ANÁLISIS HISTÓRICO-MILITAR DEL ALZAMIENTO MILITAR EN ESPAÑA (18 DE JULIO DE 1936)

En las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 se manifestó la polarización de la vida política, que comenzó con la fracasada Revolución de 1934 y la consiguiente represión. La izquierda se presentó unida en una coalición denominada Frente Popular[1] que abarcaba desde la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio hasta el PCE, pasando por el PSOE, ERC y la IR de Manuel Azaña. Enfrente, la mayor parte de los partidos de derecha se agruparon en el Frente Nacional Contrarrevolucionario (CEDA, Renovación Española, Comunión Tradicionalista carlista, Lliga Catalana, etc.), del cual, sin embargo, no formaron parte ni la Falange ni el PNV. El Frente Popular se hizo con la mayoría absoluta de los escaños, si bien los partidos de derechas protestaron por la manipulación del resultado de las elecciones alegando la asignación de escaños de forma fraudulenta mediante coacción, violencia y falsedad documental.

A partir de ese momento se desató una oleada reivindicativa con numerosas huelgas y algunos incendios y destrucciones. Pronto entraron en acción grupos paramilitares falangistas a los que se enfrentaron los grupos paramilitares organizados por la izquierda obrera. Se ha llegado a decir que solo en el mes de febrero de 1936 se contabilizaron 441 asesinatos en todo el país, ​ una cifra no corroborada por ningún otro historiador y que, comparada con las que se suelen manejar, es a todas luces exagerada. El estudio más completo sobre las víctimas mortales, como resultado de la violencia política entre febrero y julio de 1936, registra para febrero un total de 44 víctimas mortales, de las cuales 28 serían causadas por la intervención de las fuerzas de orden público (la inmensa mayoría de ellas militantes de las organizaciones de izquierda), por lo que se habrían producido 16 posibles asesinatos y no los 441 apuntados. Según ese mismo estudio, entre febrero y julio de 1936, antes de iniciarse el alzamiento militar, hubo un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262 víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Además ese estudio constata que el número de víctimas mortales causadas por la violencia política fue disminuyendo en esos cinco meses. Los acontecimientos de los cinco meses de gobierno en paz del Frente Popular, de febrero a julio de 1936, fueron utilizados después por los vencedores en la guerra civil española como justificación de su alzamiento. Hoy en día el debate sigue abierto, aunque la mayoría de los historiadores opinan que en absoluto puede hablarse de una «primavera trágica» en la que el gobierno del Frente Popular hubiera perdido el control de la situación, aunque es cierto que la agitación social y laboral en el campo y la ciudad fueron constantes y el aumento de la violencia explícita por causas políticas, alimentada por acciones de la izquierda y la derecha, fue también innegable. Pero la conclusión de la mayoría de los historiadores es clara: «La desestabilización política real en la primavera de 1936 no explica en modo alguno la sublevación militar [de julio de 1936] y menos aún la justifica» y «La política y la sociedad españolas mostraban signos inequívocos de crisis, lo cual no significa necesariamente que la única salida fuera una guerra civil». Según Julio Aróstegui, la otra justificación del alzamiento militar del 18 de julio, era la de impedir una inminente «revolución bolchevique».

La Conspiración Militar

Desde el mismo momento de la victoria electoral del Frente Popular, oficiales falangistas y monárquicos comenzaron la preparación de una sublevación militar.​ El 10 de agosto de 1932 tuvo lugar el primer intento de golpe de Estado contra la República, liderado por el general Sanjurjo y llamado por ello «La Sanjurjada” ​ Fracasó y Sanjurjo fue capturado. Más tarde, Sanjurjo fue amnistiado y se exilió en Portugal, desde donde siguió participando en conspiraciones golpistas. En 1934 el rey Alfonso XIII, que estaba exiliado en Italia, pidió apoyo a Mussolini para «un eventual golpe de Estado que se produjera en España para (…) restaurar la Monarquía» y consiguió que el gobierno fascista italiano se comprometiese a aportar 1 500 000 pesetas, 200 ametralladoras, fusiles y granadas de mano. Firmaron el acuerdo por parte española el general Barrera[2] y representantes de los partidos Renovación Española (monárquico) y Comunión Tradicionalista (carlista). En 1935 el líder de la CEDA, José María Gil-Robles, consiguió la cartera de ministro de la Guerra en el Gobierno y procedió a nombrar a generales derechistas para los puestos clave: Franco como jefe del Estado Mayor Central, Fanjul como subscretario de Gil-Robles, Goded responsable de Aeronáutica y Mola jefe de las fuerzas en Marruecos. En esta época la derechista Unión Militar Española[3] se dividió entre los que seguían queriendo dar un golpe de Estado para acabar con la democracia y los que preferían «penetrar» el sistema político desde el poder.​ En enero de 1936 el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 16 de febrero. Varios generales acordaron entonces sublevarse el 19 de febrero si el Frente Popular ganaba las elecciones.​

Primer intento de «golpe de fuerza» tras la celebración de las elecciones

Nada más conocerse la victoria en las elecciones del Frente Popular, lo que suponía que la «vía política» para impedir la vuelta de la izquierda al poder había fracasado tras la derrota de Gil Robles y de la CEDA en las elecciones, se produjo el primer intento de “golpe de fuerza” por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles, que ya en diciembre había pulsado la opinión de los generales que él mismo había situado en los puestos clave de la cadena de mando (Fanjul, Goded, Francisco Franco) en torno a un «golpe de fuerza», el primero que intentó sin éxito que el presidente del gobierno en funciones Manuel Portela Valladares[4] declarase el «estado de guerra» y anulara los comicios. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra (lo que según la Ley de Orden Público de 1933 suponía que el poder pasaba a las autoridades militares), pero fue desautorizado por el todavía jefe de gobierno Portela Valladares y por el ministro de la guerra el general Nicolás Molero[5].​ Un papel clave en el fracaso del golpe lo desempeñaron el director de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas[6], viejo africanista pero fiel a la República, que cuando recibió la llamada del general Franco para que se uniera a una acción militar que ocupara las calles se negó, y también el general Miguel Núñez de Prado[7], jefe de la policía que tampoco secundó la intentona. Al final el general Franco no vio la situación madura y se echó para atrás, especialmente tras el fracaso de los generales Goded y Fanjul para sublevar a la guarnición de Madrid y Barcelona. El resultado del intento de «golpe de fuerza» fue exactamente el contrario del previsto. El presidente del gobierno en funciones entregó antes de tiempo el poder a la coalición ganadora, sin esperar a que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones (prevista para el 1 de marzo). Así, Manuel Azaña, el líder del Frente Popular, formaba gobierno el miércoles 19 de febrero que, conforme a lo pactado, solo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana, más uno independiente, el general Carlos Masquelet[8], ministro de la guerra).​ Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos: el general Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Franco, a la de Canarias; el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles. Sin embargo esta política de traslados no serviría para frenar la conspiración militar y el golpe que finalmente se produjo entre el 17 y el 18 de julio, e incluso en algún caso, como el del general Franco, les hizo aumentar su rechazo al gobierno de Azaña al considerar su destino a Canarias como una degradación, una humillación y un destierro.

Inicio de la conspiración

La conspiración militar para desencadenar un «golpe de fuerza» (como lo llamaban los conjurados) que derribara al gobierno se puso en marcha nada más formarse el gobierno de Azaña el 19 de febrero de 1936, apoyándose inicialmente en las tramas golpistas que se habían rehecho tras el fracaso de la insurrección militar de agosto de 1932 encabezada por el general Sanjurjo. El 20 de febrero el periódico de la Comunión Tradicionalista, El Pensamiento Alavés, ya afirmaba «que no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada» y esa lucha partiría de «una nueva Covadonga que frente a la revolución sirviera de refugio a los que huyeran de aquella y emprendiera la Reconquista de España».

Mola, «el Director» de la conspiración

El general Mola adoptó el nombre clave de «el Director» y con él al frente la conspiración «ganó en organización y empuje». Se apoyó fundamentalmente en los militares «africanistas» y en los miembros de la clandestina Unión Militar Española, cuyo papel fue especialmente importante en conseguir las adhesiones necesarias entre los niveles intermedios de la oficialidad que resultarían decisivos cuando los generales al frente de las guarniciones permanecieran leales al gobierno.​ Para llevar adelante su plan, Mola, que continuó con el proyecto de constituir una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, comenzó a redactar y difundir una serie de circulares o «Instrucciones reservadas» en las que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el alzamiento militar. La primera de las cinco «instrucciones reservadas» la dictó el 25 de mayo —el 25 de abril, según otras fuentes—​ y en ella ya apareció la idea de que el golpe tendría que ir acompañado de una violenta represión:

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”

General Cabanellas.

Mola logró que se uniera a la conspiración otro general republicano, además de Queipo de Llano, el general Miguel Cabanellas, jefe de la V División orgánica, con quien mantuvo una entrevista en Zaragoza el 7 de junio en la que acordaron las medidas para dominar la oposición que «opondría la gran masa sindicalista» y la organización de las «columnas que habían de oponerse a que los catalanes pudieran invadir el territorio aragonés». Mola consiguió comprometer en el golpe a numerosas guarniciones, gracias también a la trama clandestina de la UME dirigida por el coronel Valentín Galarza (cuyo nombre clave era «El Técnico»), pero Mola no contaba con todas ellas, y especialmente tenía dudas sobre el triunfo del golpe en el lugar fundamental, Madrid, y también sobre Cataluña, Andalucía y Valencia. Así pues, el problema de los militares implicados era que, a diferencia del golpe de estado de 1923, ahora no contaban con la totalidad del Ejército (ni de la Guardia Civil ni las otras fuerzas de seguridad) para respaldarlo. «Las divisiones que se habían manifestado en el seno del propio ejército desde la Dictadura… durante la República habían alcanzado un singular grado de virulencia con la creación de uniones militares enfrentadas por la cuestión del régimen político [la UME, Unión Militar Española, monárquica; y la republicana Unión Militar Republicana Antifascista, UMRA, con una influencia mucho más reducida».

Tampoco podían contar como en 1923 con la connivencia del jefe del Estado (el rey Alfonso XIII entonces, y el Presidente de la República Manuel Azaña ahora). Una tercera diferencia respecto de 1923 era que la actitud de las organizaciones obreras y campesinas no sería de pasividad ante el golpe militar, como en 1923, sino que como habían anunciado desencadenarían una revolución. Por estas razones se fue retrasando una y otra vez la fecha del golpe militar, y por eso, además, el general Mola, «el Director», buscó el apoyo de las milicias de los partidos antirepublicanos (requetés y falangistas) y el respaldo financiero de los partidos de la derecha. Mola entabló una negociación con la Comunión Tradicionalista para que el Requeté carlista, fuerza paramilitar concentrada principalmente en Navarra y el País Vasco, se uniese a la sublevación. Mola se negó inicialmente a aceptar las exigencias de los carlistas, partidarios de una monarquía clerical que querían luchar bajo la bandera rojigualda y el Sagrado Corazón de Jesús, mientras que Mola defendía una «dictadura republicana» donde la Iglesia siguiera estando separada del Estado.​ Sin embargo el 11 de julio Sanjurjo aceptó las principales reivindicaciones carlistas y el 14 estos anunciaron su adhesión al levantamiento. El 10 de julio también se unieron al plan de Mola José Calvo Sotelo y su partido, Renovación Española. En cuanto a las milicias falangistas, en principio su líder José Antonio Primo de Rivera, preso en Alicante, se manifestó dispuesto a colaborar, pero exigió su parcela de poder, lo que no fue admitido por los generales conjurados, por lo que su participación fue en principio aparcada. En paralelo los conjurados alquilaron un avión para que Franco pudiera trasladarse de Canarias al Marruecos español y tomar allí el mando del sublevado Ejército de África. Para ello el financiero Juan March facilitó fondos al marqués de Luca de Tena, propietario del diario ABC. El corresponsal de ABC en Londres, Luis Bolín, contrató un de Havilland D.H.89 Dragon Rapide que partió de Inglaterra el 11 de julio y llegó a Gran Canaria el día 15.

Actitud gubernamental

Al gobierno de Manuel Azaña, y luego de Casares Quiroga, le llegaron por diversas fuentes noticias de lo que se estaba tramando, pero no actuó con más contundencia contra los conspiradores porque, según el historiador Julio Aróstegui, «Azaña y muchos elementos de su partido, y el propio Casares Quiroga, jefe del gobierno, no creyeron que después de haber neutralizado con facilidad el golpe de Sanjurjo en 1932 en el ejército hubiera capacidad para preparar una acción seria, estimando además que tenían controlados a los posibles cabecillas y que en el caso de que esa rebelión se produjese sería fácil abortarla«. El Director General de Seguridad, José Alonso Mallol, organizó la instalación de numerosas escuchas telefónicas en todos aquellos lugares donde se estaba urdiendo la conspiración.​ Para el mes de mayo ya tenía confeccionada una lista de 500 implicados en la conspiración que entregó al presidente Azaña y al jefe del gobierno, Casares Quiroga, «con la recomendación de que se procediera a su detención».​ Pero Azaña y Casares Quiroga no hicieron nada al respecto y los preparativos golpistas continuaron. El 3 de junio Alonso Mallol[9] visitó Pamplona acompañado de un numeroso grupo de policías con el objetivo de realizar varios registros policiales y descubrir la conspiración del general Mola. Sin embargo, gracias a un aviso del comisario de policía y confidente de Mola, Santiago Martin Báguenas[10] (adscrito a la Dirección General de Seguridad), los conspiradores estaban prevenidos y el registro policial no logró ningún resultado.

Plan militar y político del alzamiento

Mola no elaboró un único modelo de conspiración para todas las provincias españolas sino que diseñó cuatro en función de la presencia o no de fuerzas militares en ellas y en función también del grado de compromiso con la rebelión de los generales, jefes y oficiales contactados. Así el primer modelo lo englobaban aquellas provincias que contaban con unidades militares y en las que los jefes y oficiales que las mandaban apoyaban la conspiración (era el caso de Valladolid, Zamora, Burgos, Segovia, Salamanca, Granada, Córdoba, Málaga, Guadalajara, las cuatro provincias gallegas, La Rioja, Vizcaya y Valencia, además del Protectorado de Marruecos). El segundo modelo incluía aquellas provincias que tenían unidades militares pero en las cuales no se contaba con un apoyo amplio de sus mandos. Era el caso de Madrid, Barcelona y Sevilla, a las que se podrían añadir Asturias, Santander y Almería. El tercer y cuarto modelo se refería a aquellas provincias que no contaban con guarniciones militares, por lo que la cuestión decisiva sería la actitud que tomaran los mandos de la Guardia Civil. En unas estaba asegurado su compromiso, constituyendo así el tercer modelo (sería el caso de las provincias de Albacete, Toledo, Cuenca, Soria y Ávila), mientras que en otras no, como Jaén, Ciudad Real y Huelva, las que constituirían el cuarto modelo.

El plan global del general Emilio Mola, «el Director«, era un levantamiento escalonado de todas las guarniciones comprometidas, que implantarían el estado de guerra en sus demarcaciones, comenzando por el Ejército de África. Como se preveía que en Madrid era difícil que el golpe triunfase por sí solo (la sublevación en la capital estaría al mando del general Fanjul), estaba previsto que desde el norte una columna dirigida por el propio Mola se dirigiera hacia Madrid para apoyar el levantamiento de la guarnición de la capital. Y por si todo eso fallaba también estaba planeado que el general Franco (que el 23 de junio había dirigido una carta al presidente del gobierno Casares Quiroga en la que decía que las sospechas del gobierno de que se estaba fraguando un golpe militar no eran ciertas -cuando él mismo era uno de los generales implicados-, alegando que «faltan a la verdad quienes le presentan al Ejército como desafecto a la República; le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones»), después de sublevar las islas Canarias se dirigiría desde allí al Protectorado de Marruecos a bordo del avión Dragon Rapide, fletado en Londres el 6 de julio por el corresponsal del diario ABC Luis Bolín gracias al dinero aportado por Juan March, para ponerse al frente de las tropas coloniales, cruzar el estrecho de Gibraltar y avanzara sobre Madrid, desde el sur y desde el oeste. ​ Inicialmente Mola fijó el 10 de julio como fecha para el golpe. Como temía que las guarniciones de Andalucía no apoyaran la sublevación, Mola inicialmente se limitó en sus planes a esperar que la Segunda División Orgánica (Sevilla), al igual que la Primera División Orgánica, “si no se suman al movimiento, por lo menos adopten una actitud de neutralidad benévola…” El 24 de junio Mola modificó sustancialmente el plan de la sublevación, estableciendo que el Ejército de África debería “organizar las columnas mixtas, sobre la base de la Legión, una en la Circunscripción Oriental y otra en la Occidental, que desembarcarán, respectivamente, en Málaga y Algeciras.” Desde estos puertos los sublevados convergerían en Córdoba y a continuación marcharían sobre Madrid por Despeñaperros. Entre los días 5 y 12 de julio una parte del Ejército de África realizó unas maniobras en el Llano Amarillo donde sus mandos terminaron de perfilar los detalles de la sublevación en el Protectorado español de Marruecos. Las instrucciones de Mola estipulaban que todas las unidades implicadas en el alzamiento estuvieran ‘’dispuestas’’ el día 17 a las 5 de la tarde (el 17 a las 17 horas), para empezar el Alzamiento en Marruecos.​ En puntos clave de la península empezaría el día 18, y en otros sitios (incluida Pamplona), el 19. La noticia de la sublevación en Marruecos sembró la confusión entre los conspiradores de la península: ¿Tenían que atenerse a la fecha planeada, o también tenían que adelantar su actuación? Según el plan diseñado por el general Mola, que pedía una acción «en extremo violenta»,​ una vez controlada Madrid los golpistas depondrían al presidente de la República y al gobierno, disolverían las Cortes, suspenderían la Constitución de 1931, detendrían y juzgarían a todos los dirigentes y militantes significados de los partidos y organizaciones de la izquierda así como a los militares que no hubieran querido sumarse a la sublevación y, finalmente, constituirían un Directorio militar bajo la jefatura del general Sanjurjo, que volaría desde Lisboa hasta España. Pero lo que sucedería a continuación nunca estuvo claro pues nada se había acordado sobre la forma de estado, o República o Monarquía (por ejemplo, no se decidió nada sobre qué bandera se utilizaría, si la bicolor de la monarquía, en lugar de la tricolor de la República, ya que se pensaba en una acción rápida y contundente). El objetivo era instaurar una dictadura militar siguiendo el modelo de la Dictadura de Primo de Rivera, al frente de la cual se situaría el exiliado general Sanjurjo.​ Así lo advirtió Mola desde el primer momento como quedó reflejado en la Instrucción reservada nº 1 de 25 de abril: «Conquistado el poder, se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al Ejército, para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho». Mola volvió a insistir más adelante en no vincular la sublevación con ninguna opción política, como dejó claro en las Normas de ejecución en las que se prohibía a los sublevados que, una vez se hicieran con el poder en sus respectivas demarcaciones, hicieran «todo género de manifestaciones de tipo político que pudieran quitar al movimiento el carácter de neutralidad absoluta que lo motiva». Así pues, lo que iban a poner en marcha los militares conjurados no era un pronunciamiento al estilo decimonónico (pues en estos casos no se discutía en general el régimen o el sistema político, sino que intentaban solo forzar determinadas «situaciones» partidistas), sino que iba mucho más lejos. El problema estribaba en que los militares y las fuerzas políticas que les apoyaban (falangistas, monárquicos alfonsinos, carlistas, católicos de la CEDA) defendían proyectos políticos distintos, aunque todos coincidían en que la «situación futura” no sería democrática, y tampoco liberal, porque el significado social de fondo de la conspiración era inequívoco: la «contrarrevolución«. En cuanto al dinero para financiar la operación, la mayor parte lo proporcionó el banquero Juan March quien puso a disposición del general Mola de un fondo por valor de 600 millones de pesetas, además de proporcionar a los monárquicos medio millón de libras para que compraran material bélico y de pagar las 2000 libras que costó el alquiler del Dragon Rapide que debía transportar al general Franco desde Canarias a Marruecos.

Sucesos de julio de 1936

A principios de julio de 1936 la preparación del golpe militar estaba casi terminada, aunque el general Mola reconocía que «el entusiasmo por la causa no ha llegado todavía al grado de exaltación necesario»​ Con la fecha del pronunciamiento fijada para los días 10 al 20 de julio, en la tarde del domingo 12 de julio fue asesinado en una calle céntrica de Madrid por pistoleros de extrema derecha, carlistas para algunos historiadores, falangistas para otros, el teniente de la Guardia de Asalto José Castillo​. Castillo era conocido por haberse negado a intervenir contra los manifestantes de la Revolución de 1934. Además era miembro de la UMRA e instructor de las milicias de la juventud socialista.​ El 16 de abril de 1936, durante unos disturbios en Madrid, uno de sus hombres había matado a Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera y el propio Castillo había herido a un manifestante carlista. Castillo era el número dos en una lista negra de oficiales de izquierdas supuestamente confeccionado por la UME y cuyo número uno, el capitán Carlos Faraudo[11], ya había sido asesinado. La madrugada 13 de julio, salieron varios grupos de guardias de asalto con listas de falangistas y miembros de la extrema derecha a los que detener. Un grupo de guardias de asalto, dirigidos por un capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés[12], salió para detener a un falangista, pero al llegar al lugar se dieron cuenta de que la dirección era falsa. Sin saber muy bien qué hacer, alguien propuso ir a casa del líder de Renovación Española, Antonio Goicoechea, pero este no se encontraba en su casa. Lo intentaron otra vez con José María Gil-Robles pero, al no encontrar a ninguno de ellos (ya que se encontraban fuera de Madrid), fueron a casa de José Calvo Sotelo, el jefe parlamentario de los monárquicos «alfonsinos» de Renovación Española. Le pidieron que les acompañara a la Dirección General de Seguridad, cosa a la que Calvo Sotelo inicialmente se negó pero tras ver la documentación de Condés (que lo acreditaba como oficial de la Guardia Civil) aceptó ir con ellos. En mitad del trayecto, Luis Cuenca Estevas, un paisano que iba en la camioneta, descerrajó dos tiros a Calvo Sotelo. Sin que este desenlace estuviera previsto, los integrantes de la camioneta abandonaron el cadáver en el depósito del cementerio del Este.​ En el entierro de Calvo Sotelo el dirigente monárquico Antonio Goicoechea juró solemnemente «consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España, que todo es uno y lo mismo». Por su parte el líder de la CEDA, José María Gil Robles en la reunión de la Diputación Permanente de las Cortes​ del día 15 de julio les dijo a los diputados de la izquierda que «la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros» y acusó al gobierno de tener la «responsabilidad moral» del crimen por «patrocinar la violencia». El asesinato de Calvo Sotelo aceleró el compromiso con la sublevación de los carlistas y también de la CEDA, y acabó de convencer a los militares que tenían dudas. Además, Mola decidió aprovechar la conmoción que había causado en el país el doble crimen, y el día 14 adelantó la fecha de la sublevación que quedó fijada para los días 18 y 19 de julio de 1936.

Alzamiento en el Norte de África (17-18 de julio)

Cuando en abril de 1936 el general Mola se hizo cargo de la dirección de la conspiración militar para derribar el gobierno del Frente Popular recabó la colaboración de la Armada que concretó más tarde en unas Instrucciones para las fuerzas de la Armada de 20 de junio. En estas se especificaba que la misión de la Armada sería el dominio de las bases navales de Ferrol y Cádiz, la vigilancia de la costa norte, especialmente Asturias (incluido el bombardeo de la cuenca minera), y la colaboración en la sublevación de Marruecos. Pero en algunos barcos miembros de los cuerpos auxiliares (como los radiotelegrafistas) y de suboficiales y marinería habían formado comités para vigilar las actividades sospechosas de los oficiales del Cuerpo General. Estos comités en algunos casos mantenían vínculos con la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). En la tarde del viernes 17 de julio se recibieron en la central radiotelegráfica del Estado Mayor de la Marina en Madrid las primeras noticias de que se había iniciado la sublevación militar en Marruecos. El oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares Radiotelegráficos que estaba en ese momento de guardia en la central era Benjamín Balboa López, afiliado a la UMRA, y cuando se recibió en Madrid en la madrugada del sábado 18 de julio el telegrama de felicitación del general Franco a los sublevados de Melilla, Balboa informó directamente al ayudante del ministro Giral y se negó a obedecer la orden del jefe de la central radiotelegráfica de que comunicara el mensaje de Franco a las guarniciones y lo arrestó. Balboa a continuación contactó con todos los buques de la Armada y a los radiotelegrafistas de los mismos les informó de que sus oficiales podían estar a punto de sublevarse contra el gobierno y les animó a amotinarse. La misma madrugada del sábado 18 de julio el ministro de Marina José Giral ordenó que todos los buques de la flota se dirigieran hacia la zona del estrecho de Gibraltar para que cañonearan las posiciones de los sublevados en Marruecos e impidieran el paso de cualquier transporte de tropas que intentara llegar a la península. Sin embargo, los comandantes de los destructores Almirante Valdés[13], Sánchez Barcáiztegui[14] y Churruca se pasaron al bando sublevado pero las dotaciones de los destructores se amotinaron y arrestaron a sus oficiales que se habían sublevado, ejemplo que fue seguido por las dotaciones de los guardacostas Uad-Lucus[15] y Uad-Muluya[16] y el cañonero Laya (mientras que los guardacostas Dato y Uad-Kert[17] se sumaban a la sublevación entrando en Ceuta, así como el torpedero T-19)​ Lo mismo sucedió en los destructores Alsedo, José Luis Díez y Alcalá Galiano,​ y en el acorazado Jaime I [18] y en los cruceros Libertad[19] y Miguel de Cervantes[20], que habían zarpado de la base de Ferrol en dirección al Estrecho de Gibraltar​ Por su parte el crucero Méndez Núñez[21], recibió la orden de volver a la colonia de Guinea Ecuatorial de donde había zarpado y allí su comandante fue destituido del mando y desembarcado junto con otros oficiales, volviendo más tarde a España.​ También se amotinaron las dotaciones de los submarinos Issac Peral C-1, C-3, C-4 y B-1 cuando sospecharon de la actitud de sus oficiales. Los mandos del C-6 fueron arrestados cuando atracaron en Málaga. Los otros siete submarinos también quedaron del lado gubernamental cuando fracasó la sublevación en las bases navales de Cartagena y Mahón En la base naval de Cartagena la sublevación tampoco triunfó porque a los mandos navales les faltó decisión y porque el general Toribio Martínez Cabrera[22], gobernador militar de Cartagena, se mantuvo leal al gobierno, así como el jefe de la cercana base aérea de Los Alcázares. Así el destructor Lazaga[23], que estaba allí anclado, y los seis destructores que estaban en fase de construcción quedaron del lado gubernamental, con lo que toda la flotilla de destructores, excepto uno (el Velasco que se encontraba en Ferrol), quedó del lado gubernamental, además de cuatro torpederos y un guardacostas, junto con varios barcos auxiliares. En la base de Mahón hubo un intento de sublevación que fue sofocado y las dotaciones de los submarinos que tenían allí su base se amotinaron contra sus oficiales que pretendían rebelarse. En cambio en las bases navales de Cádiz y de Ferrol la sublevación triunfó. En la primera gracias a las tropas de regulares traídas desde Ceuta por el destructor Churruca antes de que su dotación se amotinara y gracias también a la decidida actuación de los jefes conjurados en la base y del gobernador militar de Cádiz, el general José López-Pinto[24], que impidieron cualquier intento de sublevación de los obreros de los astilleros o de la marinería. Al controlar la base los sublevados tenían en su poder el crucero República[25], que estaba sometido a grandes reparaciones, por lo que no entraría en servicio hasta 1938, los cañoneros Cánovas y Lauria, después de aplastar el amotinamiento de su tripulación, y dos guardacostas, el Alcázar y el Larache, que no se amotinaron.​ En la base naval de Ferrol la dotación del crucero Almirante Cervera[26] se amotinó pero no consiguió sacar el buque del dique seco, y finalmente el bombardeo de la aviación naval de la base de Marín que se había sublevado hizo que el barco se rindiera. También se amotinó la dotación del acorazado España[27], asimismo en dique seco, pero como el tercer buque que se hallaba en la base, el destructor Velasco[28], no se amotinó, no les quedó más opción que la rendición después de que fuera dominada la rebelión del Almirante Cervera. Así fue como la base y los tres buques de importancia que había en ella se unieron a la sublevación.

La reacción del Gobierno

En la tarde del viernes 17 de julio ya se conocía en Madrid que en el Protectorado español de Marruecos se había iniciado una sublevación militar y el gobierno de Santiago Casares Quiroga cursó las primeras órdenes al Ejército, a la Marina y a los gobernadores civiles para que actuaran. Al día siguiente la sublevación se extendió a la península y las organizaciones obreras (CNT y UGT) reclamaron «armas para el pueblo» para acabar con ella, a lo que el gobierno se negó, fundamentalmente porque en aquel momento los republicanos de izquierda temían «tanto o más que el golpe militar de signo antirrepublicano, el desbordamiento del orden social por obra de una acción de masas” Por la noche de ese sábado 18 de julio Casares Quiroga presentó su dimisión al presidente de la República Manuel Azaña y este encargó a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y líder de Unión Republicana, que formara un gobierno con el mayor apoyo político posible, dejando fuera a los dos extremos (la CEDA y el Partido Comunista de España), cuyo objetivo era conseguir «detener la rebelión» sin recurrir al apoyo armado de las organizaciones obreras. Martínez Barrio formó un gobierno que, aunque difería poco del anterior (no consiguió que se integraran en él los socialistas), incluyó a políticos moderados y dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo con los militares sublevados, como el líder del Partido Nacional Republicano Felipe Sánchez Román, que abandonó la coalición del Frente Popular cuando se integró en ella el Partido Comunista, o Justino de Azcárate. En la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de julio, Martínez Barrio habló por teléfono con el general Emilio Mola, «El Director» de la sublevación, pero este se negó rotundamente a cualquier tipo de transacción. «Ustedes tienen sus masas y yo tengo las mías«, le dijo Mola al presidente del gobierno. Según la versión franquista posterior este le llegó a ofrecer algunas carteras ministeriales para los sublevados, pero este extremo siempre lo negó Martínez Barrio. Así pues la pretendida negociación con los rebeldes se saldó con un fracaso, por lo que el «gobierno de conciliación» dimitió a última hora de la tarde del domingo 19 de julio. Azaña nombró como nuevo presidente del gobierno a un hombre de su partido José Giral, que formó un gobierno únicamente integrado por republicanos de izquierda aunque con el apoyo explícito de los socialistas que tomó la decisión de entregar armas a las organizaciones obreras, algo a lo que también se había negado Martínez Barrio porque consideraba que ese hecho traspasaba el umbral de la defensa constitucional y «legal» de la República.​ Pero a causa de esta decisión el Estado republicano perdió el monopolio de las armas, por lo que no pudo impedir que se iniciara una revolución social, ya que las organizaciones obreras no salieron a la calle «exactamente para defender la República, a la que se le había pasado la oportunidad, sino para hacer la revolución. A donde no había llegado la República con sus reformas, llegarían ellos con la revolución. (…) Un golpe de estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola”

La polémica sobre la entrega de «armas al pueblo»

El historiador británico Hugh Thomas (en una obra actualizada publicada en castellano en 1976) considera que «los medios constitucionales de oposición al alzamiento constituyeron un fracaso. Esto ocurrió inevitablemente, dado que gran parte de las fuerzas de la ley y el orden -el ejército y la guardia civil- estaban con los rebeldes, que afirmaban ser ellos quienes representaban el orden, pese a estar fuera de la ley. La única fuerza capaz de resistir a los rebeldes era la de los sindicatos y los partidos de izquierdas. Pero, para el gobierno, utilizar esta fuerza significaba aceptar la revolución. No es sorprendente que Casares Quiroga vacilara antes de dar este paso. Pero, en el punto al que habían llegado las cosas en España el 18 de julio por la noche, tal paso era también inevitable. En las ciudades donde habían tenido lugar alzamientos, en Marruecos y en Andalucía, quienes se habían opuesto a ellos habían sido los partidos revolucionarios de izquierdas. En realidad, en muchas poblaciones pequeñas la revolución se anticipó a la rebelión, porque cuando la noticia del alzamiento en Marruecos y en Sevilla llegó a los lugares donde no había guarnición militar, la reacción de las izquierdas, naturalmente no fue la de esperar a que se les atacara. (…) [Cuando el gobierno Giral ordenó a los gobernadores civiles] distribuir todas las armas existentes… en muchos casos estas órdenes llegaron demasiado tarde» El historiador Julio Aróstegui (en una obra publicada en 2006) considera que el retraso del gobierno en entregar las armas a las organizaciones obreras fue clave para que la sublevación triunfara en determinadas ciudades como Sevilla, Granada o Ávila. La «fatal duda» de los gobiernos de Casares Quiroga y de Martínez Barrio de entregar o no las armas «fue definitoria en la imposibilidad de cortar la sublevación en la raíz… En el momento decisivo estos políticos se negaron a apelar al pueblo… para la defensa armada de la República. Se negaron a entregar las armas de procedencia militar que las organizaciones del proletariado, partidos y sindicatos, reclamaban… e impidieron en muchos casos que los gobernadores civiles y otras autoridades subalternas se pusieran decididamente al frente de los movimientos defensivos populares. Hubo casos claros donde esta parálisis fue la mejor baza de los sublevados» El historiador Julián Casanova (en una obra publicada en 2007) considera un mito la idea de que fue «el pueblo en armas» quien venció a los rebeldes en las calles de las principales ciudades españolas. El factor decisivo, según Casanova, fue la actitud de los militares, incluidos los que dirigían las fuerzas de orden público, pues los militantes obreros solo pudieron «combatir a los sublevados allí donde la fidelidad de algunos mandos militares, o la indecisión de otros, lo permitió. Madrid y Barcelona constituyen buenos ejemplos, aunque también Valencia, Jaén o San Sebastián»

La represión en la zona sublevada

El general Mola, quien desde finales de abril de 1936 tomó la dirección de la trama golpista adoptando el nombre clave de “El Director”, redactó y difundió una serie de circulares o “Instrucciones reservadas” en las que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el golpe de Estado. Ya en la primera de ellas, dictada el 25 de mayo, apareció la idea de que el golpe tendría que ir acompañado de una violenta represión En la «Instrucción Reservada» nº 5 emitida el 20 de junio también advirtió que se actuaría de la misma manera contra los oficiales que sentían escasa simpatía por el movimiento golpista:

“Ha de advertirse a los tímidos y vacilantes, que el que no esté con nosotros, está contra nosotros, y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no son compañeros el movimiento triunfante será inexorable”

Las amenazas de Mola se cumplieron plenamente y al estallar la sublevación, esta vino acompañada sistemáticamente de una represión feroz de la que eran víctimas todos los que oponían resistencia al golpe, incluyendo aquellos militares que optaron por mantenerse leales al poder legalmente establecido o incluso los que mostraron dudas, sin excepciones por parentesco o amistad. Se dio la trágica paradoja de que los oficiales que permanecieron leales a la legalidad republicana se enfrentaron a consejos de guerra en los que sus compañeros sublevados los juzgaban, condenaban y ejecutaban por el delito de «rebelión» En todas partes la pauta seguida fue muy similar: insurrección; detención y fusilamiento de jefes y oficiales opuestos o indecisos; adhesión de milicias falangistas y carlistas allí donde existían; control de las calles y puntos estratégicos; incursiones de castigo en los barrios obreros y asesinato de alcaldes, gobernadores civiles, autoridades republicanas y líderes obreros y políticos de izquierda. 

Situación final: La división de España en dos zonas

No existe un acuerdo total entre los historiadores para fijar la fecha final de la sublevación y el inicio de la guerra propiamente dicha. Algunos coinciden en señalar el lunes 20 de julio de 1936, otros en cambio apuntan al día siguiente, martes 21 de julio, porque ese día todavía se combatía en algunos lugares, como Toledo, Almería, Granada, San Sebastián o El Ferrol.​ Pero lo cierto fue que como consecuencia del éxito de la sublevación en unos sitios y del fracaso en otros España quedó dividida en dos zonas: una controlada por los militares que se habían alzado contra la República (la zona nacional) y otra que permaneció fiel al gobierno (la zona republicana).

La división de España

Cuando se consumó el golpe de estado el miércoles 22 de julio de 1936 los sublevados no habían conseguido su objetivo principal de apoderarse del punto neurálgico del poder, Madrid, ni de las grandes ciudades, como Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga o Murcia (por el contrario, dominaban Sevilla, Zaragoza, Valladolid y Córdoba), pero sí dominaban cerca de la mitad del territorio español, ya que controlaban prácticamente el tercio norte peninsular (Galicia, Castilla La Vieja, León, Álava, Navarra, gran parte de la provincia de Cáceres, y la mitad occidental de Aragón, incluyendo las 3 capitales provinciales). Además dominaban las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba y Cádiz conectadas entre sí por una estrecha franja (así como la aislada ciudad de Granada), más todo el Protectorado español de Marruecos y los dos archipiélagos, Canarias y Baleares  (excepto Menorca e inicialmente la isla de La Palma. Fuera de esta área controlaban determinados lugares y puntos de resistencia aislados dentro de la zona republicana como la ciudad de Oviedo, el cuartel de Simancas en Gijón, el Alcázar de Toledo o el Santuario de la Virgen de la Cabeza[29], cerca de Andújar (Jaén).​ Esta España controlada por los sublevados era en general «la España interior, rural, de formas sociales más retardatarias, de grandes y medianos propietarios agrarios, y con extenso proletariado agrario también». Los rebeldes controlaban grandes áreas cerealísticas, pero la industria, tanto pesada como ligera, seguía en manos de la República. En la zona sublevada se encontraban 11 millones de habitantes de los 25 millones que había en toda España. El miércoles 22 de julio la zona fiel a la República ocupaba grosso modo la mitad este de la Península (la mitad oriental de Aragón (menos las tres capitales), Cataluña, País Valenciano, Región de Murcia, Andalucía oriental (menos la ciudad de Granada), Madrid, Castilla-La Mancha) además de las provincias de Badajoz y de Huelva. Aislada de esta zona quedaba la franja cantábrica formada por Asturias (menos Oviedo y Gijón), Santander, Vizcaya y Guipúzcoa. El territorio leal era superior en extensión al rebelde y se trataba, por lo general, de las zonas de España «socialmente más evolucionadas, con importante población urbana, más industrializadas y con núcleos de obrerismo modernos organizado» El gobierno, de hecho, controlaba la capital política del país, Madrid, y la capital económica, Barcelona. Si se hace el balance por provincias el resultado fue que en 30 provincias venció la sublevación (sin contar Ceuta y Melilla y el Protectorado de Marruecos) mientras que en 20 fracasó, lo que suponía que, según el censo de 1930, más de 13 millones de españoles quedaron en la zona leal a la República y unos 11 millones en la zona controlada por los sublevados. La causa principal del éxito de la sublevación en unas provincias y del fracaso en otras fue la postura que adoptaron los jefes militares en cada una de ellas, y no factores sociales o políticos, como se pudo comprobar en los casos de Madrid y Barcelona donde la rebelión fracasó, según Francisco Alía Miranda, «porque los militares sublevados no contaron con apoyo suficiente por parte de sus compañeros». Sin embargo, también tuvo importancia la respuesta que dieron las autoridades republicanas a la sublevación, ya que cada gobernador civil actuó de manera diferente. Allí donde actuaron con «celeridad, diligencia y energía» consiguieron detener la rebelión (como en Málaga, Huelva, Almería, Badajoz, Oviedo, Ciudad Real, Cuenca y Jaén), mientras que donde apenas hicieron nada, «por parsimonia, indecisión o ignorancia» la rebelión triunfó (como en Logroño, Cáceres y Guipúzcoa)

[1]El Frente Popular fue una coalición electoral española creada en enero de 1936 por los principales partidos de izquierda. El 16 de febrero, consiguió ganar las últimas elecciones durante la Segunda República antes del golpe de Estado que produciría la Guerra Civil.

[2] Emilio Barrera Luyando (Burgos, 17 de enero de 1869 – Id 5 de mayo de 1943) fue un militar español, que alcanzó el empleo de Teniente General. Jefe del Estado Mayor del Ejército de África. Durante la Dictadura de Primo de Rivera fue miembro de la Asamblea Nacional Consultiva.Participó en la conspiración golpista de 1936

[3] La Unión Militar Española (UME) era una asociación clandestina de jefes y oficiales del Ejército Español fundada en Madrid en diciembre de 1933, a principios del segundo bienio de la Segunda República Española, por militares descontentos con la Reforma militar de Manuel Azaña y que en su mayoría se solidarizan con los miembros del Ejército condenados por el fracasado golpe de estado del general Sanjurjo del 10 de agosto de 1932 (la jefatura suprema nominal de la UME la ostentará precisamente el general Sanjurjo). Tiene su antecedente en las Juntas de Defensa que surgieron en 1917 durante la crisis de la Monarquía de la Restauración

[4] Manuel Portela Valladares (Pontevedra, 31 de enero de 1867-Bandol, 29 de abril de 1952) fue un político español de ideología liberal y centrista. Fue ministro durante el reinado de Alfonso XIII y llegó a ser presidente del Consejo de Ministros durante la Segunda República Española

[5] Nicolás Molero Lobo (Alcalá de Henares, 6 de diciembre de 1870-Barcelona, 11 de noviembre de 1947) fue un militar español y Ministro de la Guerra durante la Segunda República entre 1935 y 1936. Al estallar la Guerra Civil, Molero, general de División, dirigía la VII División Orgánica con sede en Valladolid. Aunque había sido operado y se hallaba en plena convalecencia ante los rumores, cada vez más intensos, de un levantamiento militar, se incorporó a su despacho. Los militares sublevados, dirigidos por los generales Saliquet y Ponte se hicieron con el control de las fuerzas militares tras arrestarle el 19 de julio, al negarse a unirse a la sublevación. En el tiroteo que se originó, Molero resultó herido (algunos autores, como Antony Beevor señalan incorrectamente que fue fusilado). Sus ayudantes, Ángel Liberal y Roberto Riobóo resultaron heridos y morirían días más tarde. Trasladado primero a Burgos y luego al fuerte-prisión de San Cristóbal en Pamplona, en agosto de 1937 fue juzgado en Consejo de Guerra en Valladolid, el cual le condenó a tres años y un día de prisión por un delito de «negligencia». Recurrida la sentencia, un nuevo proceso le condena a treinta años de reclusión, por un delito de «adhesión a la rebelión militar». La pena le fue conmutada por Franco en marzo de 1938 por la de doce años y un día, pasando unos años en la cárcel y siendo apartado del ejército.​ En 1940 obtuvo la libertad condicional aunque también le persiguió el Tribunal de Responsabilidades Políticas, falleciendo de muerte natural en Barcelona en 1947.

[6] Sebastián Pozas Perea (Zaragoza, 1876 – Ciudad de México, 1946) fue un militar español que luchó en la Guerra Civil Española al servicio de la República. Se le consideraba un oficial africanista y sin pasado político, aunque Pozas creía en la absoluta autoridad del poder civil sobre el militar.​ Al comienzo de la contienda estaba a cargo de la Guardia Civil, organismo que logró mantener en parte fiel a la República. Fue uno de los participantes de la defensa de Madrid en sus inicios y posteriormente estuvo a cargo del Ejército del Este en Aragón.​ A pesar de haber logrado la militarización de las milicias que combatían en el Frente de Aragón, las ofensivas que emprendió en este frente resultaron un fracaso y no contribuyeron a ayudar a los republicanos en otros frentes. Al final de la contienda se exilió en México.

[7] Miguel Núñez de Prado y Susbielas (Montilla, 30 de marzo de 1882-Pamplona, 24 de julio 1936), fue un militar y aviador español, destacado por su intervención durante la Guerra del Rif y su papel en la aviación militar española. Fue fusilado por las fuerzas sublevadas al comienzo de la guerra civil.

[8] Carlos Masquelet Lacaci (Ferrol, 14 de julio de 1871 – La Junquera, 1948) fue un militar español. Durante el periodo de la Segunda República llegó a ocupar diversos puestos como jefe del Estado Mayor Central del Ejército o varias veces ministro de la guerra. Durante la Guerra civil tuvo un papel relevante, por haber diseñado un frente defensivo fundamentado en fortines, distribuidos en cuatro anillos, que se construyeron para la Defensa de Madrid.

[9]José Alonso Mallol (Alicante, 30 de agosto de 1894 – c. 1967) fue un político español, que destacó en los meses previos a la Guerra Civil Española por su puesto como Director General de Seguridad. Durante el periodo de la Segunda República Española ocupó diversos puestos en la administración. Al final de la guerra civil marchó al exilio, estableciéndose en México junto a otros destacados exiliados republicanos.

[10] Santiago Martín Báguenas, fue un agente de policía español que desempeñó importantes puestos durante el reinado de Alfonso XIII y, posteriormente, durante la Segunda República. Es también conocido por su papel en la conspiración militar que luego desembocaría en la Guerra Civil.

[11] Carlos Faraudo y de Micheo (Madrid, 19 de abril de 1901 – Ibíd., 9 de mayo de 1936) fue un militar español. Procedía de una acaudalada familia de la alta burguesía. Tras realizar estudios militares en la Academia de Ingenieros, en agosto de 1923 se licenció con el rango de teniente. Fue destinado a Melilla poco después, y en noviembre de 1925 sería destinado a Madrid. En octubre de 1929 ascendió por antigüedad al rango de capitán. Tras la proclamación de la Segunda República Española, entre 1932 y 1933 estuvo destinado en Bolivia como instructor del Ejército boliviano. Tras el estallido de la Guerra del Chaco, regresó a España. En 1931 Faraudo ingresó en el PSOE, momento a partir del cual aumentó su compromiso político. Durante su estancia en la Dehesa de la Villa entró en contacto con uno de los líderes socialistas, Francisco Largo Caballero. Fue instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas. Posteriormente se afiliaría a la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), una asociación militar clandestina de ideología izquierdista. La noche del 8 de mayo de 1936 resultó gravemente herido tras ser atacado por unos falangistas, a la altura de la calle de Lista, mientras paseaba con su mujer. Su nombre aparecía en una lista supuestamente confeccionada por la UME de militares republicanos que debían ser asesinados, siendo Faraudo el objetivo número uno. Fue llevado inmediatamente a una clínica, aunque fallecería a la mañana siguiente, 9 de mayo. Su entierro fue multitudinario y tuvo gran resonancia en la prensa de la época.

[12] Fernando Condés Romero (Lavadores, Vigo, 1906- Somosierra, 23 de julio de 1936) fue un militar y capitán de la Guardia Civil español. Vinculado al PSOE, fue instructor de milicias socialistas y encabezó el grupo de policías y civiles que detuvo al diputado derechista José Calvo Sotelo, el cual acabaría siendo asesinado por uno de los miembros del grupo.

[13] El Destructor Almirante Valdés (AV) era un destructor de la Armada Española perteneciente a la Clase Churruca que participó en la guerra civil en el bando republicano. Recibía su nombre en honor a Cayetano Valdés y Flores, marino, político y militar, 17º Capitán General de la Real Armada Española.

[14] El destructor Sánchez Barcáiztegui (SB) era un buque de la Armada Española perteneciente a la 1ª serie de la clase Churruca que participó en la guerra civil en el bando gubernamental. Recibía su nombre en honor al teniente de navío Victoriano Sánchez Barcáiztegui, nacido en Ferrol en 1826 y caído en combate frente a Motrico en 1875

[15] El guardacostas Uad Lucus tenía su base, en julio de 1936, en el puerto de Ceuta, dependiente de las Fuerzas Navales del Norte de África. Su comandante el 18 de julio, era el alférez de navío Juan Lazaga Azcárate, por permiso del titular teniente de navío Luis Diez del Corral. El 17 de julio se le ordena zarpar rumbo a Río Martín a sustituir en tal cometido al Uad Kert, que había tenido que regresar por averías. Allí arribó a las 03:00 del día siguiente, cuando la dotación se amotinó exigiendo dirigirse a Málaga, no obstante, el comandante consiguió disuadirles de tal propósito y, finalmente, el buque se dirigió a la rada de Tánger, donde ya se estaban reuniendo otras unidades de la Marina. El comandante intentó alcanzar Ceuta, pero finalmente tuvo que entrar en la ciudad internacional a primeras horas del 20 de julio, logrando el 22 escapar a tierra. El buque quedó en poder del bando republicano. Al igual que el resto de sus compañeros de serie, es muy poca la información que se tiene sobre él. Quedó basado en el puerto de Málaga, de donde apenas se movió durante los primeros meses de la guerra excepto para hacer cortas salidas en las cercanías de la base. Su final vendría el día 9 de octubre de 1936, cuando el hidro nacional D-4 lo detectó junto a su compañero, el Uad Muluya.

[16] Se hallaba adscrito a las Fuerzas Navales del Norte de África y en julio de 1936 tenía su base en el puerto de Ceuta.
Su comandante era el teniente de navío Diego Gómez Ruiz. El día 17 de julio se le ordenó zarpar y ponerse a disposición del comandante del destructor Churuca, que le ordenó dirigirse a Alhucemas y vigilar a los buques que allí fondearan. A primeras horas del día siguiente alcanzó su destino, fondeando en la bahía; allí se les acercó un bote con un mensaje advirtiéndoles de la sublevación de la guarnición. Su comandante decidió dirigirse de nuevo a Ceuta, adonde entró siguiendo la popa del Churuca.
Poco después, el comandante decidió dirigirse a Tánger para enlazar con otras unidades que ya se encontraban allí. El 20 llegaba al guardacostas un bote del crucero Libertad, cuya tripulación ya se había amotinado. El comandante del Muluya y su segundo se trasladaron al Tofiño, donde consiguieron un bote para huir a tierra. La dotación del guardacostas se amotinó, uniendo el buque a la flota gubernamental. Quedó este guardacostas basado en Málaga tras la rebelión militar, de donde apenas se movió en los meses siguientes excepto para realizar cortas salidas en las aguas cercanas. Fue hundido el día 9 de octubre de 1936 cuando, junto al Uad Lucus.

[17] El Uad Kert (Río Kert), fue un patrullero guardacostas de la Armada Española, ex HMS Rother y HMS Aslett Anthony de la clase Castle en la Marina Real Británica. Originalmente, fue un arrastrero armado (armed trawler), que participó en la Primera Guerra Mundial, construido sobre la base de un pesquero de arrastre civil. Al inicio de la guerra civil, se encontraba de guardia frente a río Martín, cuando debió regresar a su base de Ceuta por avería, por lo que quedó en manos de los sublevados, participando en el llamado Convoy de la victoria del 5 de agosto de 1936 junto al cañonero Eduardo dato y al torpedero T-19​ En represalia por el paso del citado convoy, el día 7 de agosto, las principales unidades navales republicanas, el Jaime I y el Libertad, junto a dos destructores, atacaron las baterías y al cañonero Eduardo Dato en el puerto de la ciudad de Algeciras, también impactaron en la caldera del Uad Kert. En marzo de 1937, apresó en el Estrecho de Gibraltar al mercante Gardelaki, propiedad de una naviera griega, pero que al navegar para el Gobierno Republicano, fue declarado buena presa

[18] El acorazado Jaime I era el tercero de una serie de tres construidos para la Armada española a principios del siglo XX. Fruto de la Ley de Escuadra del 7 de enero de 1908, estos buques recibieron el nombre genérico del cabeza de serie, por lo que se les llamó acorazados Clase España. Su construcción tuvo lugar en los astilleros de la Sociedad Española de Construcción Naval en el Ferrol. Constituyó el último de la Serie en ser entregado a la Armada, aunque ello no le impidió participar en la Guerra del Rif. Al comienzo de la Guerra Civil Española, en 1936, permaneció leal a la República Española y participó en algunas operaciones de la contienda pero el 17 de junio de 1937 resultó destruido por una explosión interna durante unos trabajos de reparación y mantenimiento que se estaban realizando.

[19] El crucero Príncipe Alfonso, que también ostentó el nombre de Libertad durante la Segunda República Española, y que tras la misma, fue rebautizado como Galicia, formaba parte de la clase Cervera, construidos gracias a la llamada Ley Cortina de 11 de enero de 1922. Esta serie estaba formada por los cruceros Almirante Cervera, el Miguel de Cervantes y el propio Príncipe Alfonso.

[20] El Miguel de Cervantes era un crucero ligero de la clase Cervera, perteneciente a la Armada Española. Fue autorizado por el Real Decreto de 31 de marzo de 1926 enmarcado en el proyecto de construcciones navales del contralmirante Honorio Cornejo.Fue botado en Ferrol el 15 de mayo de 1928 y retirado del servicio en 1964.

[21] El Méndez Núñez fue un crucero ligero como el segundo de los buques de su clase perteneciente a la Armada  Española; aunque fue puesto en grada con el nombre de Blas de Lezo, cambió su nombre con su gemelo antes de su botadura. En julio de 1936, se hallaba en la Guinea española (Guinea Ecuatorial), donde la tripulación se apoderó del buque sin derramamiento de sangre tras el golpe de Estado del 18 de julio.

[22] Toribio Martínez Cabrera (Santa Colomba de Somoza, 13 de abril de 1874 – Paterna, 23 de junio de 1939) fue un militar español que participó en la guerra civil española. Con el grado de general desde 1934, el golpe de Estado que dio origen a la guerra civil le sorprendió destinado como gobernador militar de Cartagena (Murcia), plaza que conservó para el gobierno de la República. El 20 de noviembre fue nombrado jefe del Estado Mayor Central del Ejército, cargo del que fue relevado poco después, por presión del Partido Comunista de España, que no se fiaba de él. Destinado en el Frente del Norte, el fracaso de las operaciones militares y las represalias dentro del Ejército Popular por parte de los comunistas le llevan a prisión hasta que en 1938, bajo el gobierno de Juan Negrín, es liberado y destinado como comandante militar en Madrid. Poco antes del final de la guerra dio su apoyo al golpe de Casado. Posteriormente consiguió llegar hasta Valencia donde donde fue apresado por las tropas sublevadas, y posteriormente ejecutado en Paterna el 23 de junio de 1939.

[23] El Destructor Lazaga (L) era un destructor de la Armada Española perteneciente a la Clase Alsedo que participó en la guerra civil en el bando republicano. Al iniciarse la Guerra Civil, se encontraba en reparaciones en Cartagena, quedando en el bando gubernamental. El Lazaga estuvo en el combate frente al cabo de Palos, el 20 de agosto de 1937 el submarino legionario italiano Finzi le lanza un torpedo fallando el blanco. Al verse obligado a hacer inmersión por ser atacado después con cargas de profundidad por otros destructores, debido a problemas con la maquinaria, pasó los últimos meses de la guerra inactivo en Cartagena. El Lazaga fue gravemente averiado el 5 de marzo de 1939 tras un bombardeo por parte de 5 trimotores Savoia-Marchetti SM.79, en el que también resultaron dañados los destructores Alcalá Galiano y Sánchez Barcáiztegui. Apresado por los rebeldes en Cartagena al finalizar la guerra, pasa a la Armada franquista y es trasladado al Ferrol para su remodelación. Se mejoró su artillería antiaérea, siendo dado de baja en 1961

[24] José López-Pinto Berizo (Cartagena, 11 de marzo de 1876 – Cartagena, 11 de febrero de 1942) fue un militar español perteneciente al arma de Artillería. Destacó por su participación en la Guerra Civil Española. La tarde del 17 de julio la guarnición de Melilla se sublevó, y en pocas horas la rebelión se extendió al resto del Protectorado de Marruecos. A las 01:00 horas del 18 de julio López-Pinto aseguró al gobernador civil de Cádiz, Mariano Zapico, que se mantendría fiel a la República. Sin embargo, cuando unas horas después el general Queipo de Llano se sublevó en Sevilla, López-Pinto también se unió a la rebelión.​ Después de sublevarse, ordenó liberar al general Varela, que asumió le jefatura militar de la ciudad de Cádiz.​ En pocas horas, tras haber recibido refuerzos desde Marruecos, López-Pinto logró dominar tanto la capital gaditana como la base naval de La Carraca. Unas semanas después del comienzo de la contienda presidió el tribunal militar que condenó a muerte al general Campins.​ En diciembre el ya «generalísimo» Francisco Franco lo ascendió al rango de general de división,​ y fue puesto al frente de la VI División Orgánica, que aumentó en tamaño hasta convertirse en el 6.º Cuerpo de Ejército. Desde este puesto organizó nuevas unidades para el Ejército sublevado, especialmente en la Campaña del Norte. Durante la ofensiva de Vizcaya, en la primavera de 1937, López-Pinto tuvo el mando oficial de las tropas como jefe de la VI División, aunque el mando real de las tropas estaba en manos del general Sochalga​  A partir de octubre de 1937 la VI División fue renombrada como VI Región Militar, pasando López-Pinto a estar al frente de la misma durante el resto de la contienda.

[25] El Navarra, ex República —1931 a 1938— y que fuera llamado antes aún Reina Victoria Eugenia —desde su botadura hasta 1931—, fue un crucero ligero de la Armada Española, aprobado por Ley de 30 de julio de 1914 a propuesta del Ministro de Marina Augusto Miranda y Godoy, al cual se puso la quilla en grada el 31 de marzo de 1915, se botó el 21 de marzo de 1920 y se entregó a la Armada en enero de 1923. Su diseño se basaba en los cruceros británicos de la clase Tow

[26] El Almirante Cervera fue un crucero ligero líder de su clase (Cruceros clase Cervera), perteneciente a la Armada española. Llevaba el nombre del almirante español Pascual Cervera y Topete, marino que participó en la Guerra de Cuba. En julio de 1936, al inicio de la Guerra Civil, el Almirante Cervera estaba en dique seco en El Ferrol y quedó en poder de la marinería afecta a la República, lo que le impidió tomar parte en las primeras operaciones junto con sus gemelos. El día 21 fue asaltado por oficiales y marinos afectos a los alzados, lo que lo dejó en manos del bando «franquista» (El General Francisco Franco fue proclamado el 1 de octubre de 1936 jefe supremo del bando sublevado, siendo hasta esa fecha uno de los generales que dirigían el alzamiento contra del gobierno de la segunda república).

[27] El España fue el primero de una serie de tres acorazados construidos para la armada española a principios del siglo XX en la SECN (Sociedad Española de Construcciones Navales) Ferrol. Los tres recibieron el nombre genérico del cabeza de serie, por lo que se les llamó los acorazados España

[28] El Velasco (V) era un destructor de la clase Alsedo que perteneció a la Armada Española y que durante la Guerra Civil luchó con los sublevados. Fue el único destructor que al estallar la guerra civil, hallándose en reparación en Ferrol, quedó en poder de los sublevados, mediante la intervención de su comandante, el capitán de corbeta Manuel Calderón, que consiguió que la dotación acatara sus órdenes y se sumara al golpe de estado. La intervención de su marinería fue fundamental para dominar la base de Ferrol. Tomó parte en la campaña del Cantábrico desde el 12 de agosto de 1936, interviniendo en bombardeos en la costa norte republicana, en escoltas y en capturas de mercantes enemigos, en el hundimiento del submarino B-6 (19 de septiembre), en el bloqueo de Bilbao, Santander y Gijón, en la colocación de minas, en la Batalla del cabo Machichaco (15 de noviembre) y en el salvamento de la tripulación del acorazado España (30 de abril de 1937). Desde el 10 de septiembre de 1936 su jefe era el capitán de corbeta Francisco Núñez Rodríguez. En septiembre de 1937 pasó al Mediterráneo, donde participó en diversas operaciones, sobre todo de escolta y captura de mercantes. En diciembre de 1937 forma parte de una flotilla de destructores que actuará desde las Baleares sobre el litoral mediterráneo republicano.

[29] Durante la Guerra Civil Española fue el refugio de unos doscientos guardias civiles sublevados de la provincia que se adhirieron al golpe de Estado de julio de 1936, de sus familias y de numerosos civiles que quedaron atrapados en su interior. Resistieron durante nueve meses al asedio contra un contingente muy superior de soldados fieles al Gobierno de la Segunda República Española. Durante estos meses algunas personas consiguieron escapar del santuario y pasar al bando republicano hasta que finalmente el 1 de mayo de 1937, con el Santuario reducido a escombros, cae herido de muerte el capitán Santiago Cortés González. La moral decae y finalmente el Santuario es tomado por soldados de la República. El resultado final de los bombardeos sobre el Santuario fue su reducción a escombros, la pérdida de su riqueza artística y de la imagen primitiva de la Virgen de la Cabeza. Como principales causas de su destrucción cabe destacar los incesantes bombardeos del lado republicano debido a la resistencia enconada de los guardias civiles sublevados al mando del capitán Santiago Cortés González y la importancia y repercusión que la prensa de ambos bandos daba al desarrollo del asedio. Los altos mandos de la República dieron gran importancia a su conquista y posterior desalojo, más como un símbolo que como una victoria estratégica relevante para la guerra. Los hechos se llevaron al cine en 1949 con El santuario no se rinde, una de las películas que se editaron para el ensalzamiento del bando sublevado