fue un abogado y político español, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, de Gobernación, de Guerra, de Hacienda y de Fomento durante el periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII y, nuevamente ministro de Fomento en el último gobierno de la monarquía alfonsina.
[7] José Canalejas Méndez (Ferrol, 31 de julio de 1854-Madrid, 12 de noviembre de 1912) fue un abogado y político regeneracionista y liberal español. Siendo presidente del Consejo de Ministros, murió asesinado por un disparo en un atentado terrorista. Fue ministro de Fomento, de Gracia y Justicia, de Hacienda y ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y presidente del Consejo de Ministros y nuevamente ministro de Fomento y ministro de Gracia y Justicia durante el reinado de Alfonso XIII. Ejerció de presidente del Congreso de los Diputados entre 1906 y 1907 y de presidente del Consejo de Ministros entre 1910 y 1912, cargo que ostentaba cuando fue asesinado por un pistolero simpatizante anarquista.
[8] Enric Prat de la Riba Sarrà (Castelltersol, 29 de noviembre de 1870-Castelltersol, 1 de agosto de 1917) fue un político y escritor español, de pensamiento catalanista. Es considerado uno de los padres teóricos del nacionalismo catalán. Licenciado en derecho, desde joven estuvo implicado en los movimientos catalanistas. Miembro fundador de la Unió Catalanista, intervino en la redacción de las llamadas Bases de Manresa y publicó varios trabajos doctrinales sobre el entonces incipiente nacionalismo catalán. En 1901 fue uno de los fundadores de Lliga Regionalista, que se configuraría como una de las principales formaciones políticas del ámbito catalán. Firme defensor del autogobierno político de Cataluña, con el impulso de la Lliga lograría alcanzar la presidencia de Diputación provincial de Barcelona y, más adelante, de la Mancomunidad de Cataluña. Ensayista y autor de numerosas obras, fue así mismo un importante impulsor de la propaganda nacionalista catalana Tras su muerte la figura de Prat de la Riba ha despertado tanto admiración como animadversión.
[9] Álvaro Figueroa y Torres (Madrid, 9 de agosto de 1863-id., 11 de septiembre de 1950), más conocido por su título nobiliario de conde de Romanones, fue un político, empresario y terrateniente español. Preboste del Partido Liberal, a lo largo de su carrera política fue presidente del Senado, presidente del Congreso de los Diputados, varias veces ministro y tres veces presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII. Considerado en su época como uno de los grandes terratenientes de España, estuvo estrechamente ligado a los capitales franceses y sería accionista de importantes empresas españolas de la época, como Peñarroya, Minas del Rif, ferrocarriles, etc. Ostentó el título nobiliario de I conde de Romanones
[10] Manuel García Prieto (Astorga, León; 5 de noviembre de 1859-San Sebastián; 8 de marzo de 1938) fue un jurisconsulto y político español. Presidente interino del Consejo de Ministros por unos días tras el asesinato de José Canalejas, volvería a ejercer de jefe de gobierno en cuatro ocasiones: en 1917, entre 1917 y 1918, en 1918 y entre 1922 y 1923, encabezando el último gabinete antes del golpe de Estado de Primo de Rivera. Como miembro de la familia sanguínea y política de Montero Ríos desempeñó un papel de primera orden en la política gallega y española de las dos primeras décadas del siglo xx. También fue conocido por el título nobiliario que ostentó de marqués de Alhucemas.
[11] Eduardo Dato e Iradier (La Coruña, 12 de agosto de 1856-Madrid, 8 de marzo de 1921) fue un abogado y político español, varias veces ministro y presidente del Consejo de Ministros durante el período de la Restauración. Figura destacada del Partido Conservador, llegó a ocupar las carteras de Gobernación, Gracia y Justicia, Estado y Marina, así como la presidencia del Consejo de Ministros en tres ocasiones. Cuando se produjo el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Dato ocupaba la presidencia del gobierno y decretó la neutralidad española en el conflicto. Más adelante debió hacer frente a la violencia que azotaba Barcelona por los conflictos laborales entre patronos y obreros, aplicando una política represiva contra el movimiento anarcosindicalista. En marzo de 1921 resultaría asesinado durante un atentado contra su persona. A lo largo de su carrera política también desempeñó los cargos de alcalde de Madrid y presidente de Congreso de los Diputados, siendo además varias veces diputado en las Cortes por los distritos de Murias de Paredes y Vitoria
[12] Las Juntas de Defensa fueron unas organizaciones corporativas militares legalizadas en España en junio de 1917 durante el reinado de Alfonso XIII. Amparadas por el Rey ejercieron como grupo de presión militar sobre el poder civil, interviniendo activamente en la vida política y contribuyendo así a la crisis del régimen de la Restauración. Reconvertidas en comisiones informativas por el ministro de la guerra general José Villalba Riquelme 1919-1920, fueron abolidas en noviembre de 1922, diez meses antes del golpe de Estado de Primo de Rivera que puso fin al periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII. Nacidas en 1916 agrupaban a los jefes y oficiales con destino en la península que reclamaban el aumento de sus salarios (su poder adquisitivo había disminuido a causa de la inflación provocada por la Gran Guerra) y que también protestaban por los rápidos ascensos por «méritos de guerra» que obtenían sus compañeros destinados en Marruecos, que les permitían aumentar sus ingresos y progresar en el escalafón
[13] Julián Besteiro Fernández (Madrid, 21 de septiembre de 1870-Carmona, 27 de septiembre de 1940) fue un catedrático y político español, presidente de las Cortes durante la Segunda República, y también del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores
[14] Francisco Largo Caballero (Madrid, 15 de octubre de 1869-París, 23 de marzo de 1946) fue un sindicalista y político marxista español, histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. Durante la Segunda República Española fue ministro de Trabajo (1931–1933) durante su primer bienio, y presidente del Consejo de Ministros (1936–1937) ya durante la Guerra Civil
David Odalric de Caixal i Mata: Historiador Militar, experto en Geoestrategia Internacional y Terrorismo yihadista. Asesor en materia de Seguridad y Defensa en HERTA SECURITY. Director del Área de Terrorismo y Defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG). Director del Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista (OCATRY) de INISEG. Director de OSI Foundation (Occidental Studies Institute)